DECLARACIÓN POLÍTICA. Venezuela: necesitamos medidas extraordinarias que no profundicen la catástrofe que ya vivimos

Está en pleno inicio en el país la crisis por la pandemia del coronavirus Covid-19. Según las cifras del Gobierno, en siete días (hasta el 19/03) van 42 casos confirmados, aun cuando hay muchas dudas razonables sobre esos datos, muestran el potencial expansivo del contagio. En otras partes del mundo ha causado estragos por razones como dar prioridad a los intereses empresariales, el mal estado de los sistemas de salud pública o la gestión burocrático-autoritaria de los gobiernos. En Venezuela tenemos todo eso y más: preexiste ya un colapso de la economía, de los servicios y una catástrofe social instalada, a lo que se suman las “sanciones” impuestas por los EE.UU., apoyadas por la oposición. El país es mucho más vulnerable que otros.

En esas circunstancias, esta crisis que no se agota en lo sanitario, sino que trae profundos impactos en la economía de los países y de las personas, puede redoblar drásticamente los problemas económicos y sociales del pueblo venezolano, ¡como si ya no tuviéramos suficientes! Por eso plantemos una serie de consideraciones y medidas de emergencia que deberían ser tomadas y que los trabajadores y sectores populares debemos exigir, para evitar que a los ya fuertes padecimientos que arrastramos se le agreguen otros peores. En diversas partes del mundo se empiezan a tomar y discutir medidas extraordinarias impensables hace apenas unos días, aquí no puede ser que lo único “drástico y necesario” sea la cuarentena (sin ninguna preparación ni garantías a los más vulnerables), mayor control policial de la población y más autoritarismo. Hacen falta otro tipo de medidas y otro tipo de actores (los trabajadores y comunidades) para disponer de los recursos y condiciones para proteger al pueblo. ¡A grandes problemas, grandes respuestas!

La realidad en la que aterriza este peligro en el país es la siguiente:

• La situación crítica de la salud: hospitales carentes hasta de los equipos e insumos más básicos, incluso en muchos casos sin baños, agua ni electricidad constante; severa escasez de medicamentos y costos inalcanzables para el bolsillo popular; desmantelamiento de los seguros de HCM con que contaban muchos trabajadores; vaciamiento de trabajadores y especialistas por las masivas renuncias y la emigración. Profundizando la división entre una salud “de primera”, privada y carísima, para el pequeño sector de la población que puede pagarla, y una desprotección enorme para el resto. Ese es el sistema de salud que, según el gobierno, está “preparado” para afrontar la crisis: hoy mismo, apenas comenzando la contingencia, ya afloran múltiples denuncias por falta de exámenes diagnósticos, agua y otras condiciones mínimas de higiene y bioseguridad para atender la pandemia.

• Largos años de saqueo de la renta y ajustes económicos nos exponen en grado sumo. La vulnerabilidad no cae del cielo. Si en otros países esta pandemia devela el daño que décadas de recortes neoliberales le hicieron a los sistemas de salud, aquí la salud pública está en ruinas porque durante años el Gobierno privilegió el pago de la deuda externa, y porque durante década y media se permitió un perverso saqueo de la renta petrolera por parte de empresarios, banqueros y altos burócratas que se la llevaron al exterior. Todos esos recursos hacían falta para salud, electricidad, agua, alimentación, transporte, etc., que están por el suelo y en esta emergencia hacen falta más que nunca. Además Maduro le declaró la guerra a los derechos de la clase trabajadora, desconociéndolos. Entre Gobierno y empresarios nos impusieron salarios de hambre, hiperinflación, destrucción del bolívar y dolarización de los precios. ¡Por todo eso es que esta emergencia agarra al pueblo venezolano con este nivel de extrema vulnerabilidad!

