PERSECUCIÓN DE MIGRANTES EN EE. UU.. Vía libre a Trump para perseguir a migrantes con "Regla de Carga Pública”

Donald Trump y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ya pueden disponer de una herramienta más en su afán de deshacerse de la mano de obra proveniente de su patio trasero latinoamericano.

Ahora se podrá facultar a la migra para que valore a aquellos que necesiten renovar su estatus de residencia en EE.UU y determinar si son aceptados o rechazados en función de que se determine si se han convertido o no en una “carga pública” para el Estado.

Un ataque anunciado

Ya desde agosto del año pasado el DHS había anunciado la emisión de la Regla de Carga Pública, la cual fue objeto de rechazo por diversas organizaciones defensoras de inmigrantes, las cuales promovieron juicios para bloquear su implementación, programada para el 15 de octubre. La promulgación de esta reglamentación represiva había sido detenida por diversos tribunales menores, pero Trump tiene la opción de solicitar la intervención de la Corte Suprema, cuyos magistrados han sido elegidos por él de modo que sean favorables a sus políticas.

Así, no conformes con la campaña de persecución y expulsión de migrantes, perseguidos ferozmente en las fronteras sur de EE.UU. y de México tanto por la migra estadounidense como por la Guardia Nacional del gobierno de López Obrador, la próxima aplicación de esta política buscará desalentar, por una parte, la solicitud de servicios asistenciales con el chantaje de negarles la “green card” si lo hacen, pero, por la otra, será una forma agresiva al servicio de la persecución al inmigrante de origen latinoamericano, al interior del territorio yanqui.

La tarjeta verde o green card les permite residir en EE.UU. y trabajar sin el temor a las redadas contra trabajadores indocumentados, como sucedió el 7 de agosto pasado en el estado de Mississippi, cuando extrajeron a 680 trabajadores de su lugar de trabajo.

Pero el mecanismo de acceso a estas tarjetas cambiará a partir de ahora como anunciaron los funcionarios de Trump:

Se otorgarán más tarjetas verdes a aquellos inmigrantes con una buena educación y una medida de autosuficiencia; pero se otorgarán menos a aquellos que (la reciben) simplemente porque alguien tiene un familiar en los Estados Unidos.

Esta regla de “carga pública” tiene viejos antecedentes, desde la Ley de Inmigración de 1891 y desde entonces se ha implementado de manera limitada. Se basa en determinar que un residente extranjero llegue a ser una “carga pública”, por el simple hecho de hacer uso de dos beneficios públicos federales a largo plazo, considerados como SSI (ingreso de seguridad suplementario), como solían ser los préstamos estatales para vivienda o por emergencia económica y los cupones de comida.

Pero la nueva regla aprobada este lunes 27, ha incorporado servicios no monetarios como el Medicaid, para apretar más la soga al cuello de la población humilde que lleva décadas trabajando en condiciones humildes y que aspira a nacionalizarse algún día.

La Ley de 1891 permitía la exclusión o deportación de personas consideradas como una carga para el bolsillo público. Pero se refería a "idiotas, locos, indigentes o personas que probablemente se conviertan en una carga pública". Ahora hay que agregar a esta lista a los trabajadores inmigrantes humildes provenientes del patio trasero estadounidense.

Los migrantes latinoamericanos serían los principales perjudicados

Pero para Trump y sus funcionarios, el Estado debe hacerse cargo lo menos posible en ayuda social, y para ello la salida es la discriminación xenófoba. En primer lugar, garantizar el nivel de vida de los blancos, anglo-sajones y protestantes, (conocidos como WASP, por sus siglas en inglés) que consisten en su principal base social, quedando los negros, latinos y demás minorías en un segundo plano y con riesgo de ser deportados al perder su residencia por vivir en la pobreza.

Las estimaciones de algunos investigadores indican que alrededor de 26 millones de personas se verían afectadas por esta nueva regla y aseguran que “creemos que es una regla por motivos raciales para cambiar la cara de quiénes somos como nación”.

Las estimaciones de los investigadores indican que alrededor de 26 millones de personas se verían afectadas por esta nueva regla y aseguran que “creemos que es una regla por motivos raciales para cambiar la cara de quiénes somos como nación”. [1]

Una acción complementaria a esta política consiste en alentar la inmigración de mano de obra extranjera debido a que sí requieren cubrir puestos de trabajo:

"durante un récord de 16 meses consecutivos, el número de empleos abiertos ha sido mayor que el número de personas que buscan trabajo. La economía de EE UU Tenía 7,4 millones de vacantes en junio, pero solo 6 millones de personas estaban buscando trabajo, según datos publicados por el Departamento de Trabajo de EE. UU. [2]

Pero según la visión de Trump y la patronal estadounidense, los trabajadores que provienen de los sectores más devastados por la penetración imperialista en el patio trasero latinoamericano, no tienen derecho a rellenar los huecos dejados por los millones que ya no buscan trabajos mal pagados ya sea porque se jubilen o porque se están preparando para incursionar en niveles superiores de la estructura laboral.

Los ideólogos de la patronal yanqui ahora prefieren explorar una opción que les garantice una mano de obra "menos pobre y menos analfabeta". Por ello han volteado las miradas hacia los inmigrantes de Europa y Canadá, quienes tienen menos probabilidades de enfrentar problemas económicos bajo las nuevas regulaciones, pues según un estudio, casi tres cuartos de los recién llegados de México, Centroamérica y el Caribe tienen ingresos relativamente modestos que pondrían en peligro sus posibilidades de mantener una tarjeta verde.

Así la orientación del Estado bajo Trump preferiría que entraran millones de trabajadores de Europa y Canadá, mejor calificados y con la barrera idiomática franqueada, y pagarles salarios superiores con el pretexto de que se ahorrarían los costos por apoyos a los residentes latinos empobrecidos.

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