La Generalitat aprueba el decreto de la escuela inclusiva a la vez que recorta horas y mantiene en la precariedad a las y los profesionales que trabajan por ella. Las y los auxiliares de educación especial dicen basta.
Jueves 25 de octubre de 2018
Foto: Betevé
Hace unos días el programa de TV3 “sense ficció” volvía a abrir un debate social con la emisión del documental “Peixos d’aigua dolça (en aigua salada)” (“Peces de agua dulce (en agua salada)”). Un retrato de la vida de varias personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que, entre otras cosas, sacaba a la luz las dificultades que los menores en esta situación y sus familias encuentran a la hora de poder acceder a una escolarización que atienda sus necesidades.
En los últimos años, desde numerosas asociaciones de familiares y personas con necesidades especiales, en este caso educativas, se viene apostando por evitar la escolarización segregada. Las y los niños con TEA, TDAH, diversidad funcional, neuronal o psíquica tienen derecho a poder asistir a las mismas escuelas e institutos que el resto, algo que, si es correctamente atendido, se ha demostrado muy beneficioso para su socialización e integración social.
La concepción de la discapacidad se sustituye por la de la diversidad. La discapacidad no está en las personas hasta ahora consideradas así, sino que viene impuesta por una sociedad que se niega a disponer los medios y recursos para que cada cual pueda desarrollarse al máximo según su propia funcionalidad en un sentido amplio de la palabra: motriz, intelectual, psíquico o neuronal.
El año pasado, el gobierno de la Generalitat aprobó un decreto para regular la escuela inclusiva que, por primera vez, reconocía el derecho de todos los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales (NEE) a acceder a una escolarización ordinaria. De esta manera solo si hay acuerdo entre los equipos de asesoramiento psicopedagógico y la familia, se podría derivar a escuelas de educación especial a los estudiantes con NEE.
Sin embargo, en el primer curso de aplicación, este texto que sobre el papel recogía esta demanda histórica de entidades como las agrupadas en la Plataforma Ciudadana por una Escuela Inclusiva, se queda nuevamente en papel mojado. O lo que es peor, abre la puerta a una nueva vulneración de derechos de aquellos niños y niñas para los que no se dispongan los recursos necesarios para una satisfactoria adaptación a las escuelas ordinarias.
El govern de JxCat-ERC, siguiendo el historial marcado por los gobiernos de CiU y JxSí en los años anteriores, mantiene una infrafinanciación brutal de la educación pública. Según la Llei d’Educació Catalana (LEC) se debería destinar un 6% del PIB a esta partida, pero en la actualidad se queda en un mísero 2,04%, es decir un tercio de lo necesario.
Esto explica muchos de los problemas que más resonancia tienen de la educación pública catalana, como las tasas universitarias más altas del Estado o los niveles de precariedad laboral más brutales. Pero también otros, hasta ahora, menos conocidos. Entre ellos el hecho de que la llamada escuela inclusiva siga estando muy lejos de poder ser una realidad.
Mientras la matricula de alumnos con NEE viene aumentando, como constatan todos los docentes y equipos directivos que hemos consultado, los recursos destinados a su atención no lo hacen en la misma proporción, cuando no directamente disminuyen. Nos referimos a los psicólogos, logopedas, fisioterapeutas y otros profesionales, que, en el mejor de los casos, pueden pasar unas horas a la semana por cada centro. Y sobre todo a las y los llamados vetlladores, auxiliares de educación especial que acompañan a estos menores y que en la inmensa mayoría de los casos solo pueden hacerlo durante unas pocas clases a la semana.
Este curso, mientras se “estrenaba” el decreto de la escuela inclusiva, se aplicaba un recorte generalizado de horas de vetllador en casi todos los colegios e institutos públicos catalanes. Una situación que ha generado que este colectivo, diseminado individualmente o por parejas en centenares de centros, esté dando los primeros pasos en organizarse.
Nos encontramos con centros con hasta 20 niños con dictamen, en los que solo se conceden horas para un vetllador o vetlladora o una media jornada. Además, las condiciones laborales de estas trabajadoras y trabajadores son pésimas: bajo el “Convenio del Lleure”, uno de los peores del sector, con jornadas de entre 5 y 24 horas semanales, a veces en diferentes centros y siempre pendientes, cada mes de septiembre, de si este año mantendrán el trabajo, la misma jornada...
Todas y todos ellos trabajan para fundaciones y empresas del llamado “tercer sector”, sobre las que cada vez se conocen más sus prácticas anti-sindicales y el modelo de precariedad que imponen, lo que les convierte -junto con el servicio de comedor, extraescolares y limpieza y mantenimiento- en uno de los sectores más precarios de la educación.
No se disponen de todos los datos estadísticos sobre el aumento del alumnado con NEE, aunque algunos estudios dan luz sobre el tema en la misma dirección que los testimonios que se pueden recoger “a pie de aula”. Según el Observatorio del Sistema de Salud de Catalunya el diagnóstico de TDAH en menores aumentó en un 192% para los niños y un 111% para las niñas entre 2008 y 2015. La tendencia ascendente se observa también en el diagnóstico de TEA (Trastorno del Espectro Autista). Sin embargo el aumento de horas de vetllador en ese mismo mismo periodo fue tan solo del 34%.
