A Fernando Díaz lo acusan de instaurar un “régimen de hambre” en cárceles federales. La Comisión por la Memoria pidió su remoción pero la gobernadora está “ocupada” militarizando la provincia.
Daniel Satur @saturnetroc
Jueves 6 de octubre de 2016
Ayer se dio una situación particular. Mientras desde el propio Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejaron correr durante la mañana la versión de que María Eugenia Vidal había desplazado finalmente al jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, en la reunión de Gabinete ampliada realizada en La Plata la misma gobernadora les aclaraba a sus funcionarios que Fernando Díaz va a seguir al frente de las cárceles de la Provincia.
Los cambios de gabinete son normales en todo gobierno. Pero cuando se trata de un funcionario de un área sensible como el servicio penitenciario, que está sumamente cuestionado y que además carga con un frondoso “prontuario”, tanto la designación como el desplazamiento forman parte de definiciones políticas que rozan casi la “razón de Estado”.
Tan es así que el tema ayer se trató con especial atención en la reunión entre Vidal y su Gabinete. Y a la salida de la misma, con el speech acordado con su jefa, el ministro de Justicia Gustavo Ferrari salió presuroso a desmentir lo que durante horas parecía un hecho.
“Con todo respeto”
En diálogo con el sitio Letra P, ayer a la tarde Ferrari aclaró que el Gobierno no tomará ninguna decisión por el momento respecto a Díaz. Así respondió al pedido que insistentemente viene realizando la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el organismo de control y monitoreo sobre violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado bonaerense.
El lunes, la CPM había exigido “la inmediata separación del cargo del jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Fernando Díaz, quien acaba de ser citado a prestar declaración indagatoria por el juez federal de Salta, Miguel Antonio Medina”. Es que, como agregaron desde el organismo, “Díaz está acusado, junto a otros 37 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de vejaciones”.
“Estoy respondiendo la nota que envió la Comisión Provincial por la Memoria, con todo respeto, indicando que son hechos acaecidos durante su función en el Servicio Penitenciario Federal”, dijo Ferrari. Como si el Díaz al que se acusa de responsable de “la deficitaria situación alimentaria, crónica y extendida que se acreditó en el Complejo Penitenciario Federal NOA” fuera diferente al Díaz que hoy dirige las cárceles de la provincia.
Rayando el cinismo, Ferrari dijo que está siguiendo el tema junto a su par nacional, Germán Garavano, con quien van a estar atentos a los pormenores de la causa que se le sigue a Díaz en Salta y van a “monitorear” una serie de sumarios que se iniciaron desde el ministerio nacional contra los casi cuarenta funcionarios involucrados en ese proceso judicial.
Pero quizás lo que más les cueste digerir a ambos ministros es que además de Díaz en la causa está imputado nada menos que Emiliano Blanco, el Jefe del Servicio Penitenciario Federal nombrado por Mauricio Macri. Tanto “respeto” al sostenimiento de estos funcionarios no encuentra otra explicación que en un acuerdo total con sus gestiones.
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Con Solá, con Scioli y con Vidal
Como en otras áreas del aparato represivo del Estado provincial, Cambiemos no hizo otra cosa que continuar lo legado por las administraciones anteriores. Más allá de discursos cargados de “buena onda” y hasta de gestos de “compromiso” (como la asistencia del vicegobernador y el secretario de Derechos Humanos provincial en la presentación del informe de la CPM hace una semana) lo cierto es que Vidal depositó toda su confianza en personeros de un régimen criminal que lleva décadas violando derechos, torturando, matando y hasta haciendo desaparecer a parte de la población trabajadora.
Así como al frente de la maldita (y recargada) Policía Bonaerense Vidal puso a Pablo Bressi, al momento de hacerse cargo de la gobernación buscó con esmero a quién colocar al frente del Servicio Penitenciario. Y al delinear el perfil pretendido, el nombre de Fernando Díaz surgió enseguida.
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Si Bressi estuvo por años en la cumbre del manejo policial de todo lo concerniente al narcotráfico en la Provincia (formalmente era superintendente de Investigaciones de Tráfico de Drogas), Díaz es un experto en el manejo de cuanto entramado se teje en el área penitenciaria.
Si bien este abogado hizo su carrera dentro del Servicio Penitenciario Federal (donde algunos lo definen como “un laburador y buen tipo”) en 2005 fue llamado desde La Plata para dirigir las cárceles bonaerenses. Y así lo hizo hasta 2009. Es decir que estuvo al servicio de Felipe Solá y de Daniel Scioli.
Por eso en su legajo extraoficial figura el haber sido uno de los máximos responsables de una de las masacres carcelarias más brutales de la historia argentina, ocurrida en la Unidad Penal 28 de Magdalena a mediados de octubre de 2005. Allí 33 jóvenes presos murieron al incendiarse un pabellón y no ser rescatados por el personal penitenciario que, incluso, cerró las puertas para que nadie pudiera salir. Muchos fallecieron siendo inocentes, ya que no se había demostrado lo contrario en un juicio. Pero a once años de la masacre, aún los sobrevivientes y las familias de las víctimas esperan justicia.
“Auditando” el hambre y las vejaciones
Hoy el jefe del SPB, Fernando Díaz, está imputado por el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” en concurso real con el delito de “vejaciones”. Él y otros 37 funcionarios de jerarquía del Servicio Penitenciario Federal (entre los que se encuentra el actual jefe Emiliano Blanco) están llamados a prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal Nº 2 de Salta, a cargo de juez Antonio Medina.
Se estima que, tras declarar, muy probablemente Díaz, Blanco y el resto de sus camaradas sean finalmente procesados. La causa está impulsada por la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) y la Fiscalía Federal Nº 2 de Salta.
Según los acusadores, “la deficitaria situación alimentaria, crónica y extendida que se acreditó en el Complejo Penitenciario Federal NOA” tiene relación con un escenario “plagado de irregulares contrataciones millonarias, gestionadas por las autoridades penitenciarias”. Díaz habría participado de la maniobra delictiva en su rol de auditor general del SPF.
Según consta en el informe que la Comisión Provincial por la Memoria envió a Vidal pidiendo la remoción de Díaz, el funcionario “no solo no controló ni denunció sino que avaló las irregularidades delictivas” del SPF en Salta. Esas irregularidades se relacionan con sobreprecios y maniobras varias alrededor de la compra de comida para las cárceles federales. Vale mencionar que en la justicia federal se tramitan causas por operaciones similares en los complejos de Ezeiza, Marcos Paz y Villa Devoto.
La CPM denunció que una vez nombrado por Vidal al frente de las cárceles bonaerenses, Díaz implementó “un sistema de viandas similar al denunciado en esa causa federal”. Pero ayer el ministro Ferrari desmintió al organismo.
“La Comisión hizo una consideración sobre el sistema de viandas, que se trasladaba a la Provincia, pero debo aclarar que está desde antes de que asumiera Díaz y, de hecho, está desde antes de que llegáramos nosotros al Ministerio”, respondió Ferrari. Lo que no precisó el ministro de Justicia es si esas viandas (violatorias del derecho elemental a comer dignamente que tiene todo preso) viene de la época del mismo Díaz, cuando trabajaba junto a Scioli o Solá.
Después de lanzar esas definiciones (“con todo respeto”) Ferrari volvió a lo suyo, a lo que más le interesa. Por estas horas sigue dando entrevistas analizando la situación de “inseguridad” en la provincia y anunciando sonriente el plan de su jefa María Eugenia para saturar las calles de criminales de uniforme.
Daniel Satur
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).
