Represión política. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas despide a docente embarazada

El pasado 23 de julio, autoridades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) realizaron un despido masivo de docentes. Alrededor de 50 profesores fueron cesados de sus labores como clara represión política debido a que venían manifestándose contra las violaciones a sus derechos laborales al interior de la Universidad. Entre estos despidos, se encuentra una profesora que actualmente tiene cinco meses de embarazo.

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La profesora está sindicalizada, tenía una antigüedad de 6 años trabajado para la Universidad hasta antes de su despido, es la primera que decide demandar legalmente. Ante la Ley Federal del Trabajo están prohibidos este tipo de despidos, sobre todo de mujeres embarazadas, pues se consideran actos discriminatorios.

El conflicto laboral en la UNICACH no es el único visible en el estado, destacan las recientes protestas de la Sección 7 de la CNTE, las manifestaciones de los estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá y la violencia social que viven pobladores de varios municipios como Pantelhó y Aldama.

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La crispación social está atravesada por la penetración cada vez mayor de los carteles del narcotráfico y sus disputas por el control de las rutas de distribución, ya que Chiapas conecta con el corredor centroamericano en el trasiego de droga. La Unidad de Inteligencia Financiera ha identificado tres organizaciones en la zona: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo.

La presencia de estos grupos criminales también apareja el aumento de la brutal represión política contra luchadores sociales, activistas y pueblos que entorpecen sus grandes negocios (el reciente asesinato del activista Simón Pedro Pérez López se inscribe en ese escenario). Esta represión no corre por cuenta exclusiva de sicarios, sino también en complicidad con diversas autoridades vinculadas a estos grupos.

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Por ejemplo, al exsecretario general de la entidad y actual senador de la bancada de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, la población le imputa nexos con el Cártel de Sinaloa, o el caso del exfiscal Jorge Luis Llaven Abarca el cual fue denunciado ante la CNDH por "los delitos de robo, lesiones, tortura, daño en propiedad ajena, allanamiento de domicilios, abuso de autoridad, así como por violar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura." [1].

En este entramado de complicidades, corrupción y represión, no escapan los altos funcionarios de la UNICACH, al exrector Rodolfo Calvo Fonseca, los docentes también lo relacionan con estos grupos.

Con la actual administración del rector Juan José Solórzano Marcial, la represión no solo ha radicado en el despido masivo de los profesores, sino también narran que les han hecho llegar mensajes verbales por terceros en donde los intimidan con demandas y encarcelamiento.

La reciente visita del López Obrador a la entidad, su negativa para resolver los problemas del magisterio, y -sobre todo- la descalificación de la protesta social que hizo al comparar a la CNTE con la ultraderecha, sólo robustece el clima de represión política que es respaldado por los grupos del narcotráfico asentados en Chiapas.

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Este clima impacta en la subjetividad de docentes y administrativos de la UNICACH, por el temor que representa no solo perder el trabajo, sino que escale aún más la represión contra ellos. Ante esta situación, se hace necesaria la más extensa unidad entre las diversas luchas para impedir su aislamiento y fragmentación, así como la construcción de un movimiento que rompa con esta lógica represiva del Estado y conquiste mejoras laborales y sociales para las grandes mayorías.

Las y los trabajadores tenemos que luchar por el derecho efectivo a organizarnos.