Luego de condicionar su apoyo, Fabiola Campillay finalmente dio su voto a Gabriel Boric con la urgencia de la Ley de Indulto General. Sin embargo, para el candidato de Apruebo Dignidad no todos los presos de la revuelta deberían salir de la cárcel.
Martes 7 de diciembre de 2021
Este lunes, la senadora electa Fabiola Campillay junto a organizaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos desde la revuelta popular iniciada el 18 de octubre del 2019, expresaron públicamente su apoyo a la candidatura del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, acompañando la exigencia de la libertad a los presos políticos de la revuelta a través de la urgencia de la ley Indulto General.
Unas horas antes, Carlos Montes, uno de los más simbólicos representantes de los 30 años de la ex Concertación y miembro del comando de Boric, vienen a reafirmar la moderación y la relativización sobre la prisión política que hoy impulsan desde el Frente Amplio y sus nuevos aliados del Partido Socialista.
Las contradicciones por la búsqueda de justicia, verdad, reparación integral y garantías de no repetición
Una de las demandas más sentidas es la urgente tramitación y aprobación de la Ley de Indulto General. Es la razón de la presencia de la vocera de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta junto a Fabiola Campillay.
La Ley de Indulto que se tramita en el Senado establece un indulto general a imputados y condenados por causas enmarcadas en el estallido social, desde el 7 de octubre del 2019 hasta la presentación del proyecto.
Sin embargo, estas demandas cruzan diversas contradicciones. La primera es el giro a la centro derecha de Boric en su discurso en materia securitaria: "Yo creo que no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia, una pyme o que saqueó un supermercado”, señaló el pasado 23 de noviembre la carta presidencial de Apruebo Dignidad en Mentiras Verdaderas. La segunda contradicción es el cambio de su programa económico, donde la integración de asesores políticos de la ex Concertación explican la alianza con los partidos de los 30 años para retirar las demandas de la revuelta de nuestra memoria.
Ninguna confianza en Boric
Ahora el candidato plantea que sólo “vamos a conversar” en los “casos en donde hubo un abuso grave por parte de las facultades del Estado con querellas de Ley de Seguridad Interior del Estado, con testigos protegidos, con pruebas falsas y con prisiones preventivas extendidas”. Con este criterio, habría condenados que hoy están en la cárcel que serían beneficiados por la actual Ley de Indulto, que podrían quedar fuera, como Jordano Santander, Cristian Cayupan y Felipe Santana.
Para enfrentar a la derecha y el avance de la criminalización a la protesta y los discursos de odio que expresa el candidato de la ultraderecha de Kast, es necesaria una movilización amplia para conquistar la libertad de las y los presos, en circunstancia que desde el día uno sabíamos que los votos del Senado no estaban y que sólo podíamos confiar en la fuerza de la movilización en las calles. Hay que confiar en la movilización de la clase trabajadora y los sectores populares en lucha.
