La Constitución cumple 41 en medio de una crisis de régimen que no cierra. Unidas Podemos hace gala de su nuevo perfil constitucionalista y monárquico.

Santiago Lupe @SantiagoLupeBCN
Viernes 6 de diciembre de 2019
Felipe VI y Pablo Iglesias. Foto de archivo
Lo que se celebra hoy en el Congreso son los 41 años del “compromiso histórico” alcanzado entre los restos de la Dictadura franquista, la Monarquía, las direcciones obreras reformistas -en especial el PCE, el PSOE y las cúpulas de CCOO y UGT- y las direcciones políticas del catalanismo conservador. 41 años desde que "echaron el candado".
Se lograba la aprobación de la Constitución del 78, un texto todavía presidido por el “aguilucho” de la Dictadura y que consagró en Ley Suprema el “atado y bien atado” que en su día entonara Franco en su crepúsculo.
Unidas Podemos participa de los actos desde su renovado constitucionalismo. Su salto en la integración en el régimen se escenifica en estos días con sus recientes declaraciones de apoyo a la Monarquía o en su renuncia hasta la más mínima reforma constitucional.
El año pasado, en el 40 aniversario, Pablo Iglesias planteó una reforma constitucional de agenda acotada. Ya se le había pasado aquello de acabar con los candados o defender un proceso constituyente. Hoy la "rebaja" es aún mayor. El líder de Podemos y posible vicepresidente de un gobierno de coalición con el PSOE, nos dice que lo que toca es ser constitucionalista, reivindicar la Carta Magna como respuesta y defensa contra el auge de Vox.
Podemos e IU dejan claro que su voluntad de integración es total. De paso dejan vía libre a la demagogia de la extrema derecha que intentará canalizar el malestar social que sigue generando en amplios sectores una “democracia para ricos” profundamente reaccionaria.
El orden del 78, la herencia de la dictadura
La Constitución dejó asentado que la Jefatura del Estado recaería en la Casa Real, restaurado el trono en el heredero del Caudillo desde 1975. El título sobre la unidad de España, que niega toda posibilidad de ejercicio del derecho a la autodeterminación y consagra velar por ello al Ejército, fue redactado por un puñado de generales excombatientes de la Guerra civil. Otras leyes fundamentales ya habían sido aprobadas y refrendadas en Cortes, como la de Amnistía que garantizaba la impunidad de los crímenes franquistas, o la electoral que aseguraba un modelo mayoritario y no proporcional.
Así echaba a andar un nuevo régimen basado en una monarquía parlamentaria, que mantendría en la recámara un poder arbitrario como es el Rey para momentos de crisis -véase su papel el 3-O- y sobre todo una continuidad directa en el aparato judicial, policial, militar y del alto funcionariado. Franco había muerto, pero el franquismo podía estar tranquilo. Y sobre todo podían estar tranquilas la banca, las grandes empresas y fortunas. Igual que la dictadura, la naciente “democracia” iba a serlo de su clase.
La puerta de entrada de un ajuste histórico contra la clase trabajadora
El acto inaugural del nuevo régimen sería el mayor ajuste contra la clase trabajadora llevado adelante desde el final de la Guerra civil. El desempleo subió en los años siguientes por encima del 20%, a comienzos de los 80 comenzaron las contrarreformas laborales -la mayoría obra del gobierno de Felipe González- y los apartados constitucionales de derechos sociales o las promesas de desarrollo del Estado del Bienestar de los Pactos de la Moncloa se irían entregando a goteo y siempre vinculadas a que los capitalistas estuvieran haciendo grandes negocios. Por eso cuando dejaron de hacerlos, lo que se dio con la mano izquierda a lo largo de 20 años, se quitó con la derecha y de una sola tacada por Zapatero y Rajoy de 2010 en adelante.
El 6 de diciembre de 1978 culminó en gran medida el intento de evitar que la caída de la Dictadura, que no concluyó el 20 de noviembre de 1975, se produjera por la vía de la movilización obrera y popular que se desató con inusitada fuerza desde enero de 1976. Las direcciones reformistas trabajaron para bloquear y boicotear toda dinámica en ese sentido, erigiéndose como enemigas de la autoorganización y hasta de cualquier movilización que “desestabilizase”, en especial a partir de 1977. Si esto sucedía no solo se podría haber llevado adelante el programa de “ruptura democrática”, sino también imponer un programa para resolver los grandes problemas sociales sobre los privilegios de los capitalistas.
