Los sindicatos ELA, LAB y Steilas han elaborado un plan de lucha con 5 huelgas y movilizaciones en la educación pública contra las políticas del Gobierno Vasco.
Aníbal Maza Zaragoza
Viernes 8 de septiembre de 2017
Foto: ecuadoretxea.blogspot.com.es
El pasado 6 de marzo los sindicatos ELA, LAB y Steilas anunciaron un plan de movilizaciones para exigir al Gobierno Vasco que ponga fin a la dramática situación que vive el sector educativo en la comunidad. Solicitan poner punto final al empeoramiento de los recursos y condiciones laborales que sufre el sector educativo.
Las demandas que han planteado estos sindicatos se estructuran en tres líneas: mejora de los recursos materiales, de las condiciones laborales y de la situación del alumnado.
Entre las exigencias se encuentra el pedido de aumentar la inversión en educación del Gobierno Vasco, como mínimo hasta la media de la UE. Hasta que se alcance el 6% del PIB. Acompañado de un incremento de la plantilla en 2000 personas como mínimo.
También se pide la reducción de la temporalidad del personal al 6%. Actualmente la temporalidad afecta a un 38 % de los docentes, un 41% en Haurreskolas, 58% en Educación Especial y 63% en cocina y limpieza. De esta forma se estabilizarían un total de 6000 puestos de trabajo.
Un objetivo es recuperar el poder adquisitivo perdido por el personal de educación. Recordemos que en el Estado Español los salarios del personal público han perdido un 50% de su poder adquisitivo desde 1982.
El reclamo incluye cubrir obligatoriamente las sustituciones desde el primer día. Actualmente pueden pasar hasta 15 días haciendo “apaños” con el personal del centro para cubrir una baja, cuando hay millares de opositores esperando trabajar en las bolsas de trabajo.
Desde los sindicatos se solicita la retribución de las bajas íntegra desde el primer día, ya que las últimas reformas laborales de Rajoy y Zapatero hicieron que actualmente una baja de 0 a 3 días no se cobre, de 1 a 24 se cobre un 60% y de más de 24 días se cobre un 75%. Estos ataques al derecho a baja, acrecentados por algunos gobiernos autonómicos como el de Madrid, se ceban especialmente con los enfermos crónicos.
Asimismo, plantean recuperar las medidas que facilitan y acompañan a la jubilación, que fueron gravemente atacadas en las 4 últimas reformas laborales.
Por último, buscan la reducción de las ratios de alumnado por aula un 10%. Sacar la LOMCE de las aulas y derogar Heziberri, la adaptación de la LOMCE que hizo el Gobierno Vasco.
Los portavoces sindicales afirman que el Gobierno Vasco no tiene voluntad de negociar, por lo que habrá que incrementar las movilizaciones que ya arrancaron el curso anterior y que se han prolongado a lo largo de este verano en el sector de la enseñanza pública no universitaria y en el Consorcio Haurreskolak que tuvieron un gran apoyo. El Gobierno viene aplicando una política de recortes desde que comenzó la crisis, que han ido en aumento, además de engordar las prebendas de la educación concertada (que ya copaba casi un 50% del sector en el País Vasco antes de la crisis).
La Consejera de Educación del Gobierno Vasco Cristina Uriarte ha hecho una exhibición de su arbitrario poder con unas provocadoras declaraciones, algo habitual en el modus operandi de estos cargos en todas las comunidades, afirmando falsamente que los docentes vascos «tienen las mejores condiciones laborales» de su sector y que Euskadi duplica la inversión en enseñanza del resto de Estado. Esta falsedad destaca si nos guiamos por el gasto total por alumno: 9.175 euros en Euskadi, 6615 en Asturias o 6.120 en Castilla y León (en estos “gastos” obviamente se incluyen los “negocietes” con la concertada). También es falsa si observamos la ratio de alumnos por aula (más baja en Galicia, Castilla y León, Aragón o Navarra entre otras), también es mucho menor la cantidad de dinero dedicada a becas de Formación Profesional.
Tampoco destaca Euskadi en una prioridad del sector público frente a la patronal educativa, pues la realidad es que nos encontramos con que comunidades con un PIB mucho más bajo tienen un sector educativo público mucho más grande, por ejemplo Melilla, Extremadura, o Castilla la Mancha en las que el sector público supone más de un 80% del total.
Las declaraciones de la Consejera respecto a las condiciones de los trabajadores de la enseñanza también son falsas si pensamos en la carestía de la vida em Euskadi, algo que conoce sobradamente cualquier trabajador de la región. En el “gran Bilbao” el alquiler de una habitación en un piso compartido puede ascender fácilmente hasta los 350 euros, barato si lo comparamos con los astronómicos alquileres de Donostia-San Sebastián.
La agenda oculta de ataques a la enseñanza pública de la Consejería para este curso está clara desde que el pasado julio nombró a Eugenio Jiménez Ibáñez, miembro del Consejo rector de Ikastolen Elkartea (la concertada Vasca) y director de la Ikastola privada concertada de Oyón, como responsable de dirección de Centros Públicos.
El calendario de movilizaciones arrancará el próximo 15 de diciembre y se extenderá hasta el 29 de diciembre. La extensión de estas movilizaciones al conjunto del Estado Español puede ser un buen punto de partida para reavivar el combate contra el saqueo educativo que están llevando a cabo los gobiernos a costa de los trabajadores y sus hijos.
No obstante, la confluencia con las luchas estudiantiles es un primer paso ineludible para reagrupar fuerzas y sembrar el camino de una huelga general “no domesticada” por la burocracia sindical, que permita dar un vuelco a la correlación de fuerzas. Así se podrá detener la ofensiva contra la educación, los servicios públicos y el conjunto de la clase trabajadora.
Ni mucho menos ganar esos combates es el final del camino, es más bien el comienzo de la transformación radical del sector educativo para ponerlo al servicio de los trabajadores. La miseria material, personal y social que sufren día a día trabajadores, alumnos, familias y la comunidad en su conjunto, la convierten en nuestra gran asignatura pendiente.
