PRESUPUESTOS GENERALES. Unidas podemos, ERC y EH BILDU retiran la enmienda de prohibición de los desahucios de los presupuestos para 2021

Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han decidido retirar este martes la enmienda parcial a los presupuestos que exigía el final de los desahucios y los cortes de los suministros básicos en los hogares vulnerables hasta al menos el 31 de diciembre de 2022. De este modo, el PSOE y Unidas Podemos evitan que esa propuesta acabe llegando al Pleno del Congreso de los Diputados -último paso antes de la aprobación definitiva de los Presupuestos para 2021- y pueden presentar el éxito y la “estabilidad” de las nuevas cuentas se pretenderá ofrecer.

En efecto, los presupuestos para 2021, junto a los fondos europeos, la vacuna contra la covid-19, y el rebote de la economía esperada -superior al 9% para 2021 según Nadia Calviño (aunque el FMI lo cifra en un modesto 5%)-, son las bases sobre las que PSOE y UP buscan asentar políticamente al Gobierno de coalición.

La iniciativa de la enmienda tripartita apoyada por Unidas Podemos semanas atrás generó un fuerte rechazo y levantó ampollas en el seno del PSOE por la actitud de los socios de gobierno, ya que podía erosionar la imagen del PSOE por su falta de “sensibilidad social” ante temas que generan una fuerte indignación social desde la crisis de 2008. Aunque la realidad se muestra muy testaruda y señala con 1.383 desahucios de familias vulnerables, entre el 4 y el 30 de junio de este año, y 443 lanzamientos producidos entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre solo en Barcelona, que en este Gobierno “progresista”, ni unos ni otros de sus componentes, han sido capaces de parar siquiera la sangría social de los desahucios en plena pandemia, tal y como anunciaron a bombo y platillo en marzo.

La enmienda de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, no obstante, tuvo poco recorrido parlamentario después de que Pablo Iglesias aceptara implícitamente, poco después de la presentación el 17 de noviembre, la posición del PSOE de abordar la cuestión de los desahucios por una vía más limitada y de urgencia a través de un decreto ley. Un decreto que impulsará el Ministerio de Fomento y que llevará al Consejo de Ministros en un plazo muy breve se supone y, en cualquier caso, antes de que acabe el año 2020.

Con la retirada de la propuesta Unidas Podemos ha aceptado un profundo recorte respecto de las exigencias que se establecían en la enmienda a los Presupuestos. Porque tal y como señaló el propio representante de UP, Jaume Asens, en la rueda de prensa de la presentación de la enmienda, la idea era “expandir” e “ir más allá” de la moratoria aprobada ya en marzo cuando se declaró el estado de alarma, incorporando la prohibición de los desahucios a todas las personas vulnerables más allá de si su situación se debía directamente a las secuelas de la covid-19 o a situaciones preexistentes. Como dijo entonces la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, hasta al menos el 31 de diciembre de 2022, mientras recordaba la siniestra cifra de los 54.006 desahucios producidos en 2019.

Al finalizar dicha rueda de prensa Jaume Asens hizo un llamamiento a qué en la negociación de las enmiendas parciales con el PSOE se pudiera alcanzar el acuerdo de incluirla enmienda finalmente en los Presupuestos aprobados. Pero al final no solo no ha sido así, sino que esta enmienda ha sido retirada por los tres partidos que la impulsaron, confiando en que el cumplimiento de la enmienda se plasmará en un real decreto.

Unidas Podemos dende la fórmula del real decreto ley diciendo que permitirá una mayor rapidez en su entrada en vigor, mientras que en el caso presupuestario habría que esperar al menos hasta enero. Algo irrelevante dado que estamos hablando de una diferencia de quince días como mucho, si se cumplen los plazos establecidos para el decreto ley. Esquerra y Bildu han comprado el argumento de la posibilidad de alcanzar el acuerdo en el seno del Gobierno y han aceptado la retirada de la enmienda sin presionar más de lo necesario.

Acuerdo rebajado entre PSOE y Unidas Podemos

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha confirmado que su departamento está trabajando en un decreto ley para ampliar la vigente moratoria de desahucios que ahora mismo llegaría tan solo hasta el 31 de enero, mientras que la prohibición del corte de suministros ya decayó junto con el llamado escudo social a finales de septiembre. La idea según el ministro sería llevar el plazo de la moratoria de los desahucios hasta marzo e implicar a los ayuntamientos y las comunidades para que puedan intervenir lo servicios sociales de esas instituciones certificando la existencia de la vulnerabilidad social, sacando de la mano exclusiva de los jueces esas decisiones. Aunque lo cierto es que muchos jueces con informes de vulnerabilidad encima sus mesas y sin alternativa habitacional no han tenido reparos en seguir desahuciando a familias enteras con niños, ancianos o personas con discapacidad que se han visto arrojadas a la calle por la fuerza y sin contemplaciones.

Las conversaciones para neutralizar la enmienda tripartita comenzaron el jueves pasado con una reunión entre el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la número dos de Pablo Iglesias, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra. Las dos partes mostraron satisfacción hasta el punto que el propio Pablo Iglesias anunció que el decreto no tardaría más de dos semanas en publicarse. Veremos si se cumple este cronograma tan apretado. Pero, Ábalos ya ha marcado la primera rebaja, bastante transcendente, puesto que pretende reducir el período de la moratoria hasta solamente el final del estado de alarma, o lo que es lo mismo hasta el próximo 9 de mayo. Mientras que respecto al tema de los cortes de suministros se ha abierto otra negociación en paralelo del equipo de Iglesias con la vicepresidenta para la Transición Ecológica de cara a la prohibición de los cortes de suministros básicos a las familias.

En definitiva, toda la pelea política de Unidas Podemos con el PSOE ha girado en torno a reeditar, con algunas ampliaciones en tiempo y sector social beneficiado, un pequeño escudo social que proteja a los sectores más vulnerables de la sociedad con respecto al problema de la vivienda. Pero siempre estableciendo condiciones, unos y otros, que impiden una resolución real y definitiva a problemas sociales tan básicos como los desahucios o los cortes de suministros para las personas en exclusión social.

En ningún caso, ni en la enmienda tripartita ni en el decreto ley, se abordará la cuestión de fondo que pasa por la prohibición de los desahucios y los cortes de suministros a las personas vulnerables en todo tiempo y lugar y de manera permanente. Una solución que pasa por garantizar la existencia de un parque de vivienda púbica digna y suficiente para alquilar, en función de las posibilidades económicas de la clase trabajadora y las clases populares, asegurando el acceso a la vivienda de los jóvenes, las mujeres y los sectores más vulnerables.

Para lograr que esta medida pueda ser efectiva hay que atacar la especulación inmobiliaria y los intereses de los grandes tenedores de vivienda, fondos buitre y entidades financieras fundamentalmente, expropiando las propiedades inmobiliarias sin indemnización y bajo control de los trabajadores y los usuarios, así como las empresas de energía y suministros básicos. Este programa está muy lejos del posibilismo de Unidas Podemos; hay que imponerlo con la lucha de clases.