El aumento del Salario Mínimo (SMI) aprobado por el PSOE se muestra insuficiente frente al encarecimiento de la vida. Aun así, la reciente huelga y movilización de los trabajadores y trabajadoras de Telepizza demuestra que toda ley que favorezca a la clase trabajadora se hace efectiva con la lucha.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 19 de junio de 2019
Foto: EFE
Una de las medidas estrellas del PSOE mientras ostentó el Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, fue el aumento del 22% del Salario Mínimo (SMI) aprobado en aquel Consejo de Ministros celebrado en una Barcelona cerrada a cal y canto por la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra.
Una medida que no dejó indiferente a nadie. La derecha, la patronal y las asociaciones de PYME se tiraban de los pelos frente a la “bolivarización” del Estado español. Mientras Iglesias y el neorreformismo sacaban pecho orgulloso de haber arrancado “el mayor aumento del SMI en democracia”.
Esta medida, en el marco de una crisis económica que, más allá de los leves signos de estabilización actuales, viene golpeando durante más de una década a los sectores populares y a la clase trabajadora, es sin duda progresiva. Ahora bien, la realidad, como siempre, pone cada cosa en su sitio y otorga a las acciones su justa medida.
Con los datos en la mano y el aumento del coste de vida, el reguero de precariedad, empobrecimiento, despidos, desahucios y muertes que ha dejado (y sigue dejando) la crisis capitalista, el 22% de aumento se hace a todas luces insuficiente.
Ya no basta con tener (un) trabajo
Que el mercado laboral en el Estado español ha bajado sus índices de paro, es cierto. Que lo ha hecho a base de una profundización feroz de la precarización, especialmente sobre jóvenes, mujeres e inmigrantes, es aún más cierto.
En 2017, según se recogen en los datos trimestrales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 28% del empleo creado en el Estado español tenía una duración igual o menor a cinco días. Con estos débiles cimientos se hace difícil construir una casa.
Según los últimos datos del precio del agua, recogidos también por el INE y que corresponden al 2016, el precio por metro cúbico no ha parado de subir en torno a un 23% y 50%, siendo el caso de Catalunya el más acentuado. Los catalanes pagaron en 2010 1,83 euros por metro cúbico, alcanzando los 2,70 euros en 2,16 euros.
La luz no se queda atrás y durante las primeras semanas de este mismo 2019 registró un aumento del 40% en comparación con el mismo período del pasado año. Entre subidas por su explotación, impuestos y peajes varios, la factura que cayó en las manos de los usuarios está siendo este año en torno a 11% más caro que en 2018.
Ahora bien, afortunados aquellos que puedan quejarse del precio del agua y de la luz, pues tienen un techo. El precio medio del alquiler en el Estado español ascendió 890 euros, lo que supone un aumento del 18,3% solo con respecto al 2018 según recoge un estudio del portal inmobiliario Pisos.com.
Con este batido de crisis, precariedad y encarecimiento del coste de la vida, lo que queda como resultado del “mayor aumento del salario en democracia” es una pérdida de poder adquisitivo prácticamente del 10% durante la última década, tal y como recogió el INE en su Encuesta Trimestral de Coste Laboral.
No sorprende viendo estos datos que tal y como señala el VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, presentado por Cáritas y elaborado por la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa), constate que el 14% de los asalariados están en exclusión social a pesar de contar con un trabajo.
El mismo estudio, de 597 páginas, también pone la lupa sobre el problema de la vivienda, apuntando que 2 millones de trabajadores tienen miedo, debido a sus limitaciones económicas, a perder su casa.
Lo aprobó el Consejo, se conquista en la calle
El Consejo de Ministros de Sánchez aprobó la ley pero su cumplimiento no va a depender de aquel papel firmado. De hecho la Audiencia Nacional ya dictaminó, frente a una demanda que CCOO y UGT llevaron ante los tribunales, que dentro del cálculo del SMI se debían contar pluses y complementos salariales. Este dictamen apelable, pretende limitar aún más la posibilidad de aplicación de la subida salarial.
Pero si hay un caso que demuestra que la aplicación del SMI se hará efectiva tras pelearlo es el ejemplo de los trabajadores y trabajadoras de Telepizza, que tras una primera jornada de huelga en Zaragoza, ahora se preparan nuevas movilizaciones y procesos de organización en Barcelona y Burgos entre otras.
Son estos sectores más precarios, donde la juventud, las mujeres y los inmigrantes se encuentran sobrerrepresentados, donde más se tendrá que pelear por la aplicación de la subida del SMI.
Unos sectores que la burocracia sindical de CCOO y UGT olvida, son precisamente los que se están poniendo en pie de guerra por ver en la nómina esa subida salarial. Si algo deja claro la movilización de los compañeros y compañeras de Telepizza de estos días, es que esta lucha va mucho más allá de la cadena de pizzas española.
Es el ejemplo vivo que interpela y cruza a los sectores más precarios como los Riders o Las Kellys. O también las limpiadoras del hogar (que ya tuvieron que pelear por que el aumento fuera del 22% y no del 19% como quería en un inicio el Ejecutivo de Sánchez) o servicios de limpieza, esta demanda mínima, que es que se cumpla la ley, solo se va a poder conseguir organizándose y luchando.
