A días de las PASO 2021, la izquierda enfrenta un nuevo reto en el sur provincial y Malargüe no es la excepción. Para conocer más sobre los retos, desafíos y la mirada de la izquierda en el sur, dialogamos con Mauricio López, trabajador de la educación y precandidato a concejal por Malargüe.
Jueves 2 de septiembre de 2021 18:52
“Vamos por el desafío de construir, junto a Noelia Barbeito en el Congreso, Lautaro Jiménez en el Senado y Edgardo Videla en la Legislatura una tercera fuerza consecuente también en Malargüe, para ello es muy importante hacer una buena elección que nos permita superar el piso de las PASO”, apuntó Mauricio, quién al mismo tiempo adelantó algunas de las propuestas del FIT para ese departamento; “Porque queremos poner fin a los privilegios, vamos a proponer en el seno del concejo deliberante que todo funcionario político cobre lo mismo que una maestra. Queremos llegar al concejo deliberante para romper con una enorme historia de acuerdos a espaldas del pueblo entre peronistas y radicales, como sucedió hace muy poco con los pactos de megaminería y fracking entre Suarez y Sagasti. Nosotros defendemos la 7722 y el derecho a un ambiente sano, demostrándolo en la legislatura y en la calle”.
En lo que refiere a las condiciones laborales en la comuna, López agregó: “A nivel local creemos que hay que terminar con la precarización laboral y la tercerización en la municipalidad. Es urgente decretar el pase a planta permanente de planes de empleo, contratados de locación de servicios y contratados municipales, permanentemente utilizados como un instrumento de manipulación, que produce trabajadores esclavos subordinados a los antojos de la política. Exigimos y pretendemos llevar al HCD el reclamos para que se cumplan los acuerdos paritarios municipales y las regulaciones establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo firmado entre la comuna y su organización gremial, hasta hoy sistemáticamente incumplidas. De la misma manera que estamos impulsando el debate por la reducción de la jornada laboral, queremos promover que los trabajadores municipales que quieran terminar sus estudios y no tengan cómo sustentarlos, cuenten con una jornada reducida de trabajo con plenos derechos laborales, ya que la actual beca de fotocopias que otorga la comuna es una medida insuficiente”.
En lo que refiere a las arcas del municipio más rico de la provincia, Mauricio relató: “creemos que hay que establecer una tarifaria municipal en la que se logre una escala de tasas y servicios progresiva, donde se eliminen los enormes aumentos a los pequeños comerciantes y paguen más los casinos, bancos, entidades financieras y grandes empresas asentadas en Malargüe. Es inadmisible que el municipio más rico de la provincia cuente por ejemplo con la inmensa mayoría de sus trabajadores bajo la línea de pobreza. Para ello proponemos poner bajo el control de los trabajadores cada inversión presupuestaria municipal, poniendo fin a los gastos reservados del municipio, como así también revisar las licitaciones otorgadas por la comuna”.
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“En el marco de las propuestas para la gran mayoría de los trabajadores municipales, vamos a proponer la creación de una comisión obrera de seguridad laboral que se encargue de inspeccionar obras y reparticiones municipales para reducir los accidentes laborales y sus consecuencias. Creemos que se puede lograr además un servicio de transporte social para trabajadores municipales, que conecte la zona urbana con aquellas dependencias más alejadas”, completó.
Sobre la actual discusión sobre el ordenamiento territorial orientado al beneficio de unos pocos y a la especulación inmobiliaria, el FIT Unidad proponer re discutir ampliamente un genuino Plan de Ordenamiento Territorial que ponga límite a los privilegios y que aborde la propiedad de las tierras en la zona urbana y rural. “Es necesario poner fin a esta subordinación de nuestros pobladores a los intereses financieros de las compañías petroleras, a la ambición del capital megaminero, o a las apetencias de los terratenientes malayos que se han quedado, con la complicidad de los últimos gobiernos, con gran parte de nuestra cordillera y hoy cobran derechos de pastaje a las familias de crianceros, por ejemplo”, comenta Mauricio.
En cuanto a los derechos de la comunidad LGTBI, nuestro entrevistado señala: “Tenemos que declarar en Malargüe una genuina emergencia en violencia de género, como primer paso para avanzar en un Plan Departamental contra la Violencia de Género que enfrente todas las formas de violencia contra la mujer (en la casa, en la vía pública, laboral, obstétrica, etc.) y que defienda el derecho de las personas segregadas por su orientación sexual y/o su identidad de género al acceso en distintos ámbitos laborales”.
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“En lo cultural, nuestra mirada es clara; queremos a los trabajadores de la cultura en el centro de las decisiones que los incumben. Es urgente promover un Plan Municipal de Desarrollo Cultural descentralizado, con participación real de artistas locales en la gestión de proyectos y su ejecución, que busque además diversificación de propuestas y el enriquecimiento de la oferta actual: no queremos a los artistas solo presentes al momento de los festivales.”, agregó.
Siendo el principal productor provincial de gas, Malargüe padece la brutal inequidad de no estar conectado a la red provincial y cuenta con una enorme cantidad de familias de trabajadores que deben utilizar gas de garrafa o leña en los inviernos más fríos de la provincia. Al respecto, Mauricio señaló: “Vamos a acompañar la emergencia en el abastecimiento de gas. Exigiremos construcción del gasoducto que solucione esta grave problemática. Creemos que los costos ecológicos, culturales y el grave impacto ambiental que provocaría la mega obra de Portezuelo, podría ser prioridad un plan de obras públicas que dote de gas a todas las familias del departamento, entre otras cosas y de trabajo a miles.”
Culminando la entrevista, el precandidato del FIT Unidad, se refirió a las familias de la zona rural y las comunidades originarias: “Queremos que se discutan las demandas de territorio y autonomía de los pueblos originarios y los trabajadores rurales, que ven violados sus derechos por parte de jueces y fiscales. Propondremos la creación de una Comisión Independiente de Derechos de Pueblos Originarios y Ruralidad, coordinada por las comunidades, integrada por organizaciones sociales y de derechos humanos entre otras”.