Contra esta situación, en la escuela pública catalana aumentan las voces de protesta. Las Asociaciones de Familias de Alumnos (antiguas AMPAS) y sindicatos de profesores están impulsando una campaña por “comedores inclusivos” que exige, entre otras cosas, que esta figura sea también tenida en cuenta en la hora de la comida y el tiempo libre del medio día.
EP 👆
El proper dimecres
17 OCT-19h-C.Cívic Can deu📢Us convidem a l'acte públic:
" Escola Inclusiva, menjadors inclusius"US ESPEREM!#tombemdecretmenjador @debateducacio @DretsSocialsCAT @Fundperetarres @AssociacioSumem @SalutMentalCat @RosaSensat @EscolaInclusiva pic.twitter.com/bdp5Q12iLe
— FaPaC (@FaPaCcat) October 11, 2018
Además el 17 de noviembre diferentes sindicatos de enseñanza y otras organizaciones de la comunidad educativa convocan una manifestación en Barcelona para exigir que se cumpla el 6% del PIB de financiación para la educación pública catalana para atender, entre otras cosas, todas las necesidades no cubiertas en esta materia.
Sin embargo, como principal novedad, hay que destacar que más de un centenar de vetlladores y vetlladoras han creado la plataforma “Vetllador@s en Lluita”. Muchas y muchos de ellos trabajan solos en su centro y no conocen a sus compañeros de empresa (hoy son tres las que se reparten el pastel por licitación pública: Pere Tarrés, Bàsic y Fundiesplai). A pesar de estas dificultades, tirando de encuentros, reuniones y un grupo de whatsapp lograron realizar una una primera asamblea a finales de septiembre.
Si ets VETLLADORA i vols acabar amb la PRECARIETAT en el teu treball...NO FALTIS!!! pic.twitter.com/cffCDGsiB3
— Lluita Vetlladores (@LluitaV) 24 de septiembre de 2018
En ella plantearon algunas de sus principales reivindicaciones encaminadas a lograr una estabilización de su situación laboral, una mejora de sus condiciones y un mínimo de un o una vetlladora a jornada completa en cada centro. Pero sus demandas no son solo laborales, sino que están ligadas a una mejora general de los medios que podrían facilitar hacer bien su trabajo: que las y los niños con NEE puedan realmente acceder satisfactoriamente al derecho a una escolarización en un centro ordinario en plena igualdad de derechos. El próximo 10 de noviembre tienen previsto realizar una segunda asamblea en la que debatirán, entre otras cuestiones, que medidas de lucha emprenden para conseguir sus reivindicaciones.
No son el único foco de “precarios” que se enciende en educación. Este mismo jueves, los docentes de la UB, donde el 45% son profesores “asociados” con salarios de entre 300 y 600 euros, han convocado la primera huelga y asamblea general del curso contra la precariedad extrema que padecen. Que los sectores más precarios de la enseñanza pública comiencen a organizarse es sin duda una gran noticia y merecen el apoyo y la solidaridad de toda la comunidad educativa.
Todas estas luchas, junto a las reivindicaciones generales por el 6% del presupuesto, la reivindicación estudiantil de la gratuidad de la universidad y otras demandas más locales, deberían coordinarse para poder lograr torcer el brazo a un gobierno que mantiene el mismo rumbo neoliberal y de ajuste que los anteriores.
Una oportunidad será la propia manifestación del 17 de noviembre, donde las organizaciones sindicales convocantes deberían reservar un lugar destacado a estos colectivos en la marcha y el cierre de la misma, incorporar sus reivindicaciones y abrir un proceso de asambleas en los centros -donde también participen vetlladores, monitores y demás personal externalizado- de cara a preparar un plan de lucha serio por el 6% y todas las demandas de la comunidad educativa que parta de una jornada de huelga en toda la enseñanza.
#MUCE convoca manifestació per l'educació pública. Dissabte 17 a les 17h a Plaça Universitat. #VolemEl6PerCent #defensemlaPública #Revertimlesretallades pic.twitter.com/KDjm6bQaXO
— CGT Ensenyament (@CGTEnsenyament) 23 de octubre de 2018
Es necesario construir una lucha común de toda la comunidad educativa, que levante una plataforma con las reivindicaciones de todos los sectores, que asuma la pelea contra todas las formas de precariedad en la educación, por el fin de la externalización de profesionales como los vetlladores -que deberían pasar a una bolsa de empleo público- o el servicio de comedor, por la gratuidad de todos los tramos educativos, por el fin de los conciertos y por una financiación que garantice la reducción de los ratios, la apertura de nuevos centros y aulas y todas las medidas de apoyo necesarias para tener una enseñanza realmente inclusiva.
Solo desde la unidad en la lucha de toda la comunidad educativa podremos realmente conquistar una educación totalmente pública, laica, de calidad, para todos y todas y al servicio del pueblo, y ponerle el freno a un modelo de escuela pública que, más allá de los decretos para la galería, avanza hacia una escuela con cada vez menos medios, más presencia de la empresa privada, segregadora (con centros “de primera” y “de segunda”) y una precariedad laboral sin límite.
