Educación. Universidades: un 0 en la vuelta segura a las aulas

Los protocolos de inicio de curso en las universidades ahondan el deterioro de la enseñanza pública y naturalizan las carencias de un sistema desfinanciado. Unos protocolos llenos de generalidades, de testimonios “expertos”, pero donde la palabra “innovación” oculta en los hechos la ausencia de medidas reales. Toda una campaña del Ministerio y rectorados que dicen hacer de la necesidad virtud, pero que acaban poniendo en riesgo la salud de estudiantes, trabajadores y docentes, al tiempo que avanzan en profundizar la neoliberalización de la enseñanza y el empeoramiento de su calidad. Y por si quedaban dudas, el Ministro Castells continua defendiendo la implantación del modelo americano de universidad y la intervención de las empresas privadas en los estudios.

Todos los protocolos adoptados apuntan a que se va a ir generalizando la educación a distancia, como ya fue ensayado precariamente durante la cuarentena, con la introducción de nuevos recursos digitales que traten de suplir algunas de las carencias más superficiales que padeció el final del curso anterior. Estos nuevos recursos digitales irán acompañados de una reorganización del calendario y los horarios; a las universidades tan sólo se acudirá para lo estrictamente necesario, apostando por un modelo mixto, entre educación a distancia y presencial.

Las medidas adoptadas se pueden resumir en: reducir el tamaño de los grupos, reducir la afluencia de estudiantes a los campus, realizar actividades formativas a distancia en tiempo real y en diferido a través de plataformas electrónicas, y escalonar los horarios de entrada y salida a las universidades; así como las extendidas medidas de uso de mascarilla, gel hidroalcohólico, lavado de manos y distancia de seguridad. En redes sociales los protocolos y las indicaciones del Ministerio de Universidades han sido resumidos por los estudiantes en “que os pongáis mascarilla y ventilad la clase”.

El protocolo establecido en la UAM, por ejemplo, afirma que queda prohibido todo tipo de actividad en las zonas ajardinadas del campus. De hecho, se ha precintado todo el césped. Es decir, se puede viajar en un autobús, metro o cercanías atestado de estudiantes y trabajadores o estar en clase a 1,5 metros -después de reducir los 2 m que dijeron inicialmente por falta de medios-, pero una vez en el campus no se puede estar en el césped lleves o no mascarilla.

Se reducen, asimismo, la capacidad de los servicios de cafetería y comedor en un 50% sin dar ninguna otra alternativa a los estudiantes, e incluso planteando la posibilidad de que el bajo umbral de beneficio lleve a una ausencia del servicio. Ante la inexistencia de espacios donde comer, la universidad se lava las manos. También, para evitar contagios, el aforo de las bibliotecas se reduce y permanecerán menos tiempo abiertas. Se eliminan también lo servicios de préstamo de portátiles y de ordenadores de uso público, así como las salas de trabajo en grupo. Todo ello “hasta nueva orden”. El ministro Castells también parece haber anulado “hasta nueva orden” la existencia de la brecha digital.

Se endurecen hasta lo inalcanzable las condiciones para el desarrollo de toda actividad caracterizada como “ajena a la actividad universitaria” que pretenda desarrollarse en la universidad. Estas actividades ajenas son bastante características de la vida universitaria si entendemos esta como algo más que firmar la lista de asistencia, incluida la posibilidad de los estudiantes de autoorganizarse.

Entre las condiciones para poder solicitar el uso de un espacio se cuenta el elaborar un plan de actuación y contingencia para evitar riesgos de contagio que ha de ser evaluado por una comisión de técnicos, el servicio de prevención, un servicio médico, recursos humanos y dirección de infraestructuras. La universidad pide a sus estudiantes lo que ella no ha sido capaz de realizar durante todas las vacaciones de verano, persiguiendo con ello toda actividad estudiantil fuera de las clases regulares. Uno de los carteles institucionales que se pueden ver por el campus de Cantoblanco dice “Grupos estables, grupos controlables”.

Se prohíben, en línea con esto, las “actividades espontáneas (…) que supongan cualquier tipo de celebración o aprovechamiento de los espacios verdes”. Limitar el espacio de uso al aire libre del campus es totalmente contrario a las recomendaciones sanitarias y no tiene otra finalidad que impedir que los estudiantes desarrollen actividades extra-académicas, una forma no tan sutil de dificultar la realización de asambleas. Los protocolos apuestan por una universidad pública que sea un lugar de tránsito con una enseñanza semipresencial. A la universidad se irá, por lo visto, sólo al aula y del aula al tren. Las tasas, sin embargo, permanecen.

El papel de los consejos de estudiantes ante todo esto ha sido el de servir de correa de transmisión de las órdenes de rectorado, manteniéndolas en secreto durante su discusión, posteriormente rubricándolas sin crítica, y dándoles, finalmente, aspecto de acuerdo. Toda medida ha sido tomada a espaldas del conjunto de los estudiantes. Como colofón los protocolos no dudan en afirmar demagógicamente que “la presencialidad en los campus y la experiencia universitaria son valores esenciales en el aprendizaje de los estudiantes y en la función social de la universidad”. Una afirmación que contradice todo el documento.

