Educación. Universidades, crisis sanitaria y urgente necesidad del no pago de aranceles y prohibición de los despidos

El vicepresidente del Consejo de Rectores de la Universidad de Chile, solicitó a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que se analice la situación financiera de las instituciones antes de darle luz verde a la suspensión del pago de aranceles. Argumentando que las universidades tienen distintos métodos de financiamiento y que se vieron afectadas por el bajo porcentaje de matrículas tras el boicot a la PSU y el proceso de rebelión popular.

Este proyecto, presentado por parlamentarias del Partido Socialista, permitiría una suspensión parcial del pago de aranceles, pero con acumulación de deuda con opción de repactación en 24 cuotas sin interés, lo cual seguiría expandiendo el endeudamiento que tiene ahogadas a miles de familias que buscan costear la educación de sus hijas e hijos.

Aparte, dentro de las medidas propuestas por los partidos de oposición, queda fuera la situación de los funcionarios y académicos, principalmente en las instituciones privadas pueden excusarse en que no tienen recursos para despedir. En universidades privadas la mayoría del cuerpo docente se compone de profesores y profesoras a honorarios, como también de funcionarios subcontratados, que hoy se enfrentan a la incertidumbre de perder sus fuentes de ingresos. Podrían haber suspensiones y términos de contrato.

Queda claro que el CRUCH tiene sus propios intereses que defienden a muerte, partiendo por los millonarios sueldos de las rectorías y decanatos de las diversas instituciones, que son recursos que perfectamente se podrían implementar con el fin de poner las universidades al servicio de la crisis sanitaria y de entregar al 100% de su alumnado las condiciones necesarias para las clases en modalidad online, que desde varias instituciones están demandando que existe una gran cantidad de estudiantes que no tienen las herramientas básicas de acceso, además de ser una modalidad de enseñanza que limita el desarrollo académico.

Mientras miles de familias pierden sus fuentes de ingresos por la Ley de Destrucción del Empleo que Piñera le regaló a los empresarios, las universidades siguen cobrando los aranceles incluso con acumulación de intereses, como si el año académico estuviera realizándose de manera normal.

Hoy las instituciones no están gastando en luz, ni agua, ni gas, ni insumos para el alumnado, ni insumos administrativos, es urgente que se suspenda de inmediato el pago de arancel mientras dure la crisis, sin acumulación de deuda, pues ningún estudiante debería perder el derecho a estudiar. Esta medida debe estar acompañada de la prohibición total de despidos, no puede ser que los directivos universitarios ganen millones si docentes y funcionarios/as se quedan en la calle.

Respecto al argumento del CRUCH sobre las diversas formas de financiamiento de las universidades, en este momento de crisis es urgente que las instituciones transparenten sus ingresos, gastos y presupuestos a sus respectivas comunidades educativas, con el fin de hacer notar cuales son los recursos que se pueden poner a disposición de las mismas y de las facultades de medicina para que funcionen al servicio de la crisis sanitaria, en solidaridad con las y los trabajadores de la salud.

En ese sentido, como se dijo más arriba, es necesario que los recursos que manejan las instituciones se ocupen de igual forma en asegurar al 100% el acceso óptimo del alumnado a las clases online, con todas las herramientas que necesiten, sean tablets, internet o licencias. También una correcta capacitación a los cuerpos docentes con tiempo para poder transformar los contenidos de manera eficaz para que puedan enseñarse en esta modalidad. Las universidades privadas reciben financiamiento estatal por medio de créditos y becas. Esos recursos alcanzan para mantener los empleos e implementar un sistema de clases online y sin discriminación alguna.

Paros online y demandas legales de estudiantes contra universidades privadas

Estudiantes de distintas universidades han dado a conocer sus problemáticas respecto a este último punto, en la universidad Santo Tomás, cientos de estudiantes presentaron una demanda al Sernac porque la institución no se hizo cargo de entregar las herramientas necesarias al cuerpo educativo, mientras que en la universidad Alberto Hurtado, 17 carreras se han movilizado por los mismos problemas. En la universidad Central la situación no es muy distinta, pues las “ayudas” que entregan las autoridades están segregadas sólo para quienes pertenecen al 40% más vulnerable, cifra que no se actualiza a la situación de despidos masivos y suspensiones laborales que están afectando a miles de familias.

Desde la agrupación de estudiantes y juventud trabajadora Vencer, creemos que la situación de las y los estudiantes no puede estar en manos de quienes se enriquecen a costa del endeudamiento de millones de familias. La lucha por nuestras vidas es hoy, en ese sentido, tomando en cuenta lo dicho anteriormente, proponemos:

No pago de aranceles, sin acumulación de deuda ni intereses mientras dure la crisis sanitaria, que las instituciones dejen de lucrar con nuestras deudas.

Prohibición total de los despidos, ningún docente o funcionario se puede quedar en la calle, que los recursos millonarios que han acumulado las instituciones se utilicen para el pago de salarios.

Facultades de medicina al servicio de la crisis sanitaria, en solidaridad con las y los trabajadores de la salud que día a día se encuentran en la primera línea de contagio, sin insumos ni protección. Reincorporación de los despedidos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile ¡Ningún despido ni ataque a la educación en medio de esta crisis!

Apertura de los libros y transparencia en los recursos de las instituciones educativas, para ponerlos al servicio de los estamentos y sus necesidades, incluidas las herramientas efectivas para capacitación y acceso a clases online.

Control triestamental de las universidades para ponerlas al servicio de la crisis sanitaria, sin dejar de lado las necesidades de sus respectivas comunidades. No más sueldos millonarios a rectores y decanos.

Estas medidas, las ponemos en perspectiva de retomar la lucha por la educación gratuita, universal, de acceso irrestricto, laica y no sexista, bajo control de las comunidades educativas para que esta sea un derecho social al servicio del pueblo trabajador.

¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias!