ESTADO CRIMINAL. Vidal y Ritondo responsables: ya son diez los muertos en la masacre de E. Echeverría

Este martes a las 10 de la mañana falleció Fernando Argüello, un hombre de 33 años que el 25 de octubre había sido alojado en uno de los calabozos de la Comisaría Tercera de Esteban Echeverría, en el sur del Gran Buenos Aires. Agonizaba desde la noche del 15 de noviembre, cuando junto a otros detenidos (procesados sin condena) quedaron encerrados tras las rejas ante la mirada cruel de los efectivos de la Policía Bonaerense mientras el fuego consumía todo a su paso.

Como denunciaron desde la Comisión Provincial por la Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales y otros organismos de derechos humanos, se trata de la peor masacre en comisarías de la Provincia de Buenos Aires, al menos desde 1983. Lejos de hacerse cargo de semejante responsabilidad, a 27 días de los hechos el Gobierno cobarde y criminal de María Eugenia Vidal y su ministro de “Seguridad” Cristian Ritondo sigue sin decir una palabra sobre el asunto.

Una masacre

Tal como relató este diario, los calabozos de la comisaría, que tenían 27 detenidos en un espacio habilitado solo para diez, estaban clausurados judicialmente desde marzo. Pero además esa noche, apenas iniciado el incendio en medio de una protesta de los presos que reclamaban colchones para poder dormir, la Policía cerró la llave de paso de agua con lo cuál los detenidos no pudieron enfrentas las llamas y, una vez desatado el incendio, lejos de evacuar las celdas dejaron que el fuego se extinguiera solo.

Según las versiones de familiares y de testigos, en ese momento algunos efectivos miraban la situación y les decían con sorna a los detenidos “ahora se van a quemar como ratas”.

Esa misma noche del 15 de noviembre murieron Jeremías Rodríguez (19), Jorge Ramírez (30), Eduardo Ocampo (60) y Juan Lavarda (59). Horas después fallecieron Miguel Ángel Sánchez (31) y Elías Soto (20). Tres días después, el domingo 18, murió Juan Fernández (31). El lunes 19 perdió la vida Walter Barrios (21) y el martes 27 de noviembre falleció Carlos Corvera (25).

De los hombres que sobrevivieron a la masacre, dos continúan con tratamientos ambulatorios intentando superar las lesiones que les dejó el incendio.

Un sistema

La sistemática campaña de la “seguridad” lanzada desde el Estado, propagada a su vez por periodistas reaccionarios y medios financiados con jugosas pautas oficiales, alimenta el sentido común reaccionario según el cuál en las comisarías se alojan “lacras” infrahumanas de la sociedad a las que no se les deben garantizar ni siquiera los derechos elementales.

Pero en verdad, en todos los centros de detención del país la abrumadora mayoría de las personas privadas de su libertad están acusadas (y sin condena) por hechos a los que el sistema penal decide llamar “delitos”. Ese mismo sistema que garantiza y hasta da legalidad a los mayores crímenes contra el conjunto de la población, dándoles impunidad a sus ejecutores.

Argüello y Sánchez, por ejemplo, habían sido aprehendidos por la Policía acusados de “tenencia de estupefacientes”, un delito cuyas penas, en caso de ser hallados “culpables”, podrían incluso haber resultado excarcelables. Sin embargo perdieron sus vidas presos y sin condena.

“La masacre de Echeverría no fue un motín ni un accidente, fue un hecho previsible. Desde el año 2011 la comisaría Tercera estaba inhabilitada para alojar personas detenidas. Al momento de la masacre, tenía siete clausuras, seis por orden judicial y una por resolución Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el propio Ministerio desobedeció cada una de estas clausuras”, denunciaron este miércoles desde al Comisión Provincial por la Memoria.

Para la CPM “esta masacre también fue producto del hacinamiento, las condiciones inhumanas de detención y la falta elementos de seguridad: la comisaría no contaba con colchones ignífugos, sistema de prevención de incendios, plan de contingencia ni matafuegos adecuados para apagar el fuego”.

Además, los hechos tuvieron muchos puntos en común con la Masacre de Pergamino, ocurrida en marzo de 2017 en otra comisaría de Bonaerense. “Junto con los siete jóvenes masacrados en la comisaría Primera de Pergamino, son 17 las muertes por incendio en comisarías bonaerenses durante la gestión del ministro Ritondo”, señalaron desde el organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel.

A casi un mes de la masacre y luego de un pedido expreso de la CPM, la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad desafectó a los cinco policías que prestaban funciones en la comisaría de Esteban Echeverría la fatídica madrugada del 15 de noviembre. Pero ese intento de “descomprimir” la situación demasiado lejos está de lavar las culpas de Vidal y Ritondo. Por el contrario, demuestra que hay una responsabilidad directa en esas muertes por parte de quienes manejan el Estado.

Familiares y amigos de las víctimas de la Masacre de Esteban Echeverría convocaron para el próximo sábado 15 de diciembrea marchar por las calles de Monte Grande al cumplirse el primer mes de este crimen de Estado. Según se informó, la marcha se iniciará en la plaza Mitre a las 18 horas.