Antes del estallido, el psiquiatra Alberto Larraín decía que “los chilenos no somos flojos, estamos reventados”, esto a propósito del debate respecto a las jornadas laborales en el país y la salud mental de las y los trabajadores. Hoy, la situación parece ser más catastrófica para quienes viven con un salario, para aquellos que lo perdieron por el desempleo y para quienes no encuentran un trabajo para solventar las necesidades de sus familias. A dos años de la rebelión popular, la lucha por un salario acorde a las reales necesidades de vida, para trabajar menos y tener más tiempo para nuestras familias, está más vigente que nunca.
Lunes 25 de octubre de 2021
La pandemia agudizó las contradicciones de la sociedad capitalista. En Chile, la pobreza aumentó de 8,6% a 10,8%, según datos de la última encuesta Casen. Hay 2,1 millones de pobres, de los cuales 831.000 se encuentran en extrema pobreza, un retroceso de por lo menos cinco años. En la región de Antofagasta, en 2017 había 30.057 personas pobres, pasando en 2020 a 64.810 habitantes en la pobreza, es decir, duplicándose, y en el caso del aumento de personas en "extrema pobreza", la cifra casi se triplicó, pasando de 9.390 a 25.738 personas.
A lo anterior se suman los dos millones de empleos que se perdieron en el 2020- de los cuales se ha recuperado la mitad-, y el aumento de la precarización laboral. Pero de esto poco y nada se dice y, a dos años de la rebelión popular, esta realidad ha empeorado. El sueldo mínimo en Chile es de $337 mil. Según Fundación Sol, el 2020, el 50% de los trabajadores chilenos ganó menos de $420 mil y 7 de cada 10 trabajadores ganó menos de $635 mil líquidos. El 70% de los hogares se encuentra endeudado. Es por ello que la necesidad de un salario mínimo superior al existente se vuelve una necesidad de amplias franjas de la población.
El IPC (Ïndice de Precio del Consumidor) ya suma un acumulado de 5,3% en los últimos meses: Un nuevo chantaje para descargar sobre la población trabajadora y popular los costos de la crisis que generan los capitalistas.
Inflación en el mundo: ¿Quiénes la provocan
Lo primero que se omite es que el aumento de la inflación se trata de un fenómeno internacional del cual Chile es parte. Se ve en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
No olvidemos que cuando China superó lo peor de la pandemia, en la primera parte del año pasado, inició una rápida restauración de los stocks, entre ellos, los productos agropecuarios, lo que derivó en un fuerte aumento de los precios de esos bienes, que impactó en los precios de los alimentos en todo el mundo, como señaló la FAO.
A esto se suman los problemas de la cadena global de suministros, materias primas, máquinas y herramientas, con escasez de insumos y de logística internacional, a lo que se agregan las demoras en las cadenas de producción globales e incrementos de precios de origen de manera significativa. Este contexto externo ha presionado la suba de costos, que las empresas están trasladando a los precios del consumidor.
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Por último, en América Latina, a finales del 2020, la cantidad de pobres ascendía a 209 millones, y se espera que los ingresos de la población económicamente activa disminuyan en un 5%, según la CEPAL. En contraste, los grandes empresarios de la producción de alimentos a nivel internacional aumentaron sus ganancias, por ejemplo: Mondelēz International registró a nivel global una ganancia neta de 3.555 millones de dólares en 2020. El gigante de bebidas y alimentación PepsiCo obtuvo un beneficio neto a nivel global en 2020 de 7.120 millones de dólares y Nestlé, otra de las grandes empresas del rubro, registró beneficios netos en el mundo por 12.232 millones de francos suizos (unos 13.642 millones de dólares).
Por otra parte, hay un fenómeno local que esconden. Las empresas en manos de las 10 grandes familias dueñas del país han retirado este año prácticamente el 100% de las utilidades, y son más de 20 mil millones de dólares si tomamos las 500 grandes empresas. Todo este dinero, que no va a la inversión, se fuga al extranjero, a las cuentas en dólares que manejan y en sus sociedades off shore en decenas de paraísos fiscales, devaluando las monedas locales frente al dólar. Por ejemplo, las AFP cerraron septiembre con el 54% de sus inversiones en activos fuera del país, además de marcar su máximo histórico y séptimo mes consecutivo de avance, sin olvidar que se trata de los ahorros de millones de trabajadores.
Con este discurso aprovechan de cerrar el paso a la posibilidad de aumentar el sueldo mínimo acorde a la canasta familiar. ¿Cómo conseguirlo? ¿Qué pasará con las pymes? ¿Pueden pagar las empresas ese salario?
Enfrentemos el chantaje empresarial: Por un sueldo de $600 mil y reducción de la jornada laboral para combatir el desempleo
Varios estudios demuestran que, en los últimos años de los ingresos generados por las empresas, casi el 80% de ellos va a las grandes y otro 10% a las medianas. Las 500 mayores empresas del país en plena pandemia (2020) registraron ingresos por US$390.800 millones.
