Miércoles 24 de agosto de 2016 10:10
Actualmente se estima que hay unos 35.000 presos en la Provincia de Buenos Aires. El sistema penitenciario cuenta con 55 unidades penitenciarias que alojan alrededor de 32.000 y 7 alcaldías con cerca de 1500, además de 2500 cumpliendo condena en las comisarías, según el diario La Nación.
En totalidad, el sistema cuenta con alrededor de unas 26.000 plazas, por lo que estaríamos hablando de una superpoblación carcelaria de alrededor de 10.000 personas, solo en la Provincia de Buenos Aires.
El ministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, presentará en la Legislatura el denominado “Plan Estratégico 2016-2026”. Y, como la necesidad es la madre del ingenio, el plan de reforma del sistema penitenciario tiene como eje la construcción de nuevas unidades carcelarias en predios y edificios públicos que se encuentren en desuso. Suena ridículo, pero así lo afirmaron ante los medios tanto el ministro de Justicia como el Secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón.
El plan no deja de ser presentado cínicamente por las cúpulas del Gobierno de la Provincia como una reforma ambiciosa que encara las condiciones inhumanas en las que viven los miles de presos: desde la superpoblación, hasta las condiciones edilicias deplorables, y el hostigamiento y abusos constantes por parte del Servicio Penitenciario y las diferentes fuerzas represivas.
A pesar de las palabras teñidas de impronta progresista esbozadas por el ministro de Justicia y el secretario de Derechos Humanos, la reforma tiene como uno de sus ejes el fortalecimiento del Servicio Penitenciario que implica la ‘profesionalización’ de 20.000 agentes nuevos.
El Gobierno apuesta, entonces, a un futuro más represivo, donde su preocupación central radica en construir nuevas plazas para paliar un problema estructural como lo es el delito, consecuencia de la constante exclusión que genera el sistema, que hoy en día crece con cuatro millones más de pobres durante los últimos 9 meses de gobierno macrista.
Mientras tanto, en los mismos tribunales bonaerenses en que se condenan a los miles y miles de pibes y pibas que viven hacinados en las celdas, se discute la posibilidad de otorgarle una cómoda prisión domiciliaria a alguien como Etchecolatz, genocida de ayer y de hoy. Claramente, la justicia no rige para todos, y los privilegios mucho menos.
