Las concesiones brindadas a empresas trasnacionales han traído como consecuencia el desastre medioambiental y ruptura del tejido social de las comunidades indígenas y rurales del territorio oaxaqueño, principalmente del pueblo zapoteco.
Martes 19 de febrero de 2019
Arbitrariedad, omisión y complicidad de las autoridades y de las empresas involucradas en la explotación del suelo, han llevado al atropello de los derechos de las y los miembros de estas comunidades.
Esto aun cuando diversos tratados internacionales, de los cuales México es parte, determinan la obligatoriedad de la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que puedan afectarlos de manera directa. Una evidencia de que hecha la ley, hecha la trampa, siempre a favor de los poderosos.
La regulación de territorios del Estado, que rompe con el ejido comunal para dividirlo entre individuos y familias, ha provocado que quienes están de acuerdo con la minería ofrezcan a la venta pedazos de terreno que el gobierno les consigna como propios y que luego las mineras reclaman para su uso.
Esto trae como consecuencia que personas dedicadas al cultivo de la tierra y no a la minería deban migrar para encontrar otros trabajos, ya que sus tierras son inutilizables mientras opera la extracción minera.
Los miembros de pueblos indígenas junto a organizaciones defensoras de derechos humanos se han movilizado en contra de la continuación del saqueo de las filiales mineras, principalmente canadienses y estadounidenses, pertenecientes a las compañías Fortune Silver Mines y Gold Resource Corp, respectivamente.
Entre 2009 y 2012, cuatro defensores de la tierra, entre ellos Bernardo Vázquez y Bernardo Méndez, perdieron la vida por la represión de su lucha a manos de grupos paramilitares de choque que pertenecen a las mismas empresas extractivas.
El interés de Estados Unidos en la minería mexicana y brasileña, principalmente, va de acuerdo con su escasez de minerales dentro de su propio territorio y cuya finalidad principal se concentra en la industria bélica.
Además de Estados Unidos y Canadá, empresas nacionales y de países como Perú y Australia también participan de le extracción minera en México e incumplen de la misma forma con los derechos de los pueblos indígenas.
Estos países fueron denunciados junto con instituciones y autoridades locales y con el gobierno federal, en el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca, realizado en julio del año pasado.
En su declaración del pasado 12 de diciembre los miembros del jurado declararon la petición de acabar con la extracción minera en todo el Oaxaca, demandando la garantía del respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
La incipiente aportación del 1 al 2% de los beneficios que obtienen las mineras en el territorio oaxaqueño no han servido para reconstruir las escuelas y viviendas que quedaron inutilizables desde los sismos de septiembre de 2017, ni han traído ningún beneficio para el pueblo oaxaqueño.
El pasado 24 de enero en conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador, ante el cuestionamiento de una reportera del panel afirmó que era responsabilidad del gobierno federal brindar apoyo a los afectados por los proyectos mineros.
Ya desde el pasado 20 de noviembre de 2018 Morena presentó una iniciativa para reformar la Ley Minera con mayor regulación por parte del Estado y la cancelación de concesiones en zonas inviables o en conflicto, lo que generó una baja en la inversión minera que de por sí ya lleva 5 años consecutivos de caídas.
El gobierno ha estado en contacto con la Cámara Minera de México (Camimex), que agrupa a 93% de las empresas mineras del país. Sin embargo, no ha participado en los acuerdos tomados en los espacios organizativos de los pueblos afectados.
Más allá del incierto apoyo del gobierno que aún no ha vuelto a decir algo al respecto, los únicos que pueden impedir que la violencia y la destrucción social y medio ambiental continúe son los pueblos indígenas organizados junto con los trabajadores de las minas en Oaxaca y el resto del país, mediante paros y huelgas que ejerzan una fuerte presión para exigir el cumplimiento de sus derechos.
