Cámara: Dolores Con y Romeo Guerra
Edición: Romeo Guerra
A fines del mes pasado, la Agencia Nacional de Discapacidad emitió la resolución 268/2018 a través de la cual establece aplicar un decreto menemista (432/97) totalmente restrictivo para el pago en las pensiones no contributivas, entre ellas las de discapacidad.
Esta medida tiene un único objetivo: ajustar. El Estado pretende cortar un 10% del total de las pensiones (que son 1.056.504) para “ahorrarse” unos 8 mil millones de pesos, siguiendo un pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI).
De aprobarse en el Senado el Presupuesto 2019, que obtuvo media sanción en Diputados gracias a la ayuda de los gobernadores y un sector del peronismo, el ataque hacia las condiciones de vida de las personas con discapacidad será aún mayor. A esto hay que sumarle el impacto social sobre ellas y su entorno familiar porque estamos hablando de personas que en muchos casos dependen de ese ingreso casi exclusivamente para sobrevivir.
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Varina Suleiman es abogada por la Universidad Nacional del Litoral, Máster en Derecho Público y Organización Administrativa (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona . Docente en la carrera de Derecho de la U.B.A. y de la U.A.D.E. Abogada de Asociación de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y Fundación Rumbos.
Presentamos aquí sus principales ideas:
Hemos pedido que la Cámara de Apelaciones suspenda la ejecución de la resolución pero sabemos por la gente que nos está llamando y nos manda fotos de los telegramas que recibe que se está aplicando a rajatabla. Pueden hacerlo porque todavía la justicia no se expidió y eso lamentablemente les da a ellos el marco para hacerlo. Alrededor de un millón son las pensiones otorgadas, pero no todas están afectadas. El número no lo podemos saber con precisión, pero lo que sí sabemos es lo que ellos informan en el expediente. Son algunas del 2017 (alrededor de 80.000). Pero no están contempladas las del 2016. Así que pensamos que podríamos estar hablando de unas 150.000. El Estado utiliza un decreto de la época del menemismo (432/97) que establece criterios muy restrictivos. Más allá de esos criterios, hay una cuestión de concepción y es que habla de ’invalidez laboral’. Entonces, es una pensión que no se da a las personas con discapacidad, sino a aquellas personas que no pueden seguir trabajando. Un niño tiene prohibición de trabajar, con lo cual no sería sujeto destinatario de esta pensión. Prácticamente se ha establecido un requisito de indigencia. Es decir, tenés que estar muy mal para que te toque la pensión que tampoco viene a resolverte la vida porque es alrededor de $ 5.800. La función que cumple la pensión es mitigar el impacto que tiene sobre las economías de las familias con personas con discapacidad los mayores gastos de esa discapacidad, para de algún modo ponerla en igualdad de condiciones con otras familias. ¿Cuáles son los requisitos que establece el decreto?
Si vos tenés algún familiar que está obligado a prestarte alimentos por el Código Civil no podes cobrar la pensión. No puede haber dos beneficiarios dentro del núcleo familiar. Por ejemplo, si una pareja de ciegos se casa entonces ya no pueden tener los dos la pensión. Esto hace que no puedan decidir libremente casarse o no porque perderían la pensión. Otro requisito es que la persona no sea propietario de un automotor de determinada antigüedad. Vamos a suponer una familia que tiene un niño con trastornos del espectro autista. En ese tipo de discapacidad el niño tiene que ir a distintas terapias (cognitiva, conductual, terapia ocupacional, psicóloga, más maestra integradora). El niño va a diferentes lugares, gabinetes. La mamá que lo tiene que llevar necesita un auto, no es un lujo. Ni que hablar de las personas que usan sillas de ruedas. No existen micros adaptados con la frecuencia que debería haber. Imaginate una persona con sillas de ruedas queriendo subir al tren Sarmiento en hora pico. El auto es una necesidad para esa persona. Y la causal más grosera de caducidad es la que dice que si la persona no va a cobrar por tres meses, esa pensión caducó. Se desconoce así la realidad de muchas discapacidades, por ejemplo de aquellas personas que están internadas en clínicas psiquiátricas que a veces no pueden salir y no tienen lazos de contención con personas que puedan ir a cobrar. Lo más grave es que esto presume una renuncia, pero los derechos humanos son irrenunciables. Cualquier estudiante de derecho se da cuenta de que esto no puede ser así. Más allá de estas restricciones, hay una cosa conceptual que es la idea de “contener la pobreza”. Entre Bullrich y Stanley están hablando de cómo contener la pobreza, pero para que no haya un estallido social, no para darles dignidad. Además, es una concepción que viola todos los derechos humanos, sobre