La empresa argentina hoy en poder de capitales brasileños dejó 85 familias en la calle. En 2023 habían crecido mucho sus ventas, pero ante la primera baja de consumo despide. El sindicato se lamenta pero no activa. Hay que prohibir los despidos. Que la crisis la paguen las grandes empresas.
Ulises Valdez @CLAVe
Jueves 29 de febrero de 2024 10:31
"Esta mañana cuando recibimos la noticia de la cesantía, la verdad que no cae nada bien. Ver a los compañeros en las puertas de la planta llorando es desgarrador. Son situaciones que superan". El que habla es Jorge Fugaracho, delegado de UTICRA (Unión Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina) en la ciudad de Aguilares. Allí queda una de las plantas más grandes de la marcha argentino-brasileña que este miércoles lanzó los primeros despidos.
Decimos los primeros por varios motivos. Primeros, porque ya durante la gestión macrista había echado 500 trabajadores y trabajadoras, aduciendo una “crisis”. Durante el gobierno de Fernández también lanzó ataques, pero sobre todo manejó sus ritmos de producción con contratos eventuales. Justamente esos trabajadores, los más precarios, son los primeros en quedar en la calle.
Las medidas de ajuste de este gobierno, y la desastrosa gestión de Fernández-Massa, han generado una caída del 35% en las ventas, según la Cámara Empresaria del Calzado. Sin embargo, las empresas vienen de ganar millones. A fines del año pasado la empresa aseguró que “hoy somos la marca argentina número 1 en calzado deportivo en volumen”. Topper cerró 2023 con un 18% de share de los 33 millones de pares que se vendieron en la categoría.
En Aguilares se concentran en el ensamblado de botines pero también fabrican otros productos de la marca que tiene como slogan “El corazón manda”. Parece que las obreras despedidas le hablaron con el corazón pero los gerentes le contestaron con el bolsillo.
El sindicato se limitó a hacer declaraciones. Fugaracho contó a los medios que “el panorama es complejo. En un momento determinado había una demanda importante y se necesitaba mano de obra. Se tomó gente por un contrato eventual. Lamentablemente hoy están cayendo los contratos por la caída de las ventas. Son 85 los compañeros que están siendo cesanteados. Todo viene de la mano del gobierno nacional de turno. La inflación nos está destruyendo los bolsillos".
Pero la cúpula sindical no reclama la reincorporación. Como en otras épocas, empiezan a naturalizar los despidos y luego terminan reclamando subsidios y ayudas a sus propias patronales, como hicieron otros años.
Tampoco el ministerio de Trabajo provincial hace nada. No parece casualidad. El gobernador Jaldo (PJ) ha sido uno de los más fervientes colaboracionistas de la gestión Milei.
Hay que prohibir los despidos, exigiendo la apertura de los “libros contables” de las empresas y medidas de fuerza a los sindicatos. Que la crisis la pague el poder económico.
