DISCIPLINAMIENTO K. Una vez más, el Gobierno aborta el debate

Como si el Congreso fuera un ente abstracto, Juliana Di Tullio expresó: “La Presidenta no me pidió debatir sobre el aborto, pero el Congreso por sí mismo puede hacerlo.” De esta manera, la jefa del bloque oficialista se lavó las manos de toda responsabilidad sobre el tratamiento de la ley que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto presenta desde hace una década –que, inclusive, lleva la firma de la diputada Di Tullio- y persiste sin ser debatida.

Por reglamento, el proyecto tiene que obtener dictamen en tres comisiones para llegar a debatirse en el recinto. Pero lo que oculta Di Tullio es que si el Congreso no lo debate es, entre otras cosas, porque el kirchnerismo impidió que hubiera quórum en las dos oportunidades –en diez años- en que llegó a tratarse en la primera de esas comisiones reglamentarias, que es la de Legislación Penal. En ambas oportunidades, la Presidenta llamó a sus diputados y diputadas y exigió que no se presentaran, o bien, se retiraran. La primera vez, en noviembre de 2011, la única kirchnerista que asistió a la reunión de Comisión fue Diana Conti. Allí expresó –como consta en la versión taquigráfica-: “Es verdad también que éste no es un debate que esté en la agenda del Poder Ejecutivo nacional. Tenemos un Poder Ejecutivo fuerte: cuando quiere poner un tema en la agenda envía su propio proyecto, y no es éste el caso. Pero quienes formamos parte del bloque oficialista en el Congreso Nacional tenemos posturas diferentes sobre este tema, que es controversial para nosotros mismos.”

La segunda oportunidad, en noviembre de 2014, la Comisión se reunión con su presidenta Patricia Bullrich y su vicepresidenta, Diana Conti. Entre ambas habían convenido hacer una maniobra para evitar que se contabilizara el quórum, como lo denunció el diputado Nicolás del Caño y también lo hicimos en La Izquierda Diario. Según los cálculos de la presidencia, no había quórum. Según los que pudimos realizar nosotros, sólo hacía falta la presencia de un solo diputado más de la Comisión para que pudiera salir un dictamen. Ese diputado que faltaba era Remo Carlotto, del Frente para la Victoria. De haber asistido, hubiera salido un dictamen favorable para el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

¿Consejos o aprietes?

Como ya señalamos en La Izquierda Diario, el ministro de Salud planteó implementar consejerías, como se hizo en Uruguay, argumentando que allí habían resultado exitosas porque casi un 30% de las mujeres que asistieron con la decisión de abortar, no lo hicieron. A confesión de parte... Es evidente que, entonces, las consejerías no intentan acompañar a la mujer en su decisión de interrumpir un embarazo voluntariamente, sugiriendo los métodos que más se adecuan a su situación e informando cómo prevenir futuros embarazos. Más bien, se trata de verdaderos “aprietes” a los que deben someterse mujeres que, en muchos casos, se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad.

La diputada kirchnerista Mara Brawer anunció que está trabajando en un proyecto de ley para incorporar las consejerías al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Un programa que ni siquiera cumple con su propósito actual que es el de distribuir anticonceptivos a todos los hospitales y centros de salud del país, para que sean de acceso gratuito a todas las personas que los solicitaren.

La hipocresía del oficialismo es mayúscula: también desde 2006 existe la Ley de Educación Sexual Integral que impone la obligatoriedad en todos los establecimientos de enseñanza pública y, sin embargo, aún la decisión de la transmisión de los contenidos queda al arbitrio de las autoridades provinciales, locales o de los mismos establecimientos.

¿Acaso no existe también un fallo de la Corte Suprema que sugiere la elaboración de un protocolo de atención de abortos no punibles y expresamente indica que los casos de abortos terapéuticos no deben ser judicializados? Sin embargo, no sólo las provincias gobernadas por la oposición de derecha, sino muchas provincias donde gobierna el oficialismo, se niegan a practicar los abortos no punibles que establece el Código Penal–a los que tiene acceso una mujer que ha sido violada o cuando corren riesgo su vida o su salud en caso de proseguir con el embarazo-.

Mientras tanto, organizaciones ligadas a la Iglesia y grupos fundamentalistas, se empeñan en llevar a juicio cada vez que se conoce el caso de una solicitud de aborto no punible en algún hospital, donde muchas veces los propios directivos se oponen a su realización.

Y en el oficialismo, ni siquiera los sectores más progresistas y proclives a legalizar el aborto han sido capaces de desobedecer este mandato sacrosanto de su jefa política. Ahora no sólo soportan estoicamente la decisión de Cristina de no legislar a favor de la vida de millones de mujeres, sino que además, aceptan sin miramientos que ni siquiera pueda debatirse.

Obediencia debida con nuestras vidas

Como señaló el diputado Nicolás del Caño, “es vergonzoso que el kirchnerismo no titubee ni un segundo para votar en bloque las leyes de inteligencia, de entrega del petróleo, o que acepte sin vacilaciones la intromisión del Vaticano en la redacción del nuevo Código Civil, pero se escude en la ‘libertad de conciencia’ cuando se trata de impedir que sigan muriendo las mujeres más pobres por algo absolutamente evitable”.

Mientras en el Congreso, el kirchnerismo impide el debate –en alianza con el PRO-, las mujeres más pobres siguen muriendo por abortos clandestinos. Ellas son las innombrables. De las que Cristina Kirchner nunca hablará, aunque sus discursos se extiendan por más de cuatro horas.