Las micro-empresas, con las cuales muchos partidos del régimen se llenan la boca, según un estudio del año 2017, tuvieron ventas que alcanzaron solo el 3,6% de las ventas de las empresas, pues el 80% va a las grandes. Son los llamados “emprendimientos” y son más de 2 millones de personas a nivel nacional, según el INE (Encuesta de Microemprendimiento (EME) 2019, y el 85% de ellos corresponde a personas que trabajan por cuenta propia, vendedores ambulantes y gente que se ve obligada a comerciar porque no encuentra trabajo estable y se ve empujada al desempleo. A esos sectores no solo los aplasta la gran empresa, sino también la banca privada, ahogándolos con créditos y tasas de interés usureras, deudas impagables, con hipotecas y otras obligaciones que los atan casi de por vida.
Es importante tener en cuenta que muchas grandes empresas, transnacionales y nacionales se hacen pasar por Pymes para evadir impuestos, burlar leyes laborales como pago de gratificaciones a trabajadores, incluso, impedir la formación de sindicatos. Se hace con el Multirut como quedó demostrado en el juicio que hace unos años ganaron trabajadores del Ferrocarril (FCAB) contra el Grupo Luksic en Antofagasta, demostrando que todas las empresas pertenecían al mismo dueño; o como este año demostraron las trabajadoras del Sindicato de la Operadora Siglo XXI en el Hospital Regional, porque la concesionaria Sacyr se hacía pasar por una Pyme que decía estar “en números rojos” para no aumentar el sueldo a sus trabajadoras, pero se trata de una gran multinacional multi millonaria.
Por eso, la demanda de sueldo mínimo de $600.000 debe ir acompañada de medidas como su reajuste en base al IPC; control de precios, mediante comités de trabajadores y consumidores, que permita combatir a los monopolios y su constante política de colusión; el fin del Multirut; o la apertura de los libros de contabilidad, para saber realmente la composición de esas empresas y para terminar con el enorme fraude que hacen, entre otras. Son los sindicatos y comités de trabajadores los que podrían permitir saber a ciencia cierta cuántos recursos tiene una empresa.
Con toda esa información sobre la mesa se puede discutir concretamente cómo mejorar los salarios e, incluso, cuántas horas son necesarias trabajar para lograr la producción necesaria. ¿Por qué se debe dejar la vida en el trabajo? Se sabe que Chile es uno de los países de la OCDE donde más horas se trabaja, generando un daño importante en la calidad de vida de millones de personas y manteniendo a cientos de miles sin empleo. Si se rebajara la jornada laboral a 30 horas semanales, seis horas diarias y cinco días a la semana, repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, podríamos también responder al grave problema del desempleo.
Por tanto, para que la población tenga mejores condiciones de vida, hay que afectar las ganancias de los grandes empresarios y tomar medidas de fondo, como la nacionalización de los recursos naturales, bajo gestión de trabajadores y comunidades, para utilizar las riquezas en función de las necesidades sociales de la población; o la estatización de empresas estratégicas- como de energía, puertos, telecomunicaciones- y del ahorro, como la banca. De esta forma, podría haber un verdadero control del comercio exterior y se podrían hacer planes de distribución, de compras favorables de insumos para venderlos a precio costo, garantizar créditos baratos para los pequeños comerciantes y familias, etc.
Tenemos que enfrentar el chantaje de los capitalistas. No podemos permitir que sea la clase obrera, en Chile y el mundo, la que pague los costos de la crisis, mientras los ricos se hacen más ricos. Son las y los trabajadores los únicos que pueden proponer una alternativa favorable al pueblo y un programa para responder a estas trampas. Para ello, necesitamos la más amplia unidad de todos los trabajadores frente a estos ataques. La coordinación y unidad son clave para defendernos y golpear con un solo puño. Las grandes centrales sindicales deben ponerse a disposición de esta pelea y terminar con la colaboración con las empresas y la tregua que mantienen con el Gobierno- más aún en momentos donde asienta cabeza la extrema derecha-, retomando la movilización y auto-organización, para defendernos y conquistar este programa.
En ese camino, luchamos por una alternativa de las y los trabajadores, del pueblo, que enfrente a los capitalistas y el saqueo, que ponga por delante las necesidades de las grandes mayorías y plantee un camino distinto al “malmenorismo” de la ex Concertación o del reformismo de Boric y el Frente Amplio, que no solo salvaron a Piñera en su peor momento, sino que mantuvieron una tregua criminal ante los cientos de miles de despidos y el aumento de la pobreza e, incluso, le votaron leyes represivas al Gobierno y precarizadoras, como la ley de suspensiones, al igual que el Partido Comunista.
Nuestras candidaturas obreras- como la del trabajador industrial, Lester Calderón-, de mujeres y juventud, se proponen ese camino: transformar a la clase trabajadora en sujeto político, con un programa independiente a la clase capitalista.
