Con la aprobación de los presupuestos de la Generalitat la semana pasada, la rebaja del 30% de las tasas universitarias se consolidó en el Parlament. El debate histórico entre gratuidad o rebaja de tasas vuelve a salir a luz, esta vez ante la llegada de una crisis económica sin precedentes desde 1929.
Jueves 30 de abril de 2020
Hace ya casi una semana desde que se aprobaron los presupuestos de la Generalitat, gracias a los votos a favor de JxCat y ERC juntamente con la abstención de los comunes. Se trata de unos presupuestos que, además de mantener los recortes y las privatizaciones de la era Artur Mas, no dan ningún tipo de respuesta a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la crisis del coronavirus.
Por si todavía había dudas, el colapso del sistema sanitario y la crisis educativa provocada por la paralización de las clases presenciales ha puesto de relieve los desastrosos efectos de los recortes y las políticas de privatizaciones llevadas a cabo por los anteriores gobiernos. El alcance de estas en Cataluña ha dado como resultado un sistema sanitario que se sitúa entre los más privatizados de todo el Estado, así como un 35% de estudiantes no universitarios matriculados en centros concertados o privados.
La aprobación de los presupuestos ha traído consigo la rebaja del 30% de las tasas universitarias, una reivindicación histórica del SEPC y otras agrupaciones del movimiento estudiantil. Sin embargo y como ya venimos señalando desde hace tiempo, si bien es una medida que puede aliviar económicamente al estudiantado, de ninguna manera supone acabar con las barreras de acceso a la universidad para la clase trabajadora y los sectores populares.
Para que nos hagamos una idea de lo que esto supone, los grados más “baratos” pasarían de cerca de 1.500 euros a 1.000, eso por no hablar de los más caros, los cuales pasarían de 2.300 a 1.600 euros. Siguen siendo precios abusivos, y sino que se lo digan a los 66.000 estudiantes que perdió la universidad en el periodo previo al “tasazo” de 2012.
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Si antes de la llegada del covid-19 la gratuidad ya era la única forma de garantizar que los hijos e hijas de familias trabajadoras pudieran estudiar, la crisis económica venidera lo hace todavía más evidente.
¿Qué pasa con todos aquellos jóvenes que dependen de trabajar en verano para poder pagarse la matrícula? ¿O aquellas que se encuentra en un ERTE y no pueden permitirse la pérdida de salario que supone? ¿O aquellos cuyos padres y madres hacen un gran esfuerzo para poder costear el curso y ahora se han visto en la calle?
Antes de la crisis del 2008, la universidad también imponía barreras de entrada a la clase trabajadora y los sectores populares, barreras que se profundizaron con la subida de las tasas, el aumento del precio de la vivienda y la precarización del trabajo.
A juzgar por pasadas experiencias, la llegada de una crisis económica comparable en datos tan solo a la Gran Depresión de 1929 hace esperar un mayor aumento de los despidos, rebajas salariales, ruina de pequeños productores, recortes en el sector público y en definitiva una profundización en la dinámica de precarización del trabajo vivida durante los últimos años.
En estas condiciones ¿a quién puede contentar la rebaja del 30% de las tasas? A poca gente. Menos todavía si tenemos cuenta otros datos de los presupuestos recientemente aprobados, como por ejemplo los 10.000 millones destinados al pago de la deuda. Tal y como denuncia la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics, se trata de la partida que más aumenta respecto al año anterior (31%) y supera a educación, sanidad o asuntos sociales y familia. A su vez, la escalada en la privatización continúa y favorece a los centros de titularidad privada concertada, ya que se incrementa un 8% la financiación de estos, el doble del incremento total del presupuesto de educación, mientras los centros públicos reciben un 19% menos del presupuesto que en 2010.
Ante este panorama, la rebaja de tasas resulta menos solución incluso que antes. La gratuidad es hoy más que nunca la única vía para garantizar que la juventud trabajadora pueda acceder a la universidad. En esta línea, la devolución de las matrículas del presente año es una medida fundamental, pues hemos pagado por clases presenciales que no se están recibiendo, pero también para evitar que el coste de estas sea una carga más en la crisis actual y venidera.