La integración en el Régimen heredero de la dictadura de las direcciones antifranquistas
Por su parte el Franquismo y la Monarquía, por medio de su hombre, Adolfo Suárez, aceptaron integrar a la mesa a los líderes de la oposición. Muchos de ellos acabarían en menos de una década engrosando las filas de la “beautiful people” de la época de González, otros en retiros laureados y dorados como Santiago Carrillo. Al mismo tiempo aceptaron someter a elecciones y plebiscito su reforma de la “ley a la ley”. Eso sí, siempre contando con que ganaban, ya fuera con la ayuda de los grises, TVE, la ley electoral, el ruido de sables o los petrodólares saudíes para la campaña de la UCD.
Nacía así el llamado consenso del 78. Un consenso edificado sobre la traición y el desvío de la lucha de miles de obreros, estudiantes, mujeres y militantes del antifranquismo. Y también sobre el desempleo de masas, la reconversión industrial que arruinó regiones enteras, sobre la plaga de la heroína en la juventud, sobre la represión estatal a todo el que se salía del consenso, montajes policiales como el caso Scala en Barcelona, terrorismo de Estado contra la izquierda abertzale y el mantenimiento de la tortura y los malos tratos. Sobre la negación del derecho de autodeterminación, la inviolabilidad del rey y la impunidad absoluta de los crímenes de la dictadura.
Un consenso que más bien se asemejaba al concepto de la "pax romana", y que, definitivamente, se dio por muerto hace ya casi una década. Con la eclosión de la crisis capitalista se comenzó a gestar una profunda crisis de régimen que sigue completamente vigente.
La crisis del Régimen del 78 sigue abierta
El 15M y la crisis de representación del “no nos representan”, fue su primera gran manifestación, el movimiento democrático catalán y el 1-O el momento más crítico, que hemos visto resurgir este otoño. La ingobernabilidad de 2018 y la previsible inestabilidad del posible gobierno que salga en las próximas semanas es parte de ella también. En ese marco de "barco haciendo aguas" se ha querido conmemorar un año más la efeméride en el Congreso.
Propuestas de salida para esta crisis las ha habido para todos los gustos. Primero Felipe VI, junto al bloque monárquico y la Judicatura, propusieron la receta 155: aprovechar la ocasión que presentaba la represión al movimiento catalán para redefinir en clave represiva y centralizadora el Régimen del 78. Se las prometían felices y exitosos, con miles de balcones engalanados de rojo y gualda para bendecir la operación.
El PSOE y Unidos Podemos propusieron, aprovechando la sentencia de la Gürtel, una regeneración con barniz “progre”, el proyecto de la moción de censura. Pero este fracasó y se está tratando de recomponer después de un año de paréntesis con el proyecto del gobierno de coalición
Un proyecto que ya han aclarado mantendrá en lo fundamental los grandes pilares del 78. No se desandará lo andado con la receta anterior de la que fue parte el PSOE, ni en materia de ajustes y contrarreformas, ni en el giro recentralizador y autoritario como hemos visto recientemente con la aprobación, con la abstención de Unidas Podemos, del 155 digital.
Este es el proyecto "progresista" que quieren vendernos Iglesias y Sánchez. Un proyecto que no tiene nada que ofrecer a la clase trabajadora, la juventud o las reivindicaciones democráticas de los pueblos del Estado español.
Construir una alternativa anticapitalista y de clase contra el régimen
A las puertas de una nueva recesión económica y en el marco de una nueva oleada de la lucha de clases internacional, que ha vuelto a prender la llama de la lucha obrera y popular desde Hong Kong al Líbano, pasando por Irak y Egipto, hasta Chile, Bolivia, Colombia y ahora, nuevamente, Francia, la necesidad de construir una izquierda revolucionaria, anticapitalista y opuesta a este régimen decadente es ahora más urgente que nunca.
Frente a la bancarrota del neorreformismo, lo que toca es construir una alternativa anticapitalista y de clase, que luche por la apertura de procesos constituyentes libres y soberanos sobre las ruinas del régimen monárquico, que siga el ejemplo de la clase trabajadora, los chalecos amarillos, las mujeres y la juventud que hoy paraliza Francia para que la crisis la paguen los capitalistas.

Santiago Lupe
Nació en Zaragoza, Estado español, en 1983. Es director de la edición española de Izquierda Diario. Historiador especializado en la guerra civil española, el franquismo y la Transición. Actualmente reside en Barcelona y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.