Lacalle Pou dio a conocer su programa represivo. Aumento de penas, mayores atribuciones policiales, “licencias para matar” e impunidad de los policías y otras medidas, son las modificaciones que se proponen. Larrañaga ya se sinceró: “si hay que reprimir, hay que reprimir”.
Sábado 25 de enero de 2020 14:26
En el borrador de la Ley de Urgente consideración presentado por el electo presidente Luis Lacalle Pou el pasado miércoles, se destaca la agenda de seguridad de la derecha, con la que se juegan a mostrar logros más o menos inmediatos, a partir de cumplir lo que prometieron en campaña en esta materia.
De concretarse todas estas medidas – que serán consensuadas en primer lugar entre los partidos de la coalición multicolor, y luego en el parlamento -, estaríamos delante de un giro represivo de envergadura sostenido por un ambiente que legitima el linchamiento social, la justicia por mano propia y la legítima defensa policial. Esta política represiva va dirigida centralmente contra los sectores más pobres de la sociedad, seguido de una criminalización de la protesta cada vez mayor, y la profundización de la desigualdad social propia de este sistema (desigual) capitalista.
Repasando la agenda de seguridad, el futuro gobierno se prepara para imponer una serie de medidas que claramente son violatorias de los derechos humanos, son discriminatorias y clasistas, y buscan controlar de forma coercitiva y punitiva a la sociedad en su conjunto.
Se preparan para reprimir la pobreza y la protesta social, imponiendo una visión donde la preservación del derecho a la propiedad privada es mucho más importante que el derecho a la vida. Y que la vida de los pobres, de la juventud desocupada, de las personas en situación de calle, de quienes nos manifestamos, prácticamente no vale nada.
Las medidas estarán monitoreadas directamente por la figura presidencial, en conjunto con una Comisión conformada especialmente para monitorear y asesorar en estos temas. Una demostración de “autoridad” y “capacidad de mando” del futuro presidente, que pretende concentrar la suma del poder político en todos los órdenes.
Aquí mencionamos algunas de las medidas más destacadas en esta materia.
• Legítima defensa para la policía: se proponen agregar al Código Penal nuevas circunstancias que justifiquen la legítima defensa policial. Esto le otorga más poder a la policía y la habilita el famoso “gatillo fácil” de las fuerzas represivas y la licencia para matar y no ser penado. Pero las fuerzas policiales ya tienen una larga lista de asesinatos por la espalda a jóvenes que “parecían” delincuentes, como fue el caso de Sergio Lemos, acribillado de nueve balazos por la espalda en el Cerro en 2013.
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• Detención por “ofensa” a funcionario policial: También se propone incorporar un artículo en el Código Penal que habilita la detención a quien “ofenda, atente, desobedezca … a un funcionario policial” (de 3 a 12 meses de prisión), dirigido tanto a la juventud pobre y a quienes salgan a protestar.
• Interrogatorios habilitados: se propone la posibilidad a la policía de interrogar sin la presencia de un abogado defensor, es decir, se elimina una garantía del debido proceso ultra básica y garantista.
• Situación de calle: Se refuerza la aplicación de la Ley de Faltas que es claramente discriminatoria, trasladando el problema de la pobreza y la falta de vivienda a una situación individual de las personas que lo padecen. Se promueve la detención de las personas en situación de calle, tratándolos como “sujetos peligrosos”.
• Impedimento en espectáculos deportivos: Se propone la habilitación policial de admisión en canchas de fútbol y básquet, antes y durante el evento deportivo, medida claramente discriminatoria y que ya contó con el rechazo de organizaciones de hinchas antifascistas tanto de Peñarol como de Nacional.
• Endurecimiento de penas: se propone agregar el agravante en el caso de una agresión a los funcionarios policiales. Se sabe, por estudios internacionales, que el aumento de penas, como toda política punitiva, no desestimula la generación de delitos que, en la mayoría de los casos, tiene un trasfondo social y remite a la desigualdad económica y el acceso a la educación y a la cultura. Lo mismo ocurre con los delitos cometidos por menores de edad, donde también se le mantienen sus antecedentes penales.
• Detenciones arbitrarias: se refuerza la posibilidad – que ya existía desde la administración frentista – de la detención en la vía pública por averiguación de antecedentes si no se puede comprobar la identidad. Esta nefasta habilitación deja abierta la tristemente conocida detención por “portación de rostro” y constituye una acción claramente discriminatoria. Se está debatiendo si no viola los tratados internacionales contra la discriminación por el color de la piel, la clase social y la identidad étnica, religiosa o sexual.
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• Ley de derribo: con el verso de la “soberanía en el espacio aéreo” y la lucha contra el narcotráfico, se regula el procedimiento hacia aeronaves que infrinjan disposiciones legales, tal como ya lo había sugerido el Partido Nacional en 2019 frente a los escándalos de aparición de toneladas de cocaína, siguiendo los pasos del ex presidente argentino Mauricio Macri.
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• Cambio del esquema de inteligencia: se crea una nueva Secretaría de Inteligencia, que deja de depender del Ministerio del Interior y pasa a depender de Presidencia directamente.
• Aumento de agravantes en feminicidios y ataques sexuales: Profundizando el espíritu de punitivista, también se propone aumentar las penas, cuestión que fue criticada por el movimiento de mujeres.
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La criminalización y judicialización de la lucha social
Párrafo aparte merece la propuesta de restricción al derecho de huelga y de ocupación. En el documento, el decreto antipiquetes frenteamplista – que ya condicionaba las medidas de lucha como por ejemplo el corte de una ruta o el método de ocupación de la unidad productiva- pasa a ley, priorizando la defensa del derecho a la “propiedad privada” frente al de huelga declarado en nuestra constitución.
En este sentido, veremos qué postura toma el PIT-CNT sobre la restricción este derecho elemental, y que también constituye una conquista histórica de la clase trabajadora, y que luego fue utilizada por muchos sectores sociales en distintos momentos históricos. Vale la pena alertar que el presidente de la central Fernando Pereira viene teniendo una actitud contemplativa y expectante con el futuro gobierno. Esta postura no le hace nada bien el movimiento sindical ni al conjunto de los movimientos sociales que nos movilizamos y tomamos las calles – como el movimiento de mujeres-, porque no nos prepara para defender nuestras conquistas, y menos para enfrentar esta oleada represiva.
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Larrañaga se frota las manos
El futuro ministro del interior ya se frota las manos y se ataja ante cualquier crítica. “Si hay que reprimir, hay que reprimir, y al que no le gusta se lo va a tener que tragar” afirmó al Semanario Búsqueda. Da la impresión que, hasta por despecho por haber perdido el plebiscito impulsado por él mismo que proponía la utilización de las fuerzas armadas en los asuntos internos, entre otras cuestiones, ahora viene a la carga con esta batería represiva. Larrañaga parece disfrutarlo.
Es evidente que el futuro gobierno apelará a la represión para imponer sus planes de ajuste. Será necesario una gran movilización de los sindicatos, centros de estudiantes y de los organismos de derechos humanos para enfrentar esta ola represiva. Una movilización unificada y que sea el inicio de un plan de lucha que incluya asambleas en todos los lugares de trabajo y estudio que resuelva la huelga general. Solo si tomamos medidas contundentes podremos frenar este avance contra nuestros derechos.
