En una región como Valparaíso, con altos índices de pobreza, el tarifazo de la luz será de los más altos de todo el país (40%). Mientras el gobierno se excusa en la deuda, las empresas exigen su tajada del negocio de la privatización y son las familias pobres las que pagan los costos.
Miércoles 3 de julio
Ya se ha dicho todo sobre el tarifazo que afectará a las familias trabajadoras de todo el país. El alza de las cuentas de la luz es una discusión instalada y mientras el gobierno de Boric dice que “no hay plata” (a lo Milei), o que “deuda que no se paga, sale más cara”, son las familias trabajadoras las que pagan los costos de un negocio que garantiza enormes ganancias a empresas Que administran el monopolio de la energía eléctrica.
La región de Valparaíso será una de las más golpeadas por el alza de la electricidad junto a la de Atacama. Un alza del 40% en las cuentas de la luz, se vuelve un aumento significativo para familias que apenas llegan a fin de mes.
El gobierno ha pretendido paliar esta situación con un subsidio que alcanza solo al 40% más pobre y se niega a extenderlo.
Los parlamentarios, de gobierno y oposición votaron a favor de este reajuste, que posteriormente contempla dos alzas más en septiembre y enero, y desde el oficialismo ven con preocupación los costos electorales que esto pueda traer.
Valparaíso, una región clave para el sostén del FA, podría afectar enormemente si esta situación se llega a expresar electoralmente a través de un voto castigo.
Además, Valparaiso es una región donde la tasas de desempleo están sobre la media nacional, la pobreza multidimensional es alta y diversos factores como el enorme número de familias que habitan en campamentos o asentamientos irregulares, no se puede obviar.
Son estas familias, que poseen un presupuesto muy acotado, las que seguro deberán pensar dos veces cómo gastar sus escasos recursos. Si pagar una boleta de la luz o comprar alimentos.
El gobierno, de forma indolente habla de “pagar deudas”, pero este criterio parece solo aplicar para las familias trabajadoras, ya que no tuvo la misma vara para el salvataje de las ISAPRES a las que otorgó un plazo de hasta 13 años para devolver los dineros robados ilegalmente.
Así, de lo que se trata es de asegurar el negocio de las empresas de energía (producción, transporte y distribución), un monopolio privatizado durante la dictadura y la Concertación, a capitales extranjeros.
Frente a las alzas ¡hay que exigir el congelamiento de las tarifas eléctricas ahora! ¡Nacionalización del sistema energético bajo control de los trabajadores y las comunidades! ¡Basta de privilegiar el negocio de transnacionales como CGE (china) y o Enel (italia)!