todo los de no regresividad, porque quita derechos que estaban incorporados ya al patrimonio de esas personas. Hay una voluntad política de no pagarlas. Hay un prejuicio muy grave que une la discapacidad con la vagancia que es una violación por parte del Estado, porque está obligado, por parte de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas) a llevar toma de conciencia y sensibilización sobre el tema. Hace poco en Mar del Plata un policía le pegó a un nene con discapacidad. ¿De dónde baja esa línea si el propio Estado no promueve ni garantiza esa sensibilización? En la Agencia Nacional de Discapacidad se despidió a muchos empleados y la forma era brutal: un policía en la puerta despidiéndolos. Eso hace que haya demoras en el otorgamiento de las pensiones porque ¿Quién carga los datos? ¿Quién mueve el expediente? No hay dinero para otorgar beneficios, pero sí hay dinero para que el Estado contrate a una multinacional (NdR: KPMG a la que le pagará $ 5.849.745 de honorarios) para auditar las pensiones con el objetivo de quitar beneficios. Queda tan clara la intención. Desde REDI hemos hecho una pedido de acceso a la información pública, tanto al titular de la Agencia como al titular de contrataciones, haciéndoles saber que van a firmar un contrato para aplicar una norma que es inconstitucional porque el chequeo lo van a hacer este decreto del año 97 del que veníamos hablando que ya fue observado dos veces por Naciones Unidas, el año pasado y este, que les está diciendo que no lo apliquen y les está preguntando si saben cómo va a quedar la situación de esas personas y si tienen medido el impacto social que estas quitas causan. Las personas que dejen de cobrar la pensión van a perder beneficios sanitarios, en realidad van a perder derechos, porque ya no van a tener el programa “Incluir Salud” (NdR: es la cobertura estatal de salud), que aunque no está pagando a los proveedores, algunas prestaciones todavía da. Por esta razón, no me gusta hablar de ajuste, porque lo que hay es pérdida de derechos. Esas personas van a tener que ir a los hospitales, que ya sabemos cómo están, por ejemplo lo que está pasando con el Hospital Posadas. Pero además, hay prestaciones que no hay en hospitales, ni hablar de las personas que concurren a centros de días o los niños que necesitan maestra integradora. Con respecto al Presupuesto 2019, para ajustar claramente hay sectores sobre cuales hacerlo y que ganaron: campo, entidades financieras y actividades extractivas. Lo que tendrían que hacer los diputados y senadores si fueran responsables y no estuvieran pensando en 2019 es elaborar un presupuesto donde contemplen ingresos extraordinarios para paliar esta crisis a cargo de estos sectores. Por ejemplo: imponer tributos extraordinarios y excepcionales. Están atribuidos por la Constitución para hacerlo. En la última sesión de la Cámara de Diputados, Martín Lousteau, diputado nacional (Evolución), votó a favor del proyecto oficial e hizo declaraciones prejuiciosas y discriminatorias hacia las personas con discapacidad. Dijo que en Argentina había unas “800 mil pensiones por discapacidad de más” y que deberíamos “revisar cómo gastamos ese dinero y ser rigurosos”. Este diputado, que lidera un espacio político que se abstuvo de votar un Código de Edificación en detrimento de las personas con discapacidad y a favor de la inversión inmobiliaria, prejuzgó sin siquiera conocer la cantidad de personas con discapacidad que hay en Argentina. ¿De dónde saca esos números si no hay censo actualizado? Queda al desnudo que actúa como un vocero de la campaña de estigmatización gubernamental en el contexto de la Argentina del desempleo, del incumplimiento de la ley de cupo laboral por parte del Estado para personas con discapacidad, de la falta de cobertura de prestaciones de salud y de pobreza. No podemos sino repudiar sus declaraciones. La canasta de una persona con discapacidad debería ser equivalente a tres canastas de una familia común (NdR: que según últimas mediciones del Indec es de $ 22.558). Además, muchas veces las personas con discapacidad requieren de cuidados y muchas veces esas tareas quedan a cargo de las mujeres. Esas mujeres pierdan la posibilidad de tener un trabajo a tiempo completo. Entonces no hay que ver solamente los gastos de una familia con discapacidad, sino también lo que deja de ’ganar’. Las personas con discapacidad hace muchos años que vienen olvidadas y relegadas por el Gobierno. Y ahora se agravo con esta quita. Pero hay que saber que lo se daba antes tampoco era suficiente. El decreto que mencionábamos ya había sido observado en 2012, por Naciones Unidas, cuando no estaba está gestión. Siempre tomamos la discapacidad como parte de la diversidad humanas. Estamos hablando de personas que tienen derechos y tiene que haber un Estado que se los garantice y eso es a lo que nosotros aspiramos desde REDI.