Toda esta reducción de servicios se trata de naturalizar como algo inevitable, naturalizándose a su vez el que las universidades no traten de habilitar nuevos espacios o ampliar las instalaciones ya precarias e insuficientes antes de la pandemia. Todos los protocolos se basan en “ir tirando con lo que ya hay”, medidas todas ellas restrictivas. Más allá de estas medidas cosméticas será un esfuerzo vano buscar en las medidas adoptadas reformas profundas que realmente den solución a las carencias que arrastra el sistema educativo. Los protocolos adoptados, lejos de suponer una transformación estructural del modelo educativo neoliberal, se apoyan y profundizan en sus características principales, e incluso las ensalzan. El propio ministro de UP, el señor Castells, ya ha apuntado en varias entrevistas a tener como referencia de su política las universidades estadounidenses.

Universidades como la UAM afirman que: “es preciso hacer una planificación flexible que permita adaptarse con rapidez a los cambios”. Esta exigencia de flexibilidad, en parte impuesta por la pandemia, no va ligada, sin embargo, a acabar con el modelo de universidad-empresa que tiene en el Plan Bolonia su principal bandera, sino a sustentarse en él. Este modelo empresarial se basa, entre otras cosas, en la generalización del trabajo precario por parte de personal docente e investigador (profesores asociados, invitados, becarios, etc). Esta flexibilidad derivada de la pandemia se apoyará, por tanto, en la flexibilidad laboral que ya existía previamente, empeorando la calidad docente e investigadora de la universidad pública.

Los protocolos adoptados no sólo no cuestionan las condiciones de trabajo de la universidad pública, sino que también se reafirman en las metodologías de enseñanza propias del Plan Bolonia tan combatidas por el movimiento estudiantil cuando se implementó, Más que compatibles con la digitalización de la enseñanza a toda costa, basándose en criterios no pedagógicos que conducen al deterioro, en muchos casos, de la educación presencial. Se da prioridad, por ejemplo, a mantener el número de horas de actividades formativas previstas en las memorias de verificación, frente al aprendizaje real de los alumnos. Criterios burocráticos que priman sobre los criterios educativos.

Con la disyuntiva de qué actividades se han de hacer o no en el aula sucede lo mismo, se prioriza aquellas actividades consideradas de “mayor valor añadido”, ¿cuáles son estas? Los exámenes son una de ellas. Sin embargo, los exámenes no son presenciales por el hecho de que sean una herramienta eficaz de medición del aprendizaje de los alumnos, sino para evitar que se copie. No hay una preocupación real porque el estudiante aprenda.

Casi seis meses después del inicio de la pandemia y el cierre de todos los centros educativos, y a apenas una semana del comienzo del curso escolar, docentes, y estudiantes se indignan ante la inacción del Ministerio de Universidades y su ministro Manuel Castells, así como de la antidemocrática toma de decisiones de las universidades en la elaboración de los protocolos que, por mucho que diga Castells, desde luego no ha tenido en cuenta al conjunto del profesorado, a los trabajadores no docentes ni, por supuesto, al estudiantado.

De las primeras promesas del “gobierno más progresista de la historia” de reducción drástica de ratios y aumento de personal y espacios no queda nada. Menos servicios, “ventilar y ponerse mascarilla”. Septiembre vendrá con nueva actividad en las aulas, transporte público atestado y una sobrecarga de trabajo para los docentes que deberán atender grupos presenciales y telemáticos.

Es necesario el incremento drástico de profesionales contratados. Si los espacios existentes no son suficientes, como sucede en la mayoría de las universidades, se deberían intervenir tantos espacios públicos y privados como sea necesario e iniciar la construcción de nuevas instalaciones. Toda la red de universitaria debe ser integrada en la red pública y ser puesta bajo el control democrático de docentes, trabajadores y estudiantes.

Medidas así, junto a la dotación de EPIs, equipamientos de prevención y personal sanitario, son las únicas que pueden reducir al mínimo el riesgo de que los centros educativos se conviertan en un vector expansivo del virus en las próximas semanas. Para imponer estas y otras medidas es necesario organizarnos en asambleas donde los y las estudiantes, el profesorado y el personal no docente discutamos las medidas y reivindicaciones, empezando por las de gestión de la universidad pero que están ligadas a la necesidad de reforzar la sanidad y los servicios públicos de conjunto o discutir que la financiación tiene que salir de un impuesto a las grandes fortunas y no de las tasas y recortes.

Las convocatorias de huelga que se empiezan a plantear deben extenderse a todo el Estado y coordinar la lucha de todos los niveles de la educación para, a través de asambleas virtuales y otras formas de coordinación, ser el punto de partida de plan de lucha en defensa de la educación pública y porque esta crisis no la paguemos las familias populares y trabajadoras.