Los trabajadores de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPIE) dependiente de la DGCYE vienen de protagonizar jornadas de lucha y protesta ante el vaciamiento llevado adelante por el gobierno de Macri y María Eugenia Vidal. Luego del crimen social que se llevó la vida de Sandra y Rubén en Moreno, la gobernadora pretende continuar con el desguace del organismo encargado de la infraestructura escolar.
Jueves 8 de noviembre de 2018 08:53
Vienen de un año de lucha, ya que en diciembre de 2017, la gobernadora por medio de la resolución 2378/17 decidió disolver la UEP (Unidad Ejecutora Provincial) de la DGCYE, organismo que se encargaba de la ejecución de obras de infraestructura escolar. Con meses de permanencia pacifica, acampe, coordinación con otros sectores, masivas movilizaciones, lograron la recontratación de más de 300 despedidos, siendo reubicados arbitrariamente en distintas dependencias de la DGCYE, pero la mayoría en la DPIE.
La precarización data desde los inicios de la UEP con el agravante que una vez desmantelada a quienes fueron reubicados se les arrancó el derecho al aguinaldo y obra social, enmarcando los contratos basura ya existentes en uno más precario aún, bajo la Ley de Emergencia. Sin paritarias, y con un único aumento del 5% en lo que va del año a la fecha.
La DPIE se encarga de hacer los proyectos, relevamientos, inspección, seguimiento y planificación de obras de las escuelas de la provincia. En el último tiempo fue muy conocido el caso de corrupción ligado al audio del ex director Mateo Nicholson, en el cual ordena a una directora de proyecto que “invente” los precios de las cocinas, con el fin de aumentar en 25 millones de pesos del presupuesto pactado anteriormente.
Un informe de SUTEBA plantea la situación alarmante de más de 2000 establecimientos sobre un total del 13000 de gestión pública. De acuerdo a los datos que recopilaron desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Gobierno de la provincia de Buenos Aires en el 2017 tenía un presupuesto destinado para obra escolar de 821,97 millones de pesos, pero solo se ejecutaron 466,72.
Es decir, que el año pasado el monto que debía destinarse para realizar diversos arreglos en infraestructura en las escuelas bonaerenses sufrió una baja de un 43,22%.
Desde el sindicato denuncian que esa situación se repite año a año desde al menos el 2009. No solo es una cuestión del gobierno de Cambiemos, sino que también incluye las gestiones de Daniel Scioli.
Actualmente el gobierno de María Eugenia Vidal, tomó la decisión de empezar un proceso de municipalización de la infraestructura y del mantenimiento de las escuelas. Después de que la situación desastrosa de la infraestructura se cobró la vida de dos trabajadores Sandra y Rubén, el gobierno lejos de empezar a revertir la situación avanza con la municipalización. El fin que tiene dicho proceso es el vaciamiento del organismo, para que las tareas que deberían ser de la dirección provincial pasen a ser de municipios a través del financiamiento del fondo educativo.
Como parte de este proceso en el día de ayer se dio a conocer una resolución ministerial planteada por Gabriel Sanchez Zinny que plantea una modificación de la estructura orgánica de la DPIE, en donde se plantea la DISOLUCION de la dirección administrativa pasando a depender la dirección gral administrativa de la DGCyE.
El objetivo es claro: vaciar los organismos encargados de hacer las escuelas como lo fue la UEP o como es la DPI para pasar a que esas obras dependan de los magros presupuestos destinados a los municipios a través de los fondos educativos. Así los perjudicados son lxs trabajadorxs y la comunidad educativa porque habrá despidos de contratados que se encargan de hacer los proyectos, inspeccionar obras, etc, y porque se paralizaran las obras a nivel provincial.
¡Familias en la calle nunca mas!
Ante este escenario los trabajadores vienen organizándose en asambleas para pelear por sus demandas: por la recontratación y el pase a planta de todos, la devolución del aguinaldo, aumento salarial según paritarias ya que los contratados tuvieron solo un 5% de aumento en todo el año, el blanqueo de las horas extras y condiciones edilicias adecuadas. Pero también dicen NO al traslado compulsivo y discriminatorio de Diego Mackedonsky, uno de los referentes del sector, que la gestión de Nicholson operativizó como forma de amedrentar a los que se organizan.
Los trabajadores son conscientes que la lucha es contra el presupuesto del ajuste de Cambiemos, el PJ y el FMI.
Por eso están en pie de lucha y éste jueves 8 se convocan a una jornada de asamblea y visibilización con corte de calle, y el viernes 9 se movilizarán a la sede de educación mientras exigen a los sindicatos del sector, las CTA y la CGT un paro nacional activo para pararle la mano al gobierno y sus políticas de ajuste, en defensa de la educación y la salud pública, contra los despidos y aumento salarial YA!