• Una mayoría del pueblo está en condiciones de pobreza, mucha gente vive al día, consiguiendo diariamente el dinero o la comida necesaria. Con esa realidad y la precaria capacidad para adquirir alimentos y medicinas a largo plazo, ¿cómo sobrellevarán muchos la cuarentena? Muchas ciudades dependen de lo que llega desde Colombia y Brasil, ¿cómo harán con cuarentena y fronteras cerradas? Aquí juega un papel la criminal política de Duque de no coordinar con el gobierno de Maduro. Agreguemos que mientras para afrontar el virus es clave tener un sistema inmunológico fuerte, 1 de cada 3 venezolanos (9,3 millones de personas) padece de alimentación deficiente o directamente desnutrición.

• El país está sometido a diversas “sanciones” económicas, en un claro ejercicio de prepotencia y agresión imperialista para conseguir sus propios fines políticos. Aun cuando la catástrofe económica y social ya existía, tales imposiciones profundizan las penurias del pueblo, al tiempo que hipócritamente ofrecen “ayuda humanitaria”. Esa es la miserable política de Guaidó: aun en esta emergencia, apoya la confiscación de bienes y retención de recursos nacionales, bloqueo financiero y bloqueo comercial parcial, mientras promete “ayuda humanitaria” de los mismos que asfixian la economía del país.

• El gobierno de Maduro lleva años ocultando datos de la economía, lo social y la salud. Baste un ejemplo muy pertinente: ¡el boletín epidemiológico no se publica desde 2016, y a la ministra que lo publicó la destituyeron! ¡Hoy mismo, con montajes de poca monta, intenta miserablemente desmentir y ocultar la realidad de trabajadores de la salud afectados!

• El autoritarismo gubernamental persigue y busca acallar a quienes revelan la situación de la salud: los periodistas y los trabajadores del sector son las primeras víctimas de esto. Ya hay casos de periodistas perseguidos o intimidados, dos trabajadores de la salud (en San Cristóbal y Maturín) están detenidos por exigir condiciones mínimas de bioseguridad. Se impone la coacción en muchos hospitales y ambulatorios, ¡han llegado a decomisar celulares a los trabajadores para supervisar qué están discutiendo o comunicando!

• Un minúsculo sector del país tiene en sus manos enormes recursos mientras el resto padece. En medio de la crisis que arrastramos, banqueros, empresarios, grandes comerciantes y altos jerarcas del gobierno han salido airosos con sus negocios y ganancias, además, con la descomunal fuga de capitales amasaron grandes fortunas en el exterior. ¡Esos recursos son hoy más que nunca necesarios para la redoblada emergencia de salud y social en ciernes!

• Mientras el pueblo paga impuestos, los empresarios nacionales, y en especial los capitales extranjeros, han sido exonerados, con lo que sus ganancias quedan libres de contribuir al Estado, que está quebrado.

Si toda esta realidad se mantiene así, no solo no va a haber ningún “combate” exitoso a esta amenaza, sino que vamos a un escenario más terrible para el pueblo. Si nada de esto cambia, la situación será de mayores penurias. Es por eso que proponemos exigir medidas de emergencia para garantizar un fortalecimiento rápido del sistema público de salud y ponerlo a tono con las necesidades, y para atender todas las necesidades económicas y sociales de las mayorías del país.

1. Todos los recursos del sector privado asociados a la salud y susceptibles de usarse para responder a la emergencia, deben ser centralizados por el sector público y que sean comités de los propios trabajadores de la salud y especialistas quienes controlen su uso, no los burócratas ni los militares. Instalaciones, insumos y equipos de las clínicas, de los hoteles, los laboratorios, empresas que fabriquen o puedan reconvertirse para fabricar tapacocas, guantes, alcohol, jabón, sanitarios, camas, etc., las farmacias y sus insumos, todo eso debe estar disponible como recursos públicos para la emergencia. ¡La vida y la salud del pueblo deben estar por encima del interés de ganancia empresarial!

2. Distribución masiva y gratuita a la población de los implementos básicos para prevenir y combatir el virus. El Gobierno acordó con los empresarios de farmacias un compromiso de “precios accesibles”, es decir, además de que ya han obtenido ganancias extraordinarias con las compras inusitadas, se les deja seguir ganando con la necesidad: ¡en una simple mascarilla, un frasco de alcohol y una barra de jabón se va más del sueldo mínimo mensual! Productos que además ya no se consiguen hace días, y esto apenas comienza. El Gobierno instruyó la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Con la centralización de recursos que proponemos, se debe garantizar la producción y distribución gratuita y masiva de esas cuestiones elementales y necesarias.

