La Municipalidad de Arica anunció el término del convenio que mantiene en funcionamiento el Servicio de Atención Primaria en Urgencia (SAPU) E.U Marcos Carvajal. Valentina Albarracín, trabajadora de la salud y actual candidata a diputada por Arica se pronuncia ante esta situación, la cual viene a empeorar el acceso a la salud para usuarios y a precarizar las condiciones laborales de las y los trabajadores del recinto.
Domingo 10 de octubre de 2021
Fotografía: Maxi Almonte
A través de una carta con fecha 23 de septiembre la Municipalidad de Arica dirigida por el Partido Liberal, informó a Enrique París, el término del convenio para el funcionamiento del Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) E.U Marco Carvajal Moreno.
El documento explica que no cuentan con el presupuesto suficiente para dar cumplimiento y propósito de dicha modalidad, por lo que Gerardo Espíndola y la directora de la Disam, Rossana Testa Salinas, decidieron arbitrariamente el cierre del centro de urgencia a espalda de los trabajadores de la salud y la población. Aunque ambos salen a poner paños fríos ante el revuelo que ha generado la noticia, explicando según ellos que su intención es poner un ultimátum al Gobierno a través del Ministerio de Salud, para la construcción anunciada hace tres años del Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR).
Ante esto Valentina, quien es psicóloga y actualmente va como candidata a diputada por el Partido de Trabajadores Revolucionarios, comenta que: “Espíndola le dice a la comunidad que debe estar tranquila y que siempre terminan firmando los convenios para los servicios de salud de urgencia, pero no da ninguna salida concreta al problema de la insuficiencia de recursos. Se excusa en que no hay presupuesto pero nada dice de los sueldos millonarios que tienen las autoridades de la región. Dicen que este anuncio no es más que una medida de presión para obtener más recursos del Ministerio de un gobierno que es responsable de los miles de despidos que se vienen dando a nivel nacional en el sector de salud con la excusa del fin al Estado de Excepción. Apela al mismo Gobierno que mientras la salud se caía a pedazos gastó 218 millones de pesos en la Parada Militar. ¡Plata hay!”
Actualmente el SAPU E.U Marcos Carvajal se encuentra ubicado en sector norte de la ciudad de Arica, teniendo fondo presupuestario de atención para 30.000 personas, obviando que la población existente en la zona es de 90.000, es decir triplica el número de atención para la cual se encuentra disponible su infraestructura, recursos y personal. Durante años las y los trabajadores han denunciado y exigido mejores condiciones laborales y los recursos necesarios para su funcionamiento óptimo. Pese a las condiciones precarias se han mantenido en la primera línea para brindar atención a la población, enfrentando además la crisis del Covid-19.
El cierre del SAPU es un ataque contra la salud de toda la población, ya que, actualmente Arica cuenta con dos servicios de urgencia, por una parte el SAR del CESFAM Iris Véliz y el servicio de urgencia del Hospital Regional Juan Noé Crevani, este último ya se encuentra colapsado, por lo que no daría abasto para atender además al sector que asiste al SAPU. Esto también implicaría más sobrecarga laboral para todas las y los trabajadores que atienden en estos recintos de atención en salud, además de congestión en la atención y mayores tiempos de espera para los usuarios.
“Lo anterior demuestra que a las autoridades de la región no les interesa la vida de las personas y tampoco les preocupa los trabajadores, todo lo contrario siguen precarizando el sistema de salud. Teniendo en cuenta que Arica, históricamente se ha visto afectada por el déficit de recursos, infraestructura insuficiente, la falta de especialistas, donde las personas se mueren en listas de espera o esperando una ambulancia. Situación que se agudizó con la pandemia. Es urgente acabar con el negocio de la salud, que cobra la vida de las personas más pobres”.
“Por eso hay que pelear por un sistema de salud único, 100% financiado por el Estado y administrado por trabajadores y usuarios para decidir cuánto financiamiento y en dónde invertir, según las necesidades reales de la comunidad, esto a través de la nacionalización de los recursos naturales con un impuesto progresivo a las grandes riquezas”, manifestó la trabajadora de la salud, quien actualmente se desempeña en un Centro de Salud Familia.
Las autoridades del Gobierno y las de este Municipio realizan reconocimientos y dedican aplausos a la primera línea que no sirven de nada si atentan contra la salud. Hace días el MINSAL confirmó que serán 9 mil los despidos a honorarios en el sistema nacional de salud pública, como si la pandemia ya estuviese resuelta pero la crisis de la salud no se acaba con el covid.19.
Ante esto, Valentina Albarracín expresa “Pongo esta candidatura a disposición de esta lucha, como tribuna de denuncia para las y los trabajadores, exigiendo no al cierre del SAPU, haciendo un llamado a la unidad de las y los trabajadores de la salud y usuarios a conformar un gran movimiento en defensa de la salud pública y contra el trabajo precario. Donde nos organicemos y unifiquemos todas las demandas de los trabajadores de la salud de los diferentes sectores, que cargamos con la precariedad del sistema de salud sobre nuestras espalda. Porque “no somos desechables”, sumémonos a toda iniciativa impulsada por los trabajadores del SAPU en defensa de sus puestos de trabajo.”
