Archivo Rojo. [Video] A 51 años de la nacionalización del cobre chileno continúa la privatización

Un 15 de julio de 1971 se realiza en La Moneda la ceremonia oficial de firma de decreto acerca de la nacionalización del cobre. Poco antes, el 11 de julio, el congreso nacional votó de manera unánime la reforma a la constitución de 1925 que permitía la nacionalización de la minería del cobre, bautizando aquel día como el día de la dignidad nacional por representar un primer paso para terminar con la dependencia y atraso económico.

Aquel proyecto era parte del programa de Allende en el marco de la vía chilena al socialismo, donde originalmente se contemplaba la no indemnización a las corporaciones estadounidenses que en ese entonces eran copropietarias de los yacimientos.

Frente a la promulgación de dicha ley, el imperialismo yankee redobló las medidas de coerción y bloqueó el comercio durante el gobierno de la Unidad Popular en Chile. La unidad popular era una vía pacífica electoral que buscaba capturar la institucionalidad por medio de la participación electoral de la clase obrera. Y su programa era de desarrollo nacional. Un capitalismo privado más un área estatal fuerte.

Para Allende, la única medida que se podía tomar frente a esto era retroceder y buscar un arreglo de negociación de indemnizaciones para las mismas corporaciones que estaban enriqueciéndose con nuestros recursos naturales. Se revelaba así, una vez más, que la vía chilena al socialismo recluía todo el programa a la negociación con los empresarios nacionales y extranjeros.

A pesar de aquello, en este ámbito su estrategia tampoco funcionó, y aunque entre 1972 y 1973 hubo cuatro rondas de conversaciones reservadas para llegar a un acuerdo de indemnización, estas fueron un total fracaso.

Durante la dictadura militar el cobre fue privatizado y los gobiernos de la ex Concertación se encargaron de venderlo al mejor postor, provocando que en la actualidad el 71% de la producción minera total del país sea privada. El Estado de Chile regaló entre 2007 y 2017 un total de 120 mil millones de dólares a multinacionales que explotan el cobre. Ésta enorme cifra equivale a todo el presupuesto del Estado en un año y medio. Codelco, la empresa estatal controla un porcentaje menor de producción de cobre e irrisoriamente paga más impuestos que las empresas privadas.

El nuevo texto constitucional no choca con los intereses de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, y de ese modo, ha dejado intacta la propiedad privatizada de nuestros recursos naturales. En la Convención se perdió la votación que buscaba nacionalizar las minas de cobre y otros minerales. Los derechos sociales reconocidos en la nueva Constitución se quedarían sin una fuente de financiamiento al mantenerse la estructura de saqueo del mineral.

Y ahora el gobierno, en lugar de nacionalizar la enorme riqueza minera del país, apenas propone un Royalty a la mitad. Es decir, que una parte se aplica a las ventas del mineral y otra a las utilidades que las empresas modifican para mostrar que tuvieron menores ganancias. Con este impuesto, apenas se recaudará en régimen el 2030, unos US$1.800 millones de dólares, solo un poco más que lo hace el Royalty actual.

Con la enorme inflación a nivel mundial y la crisis que ha dejado los años de pandemia, se hace totalmente actual la necesidad de renacionalizar el cobre, expropiando a los capitalistas multinacionales del imperialismo, colocándolo a producir bajo control y gestión de sus trabajadores y comunidades locales, eliminando todo tipo de subcontratación y trabajadores de primera y segunda categoría, impulsando el proceso a través de una empresa nacional y estatal de cobre que ponga por delante el progreso material de los trabajadores y sectores populares del país, así como el desarrollo sustentable y menos contaminante de la actividad minera. Y sin ningún tipo de indemnización a los capitales estadounidenses, japoneses o ingleses, que ya suficiente se han enriquecido a costa de nuestro trabajo y nuestros recursos.