3. Garantizar la aplicación masiva de las pruebas de descarte del virus. Han dispuesto la cuarentena en todo el país, una de las principales medidas recomendadas para minimizar la propagación, pero no es suficiente, además, hay decenas de miles que están fuera de cuarentena: los trabajadores de la salud, los de la producción y los servicios indispensables. La OMS y la experiencia de otros países aconsejan lo fundamental de las pruebas tempranas de diagnóstico en todas las personas que presenten posibles síntomas, así sean leves. Eso no se está garantizando, a muchos posibles casos, incluso bajo hospitalización, no le están haciendo el despistaje.

4. Aumento sustancial ya de los recursos económicos destinados a la salud. Hace mucho que el sistema de salud requiere con urgencia recursos, más urgente es ahora. Ya está ocurriendo que pruebas o estudios necesarios para tratar las afecciones asociadas al virus están quedando a la suerte de que las personas puedan pagárselos en el sector privado, porque no los garantizan los hospitales. Tomando todas las medidas extraordinarias necesarias, debe garantizarse un fuerte aumento cualitativo en la inyección de recursos para el sector.

5. Garantías mínimas a los trabajadores de la salud y refuerzo del personal. El Gobierno no está garantizando a los trabajadores del sector las condiciones de bioseguridad elementales, exponiéndolos a ellos, a sus familiares y al resto de la población, pudiendo convertirse en un canal de propagación del contagio. Peor aún, en algunos casos ha amenazado con despidos o detenido a quienes piden esas condiciones. Una irracionalidad, lo que se necesita hoy es incorporar más trabajadores del sector y garantizarles un ingreso digno y condiciones básicas de protección. ¡Basta de persecución! ¡Libertad plena ya a los trabajadores de la salud detenidos!

6. Prohibición de despidos, ingreso no menor al costo de la canasta básica para los trabajadores dependientes y por cuenta propia. Son decenas de miles los que no tendrán como sobrellevar las necesidades básicas durante la cuarentena. El Estado y los empresarios deben garantizar a los asalariados un ingreso que cubra como mínimo el costo de la canasta básica: alimentos, medicina, transporte y servicios. Y lo mismo a los no-dependientes mientras no puedan laborar. Es decir, algo muy superior al pírrico monto que se otorga hoy por los “bonos de la patria”.

7. Centralización en el sector público y bajo verdadero control de los trabajadores, de toda la producción requerida para cubrir las necesidades del pueblo. A pesar del terrible colapso económico, en el país se sigue produciendo y también hay capacidad instalada sin uso. Muchas y grandes cosas se podrían hacer para elaborar y distribuir productos asociados a la salud y a la alimentación, si el empleo de esos recursos no estuviera limitado, por un lado, por las decisiones del capital privado –solo interesado en sus ganancias–, y por el otro, por las de los burócratas gubernamentales que conducen las empresas públicas. ¡Si los propios trabajadores tienen comités que ejerzan el control de la producción y que puedan poner en práctica sus diferentes iniciativas, muchas necesidades populares de hoy se pueden cubrir! En las empresas públicas eso requiere sobreponerse al autoritarismo de quienes las dirigen. En el sector privado, quienes se nieguen a ese control, deben ser advertidos de expropiación sin indemnización. ¡Ya basta de mandar al muere al pueblo trabajador porque siempre son más importantes las razones de los empresarios o de los burócratas del gobierno!

8. Control de la distribución y de los precios de alimentos y medicinas por los propios trabajadores y las comunidades conformados en comités para ese fin. ¿Hasta cuándo va a sangrar el pueblo porque se antepone el lucro privado? ¡Y más aún en estas circunstancias! Todos los precios de los bienes de primera necesidad deben ser revisados y fijados por esos comités, así como la distribución, teniendo acceso a toda la información sobre los niveles de ganancia, de producción y de stock, lugares de almacenamiento, cadena de producción y distribución, para evitar mentiras, chantajes y mafias. Ni bajo control de los empresarios ni de los militares y burócratas.

