Política. Una tregua sin anuncios

El gobierno nacional ensayó este jueves una suerte de “agenda social”. Los anuncios del mediodía, hechos por el titular de la ANSES, buscaron mostrar una (falsa) preocupación por jubilados, pensionados y por quienes perciben la AUH.

Pero mientras el gran capital sigue recibiendo beneficios a diestra y siniestra, las subas anunciadas en materia social son realmente irrisorias. Muy insuficientes para las millones de personas que cobran la AUH y las jubilaciones frente al fuerte proceso inflacionario.

Por la tarde, los “protagonistas” fueron los dirigentes del “movimiento obrero organizado”, presentes en la Casa Rosada por primera vez desde el 10 de diciembre. Allí no hubo anuncios concretos. Pero Moyano, Caló, Barrionuevo y otros se fueron conformes. Tal vez el hecho de que se haya hablado de los $26mil millones que deberían recibir las obras sociales fue motivo suficiente.

Macri busca así avanzar en pavimentar el camino del ajuste. El acuerdo con la burocracia sindical para garantizar una tregua en el período de paritarias es una punta de lanza de esa política.

Detrás de cámara

Las sonrisas y los discursos conciliadores de este jueves no son fortuitos. El gobierno de Macri juega sus bazas sobre una relación de fuerzas doblemente determinada. Por un lado, la que dejó un triunfo por pocos puntos en el balotaje, bajo un discurso vacío donde se prometió que “no habría ajuste”.

Por otro lado, el poder social de la clase trabajadora -a pesar de su fragmentación interna- configura un condicionante de toda política estatal. De allí que la negociación del gobierno con la burocracia sindical tenga un enorme condimento político en pos de garantizar el ajuste.

Quienes asistieron ayer a Casa Rosada son, vale señalarlo, dirigentes de sectores centrales en la producción económica del país. Gremios que concentran a trabajadores de sectores estratégicos como transporte, metalmecánicos y UOCRA, entre otros. Garantizar la colaboración de esas burocracias es una necesidad central para el macrismo.

La reunión entre el gobierno y los dirigentes sindicales en Casa Rosada no dejó anuncios concretos. Solo un “plan de trabajo” que debería culminar en la elevación del mínimo no imponible piso del Impuesto a las Ganancias aplicado sobre el salario, modificación que afectaría alrededor de un millón de trabajadores, un porcentaje cercano al 10% del total de la clase trabajadora.

Pero incluso este “logro” de la burocracia ni siquiera tiene fecha. Dependerá de las negociaciones que el gobierno encare en el Congreso recién en marzo. Mientras tanto, ya se anuncia que hoy viernes podrían eliminarse las retenciones a la actividad minera. No es el único ejemplo. La baja de las retenciones, los tarifazos y la devaluación se realizaron a pocos días de asumir, con el Congreso cerrado y mediante la apelación a decretos. Como queda a la vista, los tiempos para los intereses patronales son sideralmente más veloces que para el resto de la población.

Mientras el cambio en Ganancias permitiría a un sector menor sostener parcialmente sus ingresos frente a la inflación y los tarifazos, esto sería a costa de garantizar que los acuerdos salariales del resto no superen los porcentajes que el gobierno exige. Así millones de asalariados no contemplados por el impuesto, perderían en su poder adquisitivo. Ni que decir de los millones que sufren la precarización laboral y el trabajo en negro, sin siquiera ser parte de las negociaciones paritarias.

Esas condiciones de precarización laboral y fragmentación no nacieron el 10 de diciembre pasado, sino que son parte de la “herencia” kirchnerista, cuyo modelo de “inclusión social” dejó a una franja -cercana al tercio de los trabajadores- “excluida” de la formalidad laboral.

Esa fragmentación no es ajena tampoco a la responsabilidad de la burocracia sindical. La misma fue garante de la firma de convenios a la baja, con cláusulas que permitían mayor polivalencia y mayores ritmos de trabajo. La tercerización creció y se desarrolló de la mano de esos convenios. Hoy las conducciones sindicales continúan esa labor ya realizada bajo el kirchnerismo.

La tregua y la resistencia

Cual si fuera la imagen en un espejo, la tregua que ratificó ayer en Casa Rosada la burocracia sindical, aparece como opuesta a la resistencia que llevan adelante diversos sectores de la clase obrera frente a los despidos y la caída de su nivel salarial.

Sectores de trabajadores en todo el país enfrentan los ajustes que llevan adelante los gobiernos de todo signo político. Desde las provincias gobernadas directamente por Cambiemos y la UCR, hasta aquellas gobernadas por el kirchnerismo como Santa Cruz y Tierra del Fuego, pasando por las que gestiona cierto peronismo no kirchnerista como Córdoba o San Luis.

La izquierda, agrupada esencialmente en el Frente de Izquierda, ha venido señalando la necesidad de avanzar en organizar esa resistencia. Eso implica la exigencia de un plan de lucha y que estas burocracias terminen con la tregua y el pacto con Macri y las grandes patronales. Exigir e imponer un plan de lucha por las demandas de todos los trabajadores.