Estado Español. Uso fraudulento de becarios en las universidades

Los estudiantes que trabajan en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) han sido los últimos en recibir un correo de inspección de trabajo preguntando aspectos relacionados con su trabajo, tales como horas realizadas, tareas desempeñadas, tutores asignados, valor formativo, etcétera.

Así es la encuesta enviada por el Ministerio de Trabajo que, desde que saltara públicamente el uso fraudulento de la figura del “becario” allá en 2017 en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que había utilizado a más de 400 estudiantes para realizar tareas administrativas y de servicios, está realizando una investigación en diferentes universidades del Estado español para intentar averiguar el alcance de esta práctica.

Según los últimos datos recopilados, que datan del 2013, existían por aquel entonces, en las universidades del Estado español, 7.000 becarios. Estudiantes que reciben una beca por, en principio, realizar tareas formativas, de apoyo a los trabajadores de la universidad.

Estos planes, que deberían contar con un plan de estudios asociado, claramente no son así, como los mismos estudiantes denuncian y así hemos denunciado también en nuestro diario.

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Los rectores, a través de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y de la boca de Neus Vila, la responsable de becas dentro de la CRUE, se han apresurado a asegurar que “estos son casos aislados”.

La realidad es que en buena parte los estudiantes son utilizados como mano de obra barata, cumpliendo tareas que nada tienen que ver con sus estudios y sin ningún derecho.

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¿Un caso aislado?

Pero nada más alejado de la realidad. Es difícil sostener que 400 estudiantes solo en la UAM cubriendo tareas que deberían ser cubiertas por un puesto de trabajo sea un caso aislado.

Los inspección señala que no existe una "incidencia particularmente alta" de falsos becarios en comparación con otros ámbitos laborales. Si bien es cierto que el propio Ministerio no da ningún tipo de cifra, ni relativa al sector universitario, ni a ningún otro sector en donde se desempeñan los más de 70.000 becarios que hay en todo el Estado con lo cual hacer valoraciones comparativas se antoja complicado. En especial en un sector donde hay una falta de control absoluto por parte de las Universidades, los centros de formación y el Estado.

No obstante, conociendo el tejido laboral sumamente precario del Estado español, es fácil imaginar que el dato preciso se omite públicamente para evitar males mayores.

La universidad actual reproduce los mismos mecanismos de la sociedad capitalista en sus esferas de influencia. Si la precariedad en el mercado laboral es cada vez más creciente con los contratos en B, la temporalidad, los periodos de prueba sin contrato, lo son también en los marcos de la universidad.

Lo son en el uso fraudulento de la figura del becario, pero también lo son en los contratos precarios de los profesores asociados, en la externalización de servicios, en los recortes laborales al Personal Administrativo y de Servicios (PAS). La universidad, en sus diferentes vertientes, no difiere de las condiciones precarias del mercado laboral, al contrario, las reproduce.

Contratos con sueldos basura, trabajos sin relación con la formación del estudiante, ocupándose de tareas propias de un PAS, sin vacaciones, sin cotización a la S.S, así son las becas configuradas por la casta universitaria para seguir engrosando sus bolsillos.

Pues como denuncian desde el colectivo Becarias en Lucha (Becàries en Lluita en su nombre en catalán), esta práctica se profundiza con la crisis, con los recortes, y por la nula voluntad de los órganos de gobierno universitarios de invertir más en personal.

Y todo esto sin hablar de las abusivas tasas, subida brutal incluida en esta década de crisis, que han expulsado aún a más a los hijos e hijas de la clase trabajadora.

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Por una universidad al servicio de la clase trabajadora y los sectores populares

Los recientes recortes han sido una profundización de la elitización de la universidad pública, pero ni muchos menos el inicio y fin de esta elitización.

Previamente al 2008 existían prácticas universitarias con sueldos paupérrimos, el profesor asociado se cargaba de trabajo y no conocía horario de trabajo por apenas 300 euros, las universidades ya estaban dirigidas por grandes empresas en el “Consejo Social”, algunas licenciaturas de ciencias naturales rozaban los 3.000 euros de precio anuales, etcétera. Elementos que se profundizaron con el Plan Bolonia.

Para hacer frente a la actual situación y a los cimientos sobre los que se sustenta este expolio de la universidad pública por parte de la empresa privada, hay que tomar medidas profundas, que vayan a la raíz del problema.

Debemos pelear porque las grandes empresas salgan de la universidad pública, de sus órganos de decisión. Que dejen de ser un lobby que rige la vida universitaria, desde sus currículums educativos, hasta sus finanzas.

Para ello exigimos órganos electos democráticamente, bajo la norma de una persona un voto. Que los estudiantes, profesores asociados y trabajadores precarios (hoy sin derecho a voto), hagan valer su peso en la comunidad universitaria.

La democratización de los órganos de decisión de la universidad debe ir acompañado de medidas que reviertan los ataques que, no solo en esta década, sino desde los año 80, viene sufriendo la universidad pública en el Español, empezando por un aumento de inversión, que permita acabar con la precariedad en el profesorado asociado, el PAS y los trabajadores y trabajadoras externalizadas.

Es por ello que ligado a esto último exigimos el pase a plantilla de la universidad a todos los trabajadores y trabajadoras externalizadas

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También hay que revertir la masiva expulsión de hijos e hijas que supusieron un aumento de tasas de más del 66% en estos últimos 5 años, y las elevadas matrículas de los años anteriores. Para garantizar la igualdad de acceso a la educación y hacer posible que los hijos e hijas de la clase trabajadora puedan estudiar es necesaria la gratuidad de las matrículas universitarias, acompañadas de becas de transporte y alojamiento, lo que denominamos becas salario.

Además para pelear contra la violencia machista en las universidades, peleamos por comisiones independientes de estudiantes, profesoras y trabajadoras.

Este es un programa de calado, que ataca directamente a los intereses de las grandes empresas y de la casta universitaria que llevan desde el franquismo haciendo negocio de la universidad pública.

Es por ello necesario poner un movimiento de estudiantes, profesores, PAS y trabajadores y trabajadoras externalizadas unido, democrático y combativo. Que ponga sobre la mesa esta voluntad de transformación de la universidad y prepare un programa de movilizaciones a la altura.

Tenemos que volver a llenar las asambleas, que vuelvan a ser verdaderos órganos de decisión de las y los estudiantes, a la que se sumen el resto de colectivos precarios de la universidad. De otro modo, sin esta movilización será imposible arrebatar el control de la universidad pública a las grandes empresas y la casta universitaria.