La policía montó un operativo de 700 efectivos y desalojó a manifestantes que bloqueaban la carretera Panamericana Norte contra el aumento de los peajes.
Jueves 5 de enero de 2017
Alrededor de 1000 personas participaron de la protesta que consistió en el corte de la circulación de la autopista a la altura del municipio de Puente Piedra, en el norte de la capital peruana.
El motivo del bloqueo fue la habilitación por parte de la concesionaria vial Rutas de Lima, propiedad de la empresa brasileña Odebrecht, de un nuevo peaje a aproximadamente un kilómetro de otro ya existente, unido al aumento de la tarifa en 0,50 soles (0,15 soles) hasta alcanzar los 5 soles (1,48 dólares).
En medio de la protesta se incendiaron 5 garitas de cobro del nuevo peaje instalado en la zona. Frente al desalojo, los manifestantes respondieron lanzando piedras, objetos contundentes y bombas incendiarias de fabricación casera contra los agentes antidisturbios de la Policía Nacional del Perú (PNP) que pretendían reprimir la protesta con gases lacrimógenos, lo que dejó cinco agentes heridos por contusiones.
Begazo aseguró al Canal N de televisión que la situación está controlada gracias a un contingente de 700 policías desplegados en la zona, pero con "tensa calma". Rutas de Lima lamentó los hechos ocurridos y argumentó que el esquema tarifario y la colocación del "peaje espejo" atacado están establecidos en el contrato suscrito con la Municipalidad de Lima en 2013.
Por su partes, la Municipalidad de Lima indicó en un comunicado que está obligada a respetar el contrato con Rutas de Lima porque este contempla penalidades para el consistorio limeño en caso de un incumplimiento de las cláusulas. "Hay una serie de obligaciones y lo que se ha hecho es aplicar ese contrato. La gestión actual está maniatada. Nosotros no podemos modificar absolutamente nada".
Uno de los organizadores de la protesta, Juan Valera, aseguró que la protesta, convocada mediante redes sociales, "es justa", aunque reconoció "un exceso que no se ha podido controlar" porque acusó a la Policía de infiltrarse en la movilización para tornarla violenta. Los manifestantes detenidos podrían ser condenados a penas de hasta 8 años de cárcel.
Entre tanto el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pidió calma a la población e indicó que en los próximos días su despacho "se pronunciará sobre la ausencia de un regulador en la relación usuario-concesionario, no solo en la vía Panamericana Norte, sino en todas las que existen en Lima".
