La crisis del narcotráfico puso a la provincia en el foco de la escena política nacional. Como no podía ser de otra manera tanto desde el oficialismo como desde el peronismo y afines aprovechan la ocasión para proyectarse en el país y ganarse el apoyo de las y los santafesinos.
Sábado 30 de marzo de 2024 16:55
La crisis abierta luego del asesinato de 4 trabajadores (dos taxistas, un colectivero y un playero) a manos de sicarios narcos está lejos de resolverse. Muchos debates se abrieron en torno a preguntas de base: cuándo, por qué y cómo abordar el problema del narcotráfico. Sin embargo, Pullaro y el gobierno de Milei a través de las carteras de Seguridad, dirigida por Patricia Bullrich y de Defensa, comandada por Petri, volvieron sobre la misma receta de siempre: militarizar la ciudad de Rosario con fuerzas federales. Atrás quedaron los días en los que Milei decía, durante la campaña, la famosa frase de Einstein “si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”. Si es hasta la misma ministra.
Otra cosa que no cambia son los intentos de la política para aprovechar la crisis de la que son responsables para endurecer el aparato represivo del Estado en una región en la que la crisis ya está provocando conflictos, huelgas y luchas, como comienza a verse en Acindar de Villa Constitución. Esa dinámica no hará más que crecer. Más que el control de los grupos narcos, con los que negocian y a los que amparan desde el Estado, se piensa en la hipótesis del conflicto social en un cordón estratégico que va desde Villa Constitución hasta el Puerto General San Martín, que concentra siderurgia, agroindustria y, sobre todo, los principales puertos cerealeros. La "serpiente roja" contra la que se hablaba en los 70, puede volver a ser una amenaza y el Estado se prepara y se arma para ello. Su capacidad represiva se preserva y se potencia en épocas de crisis. Lo demás es circo.
El martes se aprobó en la legislatura de Santa Fe (por unanimidad en el Senado y con mayoría en diputados) una (contra) reforma del Código Procesal Penal de la provincia que da mayor autonomía y potestad a la policía para investigar en causas y hasta amplía las posibilidades de allanamientos sin orden judicial. Esto se suma a los indultos que prepara Pullaro para efectivos condenados y la vuelta de aquellos que hayan sido exonerados. Toda una serie de medidas que fortalecen a una fuerza altamente cuestionada por su rol dentro del narcotráfico.
Todos con todos
En este tole tole de la política entraron todos. Y cuando decimos todos es todos menos la izquierda, claro. El hecho es que inmediatamente después de los impactantes asesinatos a trabajadores a manos de las bandas narcos que dejaron prácticamente paralizada la ciudad, el gobierno de Pullaro se reunió con el intendente de Rosario, Javkin, y con Bullrich y Petri. Anunciaron un plan que más que plan es un show donde empezaron a circular más policías y patrulleros.
La novedad vino de parte de Kicillof. El peronista bonaerense brindó apoyo logístico y se comprometió a sumar su volquete de arena en la militarización de la ciudad de Rosario de la mano de la nefasta policía bonaerense. Militarización que por cierto ni siquiera es considerada como la solución por buena parte de la sociedad santafesina.
El reflejo de ampliar la respuesta represiva desde el Estado por parte de Kicillof no debería sorprender: la mayor parte de los desembarcos de fuerzas federales se realizaron bajo los gobiernos kirchneristas de la mano de Berni, entre otros. Pero el que se suma a esta comparsa securitista es Juan Monteverde, que esperó amablemente a que Pullaro termine para que le llegue su turno de sacarse la foto con el gobernador bonaerense.
Ahora bien, ¿qué hay detrás de la foto? ¿Qué política se esconde? No es solamente el show de patrulleros, helicópteros y lanchas. Se esconde una política de fortalecimiento del conjunto del aparato represivo. Lo que tienen las crisis de estas características es que rápidamente los partidos tradicionales, es decir el peronismo, el macrismo, los radicales y liberales, aprovechan el estupor generalizado de la sociedad para endurecer la política punitiva del Estado. Pero esto de ninguna manera resuelve el problema del narcotráfico o los crímenes nefastos que vimos o ni siquiera le gana territorio a las bandas criminales de los barrios de la ciudad.
La reforma del código procesal penal que votó por unanimidad el Senado de Santa Fe, es decir con apoyo del peronismo y que en diputados contó con 33 votos a favor da mayores atribuciones a la policía para desarrollar un control autónomo de los procesos penales, se extienden los plazos para el control judicial de las detenciones, lo que puede aumentar más aún la arbitrariedad, y hasta amplía las posibilidades de allanamiento sin orden judicial.
La discusión vuelve a girar en torno a lo que se llama “el derecho penal del enemigo”, donde lo que se penaliza es la persona, el famoso “portación de cara”. Ni que hablar la conveniencia de una ley dura, que no necesita pruebas, que invierte el “principio de inocencia” para una etapa de crisis económica aguda que empuja a miles de personas a defender en la calle el trabajo, el salario, la vida.
A esto, de forma más abierta o menos abierta, se está prestando el peronismo, desde Kicillof hasta Monteverde que desde sus redes sociales, que cuentan con llegada, en lugar de denunciar la militarización exige mayores controles policiales como si la solución llegara de ese lado.
Monteverde: un paso en falso
Como decíamos más arriba, Juan Monteverde replicó hace pocos días la foto que hicieron Pullaro con Kicillof. Apareció él también en representación de Ciudad Futura junto al gobernador de Buenos Aires. Un paso en falso. Decir que hay que pensar soluciones integrales, serias y a largo plazo con una persona que está trayendo a la narco policía bonaerense (porque si se trata de ser serios no podemos hacer de cuenta que la Policía de Buenos Aires no gestiona el negocio ilegal) a controlar el narcotráfico de Santa Fe es de mínima contradictorio. Esto no sólo se trata de un aval a la estrategia de Kicillof (que pone a disposición su policía asesina y corrupta) sino también a la línea de Pullaro de militarización y mano dura frente a la crisis narco producida por esa misma fuerza represiva. Por el contrario, es más necesario que nunca denunciar la complicidad estatal, judicial, política y de las fuerzas de seguridad con el narcotráfico en la provincia de Santa Fe, en Buenos Aires y en todo el país.
