Un fiscal penal imputó en mayo a delegados y activistas. Ayer declararon en audiencia. Denuncian criminalización de la protesta. La empresa despide personal efectivo y capacita contratados. No permiten el ingreso a representantes gremiales. Caso testigo.
Jueves 30 de octubre de 2014
“Se hace cada vez más clara la connivencia entre la empresa Valeo y la Justicia contra la organización de los trabajadores” le dice el delegado de los operarios de esta autopartista de capitales franceses, Leonardo Sánchez Zárate, a La Izquierda Diario. Lo señala en relación a la causa penal abierta en su contra por la que, ayer, declaró en una audiencia. La misma fue dispuesta por el Fiscal Provincial, Pedro Caballero, quién imputó a Sánchez Zárate el pasado 23 de mayo basándose en denuncias de amenazas y agresiones. Dichas denuncias fueron realizadas por personal jerárquico de la fábrica.
“La empresa, que no había podido avanzar contra nosotros por el camino laboral, recurrió a la Justicia Penal donde encontró a un fiscal permeable a su lobby. Ahora utiliza esta imputación penal para dos juicios que me están haciendo para quitarme la tutela gremial” denunció Sánchez Zárate. El delegado, ayer amplió su declaración resaltando su posición de rechazo a la injerencia de la Justicia Penal en un caso laboral. “Aquí hay persecución” sentenció. Según pudo conocer, junto su abogada del Centro de profesionales por los Derechos Humanos, Leticia Celli, se agregaron aún más imputaciones contra su persona.
Las resoluciones judiciales dictadas por el Juzgado de Instrucción Distrito II Turno 3, implicaron para Sánchez y para su compañero, Maximiliano Granados, la restricción de ingresar a la fábrica durante 60 días. Bajo distintos artilugios legales la empresa logró que, hasta el momento, Sánchez no pueda retomar su puesto de trabajo. Las resoluciones del fiscal Caballero fueron ampliamente repudiadas como un caso testigo de criminalización de la protesta social.
El origen de los ataques anti sindicales a Sánchez y al resto de los operarios hay que buscarlos a principios de este año, cuando los trabajadores de la autopartista Valeo realizaron un paro con toma de la fábrica por 18 días que consiguió la reincorporación de trabajadores despedidos y un aumento salarial por encima de lo acordado por UOM. Luego de estos hechos comenzaron las denuncias contra Sánchez Zárate y otros delegados y activistas de la fábrica. Estos obreros rebeldes no podían transformarse en un ejemplo para una rama que está suspendiendo y despidiendo personal. No podían hacerlo impunemente al menos. Por eso intervino la Justicia de la Provincia de Córdoba de reconocido perfil anti sindical.
Despidos
A lo largo del año, la fábrica avanzó con el despido de trabajadores. Empezó con 60 contratados y luego pasó a despedir 35 efectivos. Algunos de ellos atestiguaron a favor de Sánchez Zárate en la causa penal.
Hoy el conflicto se encuentra en Conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación pero que no retrotrae la situación a origen del conflicto sino que evita restituir a los obreros a sus puestos de trabajo, “es una conciliación a favor de la patronal” señala el delegado. La cartera laboral de la provincia a cargo del Ministro Adrián Brito abandonó la mediación acusando a los delegados de intransigencia.
Según vienen denunciando los trabajadores, los despidos, además de ser parte de una persecución gremial, tienen que ver con las intenciones de la empresa de bajar el costo laboral. Busca ocupar los puestos de los efectivos despedidos con personal contratado. Sánchez Zárate reafirma esas versiones y agrega que saben de capacitaciones que está realizando la empresa. Sostienen los obreros que es la Consultora Staff la que está haciendo una pre selección para esos puestos de trabajo. Al momento son casi 100 las familias que se quedaron sin su fuente laboral.
