En la empresa estrella del grupo Vicentín, Renova, su socio mayoritario es la suiza Glencore. Ante este gigante mundial del agronegocio y la minería, en caso de expropiar la empresa, el Estado quedaría como socio menor. Los límites ante la propiedad privada de las multinacionales y las ilusiones de quienes ansían, sin transgredirlos, marcarles las cancha.
Jueves 18 de junio de 2020 00:40
Con el anunció de declaración de utilidad pública de Vicentín parecería que volvió la grieta y quedó atrás el momento de “unidad nacional” que ungió el Covid-19. En esta ocasión de un lado aparecen las y los que llegan a tildar de “chavista” al gobierno nacional; del otro lado, las y los que se ilusionan con hasta marcarle la cancha a gigantes mundiales que dominan el mercado de cereales y alimentos en todo el mundo.
Está claro que para la familia Vicentín y sus defensores las leyes están para que las cumplan otros. Así lo confirman sus sistemáticas operaciones de evasión impositiva y fuga de capitales que se investigan, sumado al último episodio fraudulento, que significó una nueva toma de créditos del Banco Nación el año pasado para declarar la cesación de pagos en diciembre. Sin embargo, actuar frente a ello, sería considerado un acto propio de un gobierno que pretende avasallar el derecho de conspirar fraudes contra las mayorías.
No obstante los considerandos de los caceroleros de panza llena, el gobierno se encaminaría hacia una expropiación con pago, avalando así el fraude de los Vicentín, lo cual a su vez, dejaría al Estado asociado a grupos privados. Un esquema que podría ser similar al de YPF donde el Estado, tras indemnizar a Repsol, posee la mayoría de las acciones de un paquete total que comparte con otros privados como el buitre financiero BlackRock, el cual, para no perder la costumbre, sigue presionando con tal de sacarle más al ministro Guzmán en la negociación de la deuda pública argentina.
Siguiendo estos pasos el Estado quedaría como socio menor de la multinacional Glencore que tras una operación -que consideran irregular- se hizo del 66,7% de las acciones de Renova. Esta es la empresa estrella del grupo Vicentín que desde 2013 cuenta con la planta más grande de procesamiento de biocombustibles del mundo, en cuya inauguración participó por videoconferencia hasta la presidenta Cristina Fernández. Glencore, una compañía con sede en Suiza, tiene un origen más que turbio de manos de su patrocinador Marc Rich, quien según explica Nicolás Gutman en Página 12, estuvo prófugo de la Justicia en Estados Unidos durante casi dos décadas por evasión impositiva, uno de los menores delitos que se le atribuyen.
Desde 2013, luego de su fusión con la suiza Xtrata, Glencore se ha constituido en el principal productor y comercializador de materias primas, petróleo y minerales del mundo. Como parte de sus negocios mineros se encuentra en la provincia de Jujuy desde 2005 cuando tomó la operación de la mina El Aguilar y también opera otras minas de la región (Agua Rica y La Alumbrera en Catamarca o El Pachón en San Juan). Los minerales transportados desde Tucumán por trenes propios salen por los puertos que controla junto a Vicentín en la localidad de San Lorenzo. Por el Paraná también millones se van en granos, aceites y biodiesel. Como sucedió en otros puntos del planeta, la empresa fue denunciada por falta de inversión en las condiciones de seguridad, por el maltrato de los jefes, la contaminación ambiental, entre otros atropellos.
Además Glencore es parte de los grupos que esconden sus fortunas en paraísos fiscales y, a partir de la denuncia de los periodistas de los Papeles de Panamá, el grupo se vio involucrado en un escándalo de lavado de dinero por el cual el fiscal federal Gustavo Gómez imputó a un ex rector y autoridades de la Universidad Nacional del Tucumán socia de Glencore en la explotación de La Alumbrera.
Al igual que sus pares mineras goza de todo tipo de facilidades impositivas gracias a la Ley de Inversiones Mineras (24.196) de 1993 que ningún gobierno modificó hasta el día hoy; como también en la provincia tiene la ventaja de no pagar ingresos brutos (Ley 5.290), cuestión que a las mineras les facilitó un ahorro de 726 millones de pesos el año pasado. Pero además, recordemos que Glencore decidió cerrar la fundidora que poseía en Palpalá en enero de 2019, dejando a 128 familias en la calle, todo esto bajo el patrocinio del ministerio de Trabajo Provincial que junto con la UOM, negociaron indemnizaciones al 50% bajo la promesa de reincorporar a los trabajadores en el Parque Solar Cauchari.
Sin dudas se trata de pesos pesados que actúan bajo el amparo de los gobiernos y tal como explica el economista Pablo Anino en el semanario Ideas de Izquierda, en el caso del agronegocio, “Cuando a los cuatro grandes exportadores, se suman en nuestro país la compañía china Cofco, que se transformó en la principal empresa exportadora y la suiza Glencore, se llega al resultado de que más del 60 % del comercio está en manos extranjeras: existe en los hechos un oligopolio privado extranjero del comercio exterior”. Recordemos que Vicentín apenas exporta el 9% del total de granos del país y así se ubica como un socio menor del capital extranjero. Este lugar lo ocuparía el Estado.
Es aquí entonces, ante las puertas de la gran propiedad privada que hace lo que quiere con los recursos naturales y los millones tras su venta, donde los relatos de los dos lados de la grieta mueren. Por el contrario, si queremos frenarlos, hay que preparase para tomar medidas que afectan los intereses más profundos de los dueños del país.
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En el caso Vicentín como plantea el Frente de Izquierda la expropiación sin pago y bajo control de trabajadores. Pero más allá, el monopolio del comercio exterior es vital en materia de evitar las maniobras de evasión y fuga de dólares de las multinacionales exportadoras e importadoras, como parte de un plan racional del manejo de los dólares que ingresan o salen del país; junto con avanzar en la expropiación de los 4.000 principales terratenientes y así poder reorganizar la producción agrícola con un plan que priorice el medio ambiente y a los pequeños productores que no exploten fuerza de trabajo. Estos objetivos exigen la organización política de otra clase social, aquella que produce con su trabajo diario la riqueza que mueve al mundo. Una vez más, que la grieta, no te tape el bosque.
Gastón Remy
Economista, docente en la Facultad de Cs. Económicas de la UNJu. Diputado provincial del PTS - FITU en Jujuy, Argentina.