9. Impuestos a las ganancias y grandes capitales nacionales y extranjeros, para financiar la emergencia de la salud y las necesidades del pueblo. ¡Ya basta de alcahuetería con los empresarios y meter mano al maltrecho bolsillo del pueblo! ¿Cómo es posible que sigan exonerados de impuestos en medio de las calamidades del país?

10. Repatriación forzada de capitales. Conminar a todos los que desangraron al país a traer todos esos recursos que hacen falta con tanta urgencia, o caso contrario, estatizar sus bienes en el país y enjuiciarlos con pena de prisión. Lo que ha causado ese desfalco al país, y lo que aún pueden causar, es drástico, drásticas tienen que ser las medidas para revertirlo.

11. Desconocimiento y repudio de la deuda externa. Mientras para responder a la emergencia algunos países discuten medidas extraordinarias –como la posibilidad de estatizar grandes empresas o áreas de la economía– al gobierno de Maduro no se le ha ocurrido sino algo de la más rutinaria ortodoxia neoliberal: recurrir al Fondo Monetario. El país se terminó de arruinar y sumir en la tragedia por destinar los disminuidos recursos que tenía a satisfacer la usura del capital financiero. En nombre de la situación extraordinaria, Maduro pide endeudarnos más, cuando en nombre de la emergencia nacional lo que debiera es repudiarse esa deuda, de la que no se benefició el pueblo –sino los fugadólares– y que pesa brutalmente sobre las finanzas nacionales.

12. Abajo las sanciones imperialistas. Si antes de esta emergencia eran repudiables y criminales, hoy lo son en grado extremo. Debemos exigir con más fuerza que nunca el cese de esas medidas y repudiar con todo a los políticos que, como Guaidó, las aplauden.

13. Acceso a toda la información sobre la realidad de la situación. El pueblo venezolano tiene derecho a saber la verdad de la situación, lo pertinente o no de las medidas tomadas, si son realmente efectivas o no, etc. No puede quedar a expensas del secretismo oficial, que no tiene credenciales para pedir confianza en la materia. Tampoco víctima de posibles campañas de desinformación que se monten sobre la opacidad oficial. La clave para eso es ¡Cero censura ni persecución a los trabajadores de la salud y de la prensa! Eso implica exigir ¡Anulación de las leyes que criminalizan la información y la opinión! En diversas leyes el gobierno habla de contenido que “busca generar zozobra” o “alarma” en la población, e incluso de “terrorismo”, para calificar como delito este tipo de información.

14. Libertad inmediata y plena Rodney Álvarez, Rubén González y demás trabajadores presos por luchar. Si ya era deplorable que estén presos, mal alimentados y sin atención médica, por luchar por sus derechos, lo es más aún en estas circunstancias que los ponen en mayor riesgo.

15. No a la utilización del peligro para profundizar el autoritarismo y el control burocrático-militar de la población. El gobierno se siente en su elemento tomando las medidas de control policíaco desplegadas, aprovecha la ocasión para reforzar ese “estilo” de gobernar. Esta crisis apenas comienza, y si este gobierno se ha encargado de cercenar derechos democráticos a la organización sindical, asambleas y manifestación, no es de extrañar que ante descontentos por su gestión de la crisis y por los problemas agudos que puedan presentarse, intente reforzar su control represivo. Debemos rechazar eso de plano, lo peor en medio de esta situación es que la misma casta cívico-militar que ha llevado a la ruina el sistema de salud, acalle las exigencias legítimas del pueblo. No le otorgamos al gobierno más idoneidad y sensatez para decidir si debe realizarse o no una reunión, asamblea o manifestación, y en qué condiciones, que la que puedan tener las propias organizaciones en lucha y comunidades afectadas.

De conjunto, se trata de medidas de un programa propio de los trabajadores y el pueblo pobre para hacer frente a la pandemia, defender el derecho a la salud y a la vida, y posicionarse como un sujeto activo y actor clave en la situación, para evitar que esto venga a significar una profundización de la catástrofe social y sanitaria que ya venimos padeciendo.

Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)

19 de marzo de 2020