Desde la revuelta de octubre 2019, Carabineros mutilaron y provocaron traumas oculares a cientos de personas, frente a lo cual se determinó entregar un tratamiento de reparación oftalmológico y psicológico. Hoy el Gobierno reconoce no estar cumpliendo con esta medida.
Miércoles 26 de agosto de 2020
Durante el mes de noviembre 2019 se puso en marcha el Programa Integral de Reparación Ocular, que a cargo del Ministerio de Salud tenía el objetivo de apoyar física y psicológicamente a las víctimas de traumas y mutilaciones oculares en manos de agentes del Estado durante las manifestaciones a partir del 18 de octubre 2019.
Este programa ha demostrado serias falencias para su funcionamiento mostrando al igual que la salud pública en general muchas deficiencias en relación a las atenciones brindadas: falta de profesionales, oftalmólogos, psicólogos y terapeutas ocupacionales entre otros.
Organismos de Derechos Humanos declaran la existencia de 476 casos de traumas y mutilaciones oculares de los cuales sólo 337 han sido atendidos a la fecha. Frente a tamaña negligencia y gravedad de la situación el gobierno se justifica con la pandemia, sin embargo, creemos que esta situación es otra muestra más de la violencia de este sistema en contra de quienes fueron afectados.
Al igual que Gustavo Gatica y Fabiola Campillay hay 35 casos más que sufrieron las mismas consecuencias pérdida total de su visión. Por lo que no podemos permitir que la impunidad en este país siga siendo naturalizada de esta forma.
Organismos han señalado además una serie de dificultades para solicitar por ejemplo pensiones de invalidez, licencias médicas, y el costo que implica el traslado de los pacientes a Santiago, puesto que el único centro que atiende a estas víctimas de trauma ocular se realiza en dependencias del Hospital Salvador, y cuenta sólo con 10 profesionales oftalmólogos, lo cual es totalmente insuficiente.
Las víctimas de la violencia policial, en particular en este caso de traumas oculares, requieren de una atención urgente e integral y que el Estado se haga cargo absolutamente de los costos que ello implica, es decir sí se deben invertir más recursos es lo que corresponde hacer. Incluso si es necesario implementar este programa de reparación ocular en otras regiones, si requieren contratar más profesionales oftalmólogos terapeutas y sicólogos se debe invertir en ello, porque el estado debe asumir sus costos y facilitar las atenciones a los afectados.
Por otra parte, no debemos olvidar que además de atenciones médicas necesarias debe existir justicia, justicia para quienes han sido víctimas de la represión policial con daños severos e irreparables. Es necesario señalar que a la fecha sólo 146 casos han podido realizar una querella y peor aún de ellas sólo el 1% se encuentra con responsables formalizados en las causas. ¿Porqué no agilizar estás investigaciones y procesos judiciales?, ¿Qué quieren evitar, y ¿ A quienes quieren proteger?
Es por esto, que no nos queda más que exigir que exista juicio en los casos de represión y de violaciones a los Derechos Humanos y que los responsables políticos y materiales sean castigados, partiendo por Piñera y este gobierno.
