El informe del Ministerio Público revela un aumento de 7 muertos desde el pasado 26 de abril cuando contabilizaba 28 fallecidos, en el marco del aumento de la escalada represiva del Estado.
Milton D’León Caracas / @MiltonDLeon
Viernes 5 de mayo de 2017
Un total de 35 personas fallecidas y 717 heridas son las cifras que registra el Ministerio Público, dirigido por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz como consecuencia de las manifestaciones desde abril y hasta este jueves 4 de mayo en horas de la mañana. Aunque de estas personas fallecidas no todas murieron en manifestaciones, sino que existen casos por saqueos que tanto el gobierno como la oposición aglutinada en la derechista MUD condenan, donde la derecha incluso no hace la menor mención a dichas muertes. También se dan diversos casos en que las víctimas son producto de acciones de grupos ligados al chavismo como los vinculados a la oposición de la MUD.
De acuerdo al informe de la Fiscalía, de los 35 fallecimientos, 18 ocurrieron en el Área Metropolitana de Caracas, 6 en el estado Carabobo, 5 en el estado Lara, 2 en el estado Mérida e igual cantidad en el céntrico estado Miranda, además de uno en Barinas y otro en Táchira. Además, indica que de ese número de víctimas, cuatro eran adolescentes, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana y un efectivo de la Policía del estado Carabobo. Se informa también que por distintos hechos hay 152 personas detenidas y estarían por ejecutarse 18 órdenes de aprehensión.
Aunque otras fuentes indican que los fallecidos llegan a 39 personas, los números difieren en que, de acuerdo a cómo lo determine la Fiscalía, están relacionados directamente o no a las manifestaciones que se realizan, o por cuestiones directamente políticas. Pues incluso contabilizan los que son producto de hechos “colaterales” como casos de arrollamiento de personas por autos que buscan salir intempestivamente de focos de represión, o por saqueos. Pero ya los casos de muertes, van reportándose al menos una diariamente, lo que indica los niveles de la escalada del conflicto en curso.
La represión brutal del Estado va en aumento en el marco de las marchas y manifestaciones organizadas por la MUD desde el pasado 1 de abril, cuando la situación política diera un salto luego que el Tribunal Supremo de Justicia lanzó dos sentencias que anulaban la inmunidad de los parlamentarios y la atribución de las competencias de la Asamblea Nacional al propio TSJ y al presidente Maduro. Una medida política de la que el gobierno de Maduro tuvo que retroceder expresando su mayor debilidad.
Recordemos que en el último informe oficial que diera personalmente la Fiscal General, había señalado que en las detenciones se estaba violando el debido proceso, remarcando que el debido proceso "es uno de los pocos derechos que no se puede suspender" y por el contrario "se debe garantizar" "incluso en los estados de excepción", como el que rige en Venezuela desde hace meses por dictamen del gobierno de Maduro. Este miércoles, de acuerdo a una entrevista al diario estadounidense The Wall Street Journal, que la Fiscal hasta el momento no ha desmentido, volvió a cuestionar a las fuerzas de represión del Estado, al declarar que “No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”. Al ser cuestionada por las situaciones de civiles que están siendo juzgados por tribunales militares, manifestó que “este es uno de los temas que el Estado tiene que ver con mucha preocupación”.
Este jueves, un dirigente estudiantil chavista de la Universidad Territorial José Antonio Anzoátegui, en el estado Anzoátegui, murió a causa de "varios disparos", según informó la Fiscalía. Incluso el diputado opositor, José Brito, en nota de prensa, había indicado que era afecto al chavismo. En un comunicado, la Fiscalía señaló que de acuerdo con la información preliminar, Juan López Manjares, de 33 años, y presidente de la Federación de Centros Universitarios de la mencionada universidad, "se encontraba en una asamblea estudiantil" y al "finalizar, uno de los asistentes se le acercó y le propinó varios disparos". El día anterior, miércoles, se anunciaba la muerte de un joven en Caracas en el marco de las protestas que realizaba la oposición, cuando un perdigón de plomo lo impactó en el cuello.
Este jueves, si bien no se desarrollaron marchas de carácter nacional, la oposición decidió activar la fuerza que cuenta en el movimiento estudiantil en importantes y tradicionales universidades del país. El caso más emblemático de represión se dio en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, donde los estudiantes decidieron marchar hacia la sede del Ministerio del Interior, pero se encontraron bloqueados apenas al salir de la Universidad, desatándose una fuerte represión. Aunque en estas manifestaciones no se reportó ningún muerto, resultaron 14 jóvenes heridos por la arremetida de los cuerpos de seguridad del Estado.
Este mismo día, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, además de las protestas antigubernamentales se desarrollaron saqueos que los propios dirigentes de la oposición salieron a repudiar, como ya lo había hecho Capriles en algunos hechos que se habían desarrollado en puntos en el área metropolitana de Caracas, aludiendo incluso a que eran provocados por el gobierno, e hizo oídos sordos a los que habían fallecidos por electrocución cuando 8 personas murieron saqueando una panadería.
Lo mismo hizo este jueves uno de los representantes de Primero Justicia, el mismo de Capriles, cuando declaró que "Los carabobeños en zozobra por la actuación de estos vándalos que han destruido lo que se les atraviesa sin freno alguno. Rechazo contundente", y que "los saqueadores" no son manifestantes sino "vándalos que los organismos de seguridad les ha dejado actuar en libre albedrío". Es decir, cuando por hambre se llevan acciones de saqueo, incluso cuando hay muertos de por medio, vemos cómo la oposición muestra su verdadera cara patronal y muestra su rostro oculto que cuando le tocan sus intereses avala la represión y las muertes.
Hay que rechazar y denunciar con contundencia la represión y asesinatos que lleva el Estado, así como defender enfáticamente el pleno derecho a manifestarse y marchar. Repudiamos las violentas represiones que lleva adelante el gobierno de Maduro y los recientes asesinatos en las manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad. También denunciamos los grupos de choque que se organizan desde el chavismo e incluso desde la oposición derechista, tal como pareciera ser el caso las muertes ocurridas en la ciudad de Mérida a comienzos de abril o el reciente caso del estado Anzoátegui.
De la misma manera llamamos a repudiar el Estado de excepción que rige en el país desde hace más de un año, que suspende toda una serie de garantías democráticas y otros derechos elementales, especialmente sobre los trabajadores y sectores populares, con la militarización que busca amedrentar en los lugares de trabajo y barrios populares donde más golpea la crisis económica y carestía de productos básicos. También rechazamos la aplicación del "Plan Zamora" para un mayor "control interno" de las Fuerzas Armadas y organismos de represión.
