Editorial. [Video] Coronavirus: reorganizar la producción bajo control obrero para paliar la crisis

El alcance de la mortalidad está aún por verse. Y no solo en nuestro país ¿qué pasará cuando el pico de contagios se descontrole en el resto de Europa o, llegue a países con sistemas públicos de salud mucho más deficientes en América latina, África o los mismos EEUU donde 30 millones no tienen cobertura sanitaria alguna?

Aquí, los trabajadores sanitarios llevan semanas advirtiéndolo y ahora denunciándolo. No hay camas suficientes, no hay unidades de UCI para atender a los críticos, no hay respiradores... y algo más elemental, no hay mascarillas, batas y guantes suficientes ni para los sanitarios, ni para el personal de limpieza, ni para quienes trabajan con personas mayores en las residencias, ni para otro muchos trabajadores que están en sus puestos sin las medidas de seguridad elementales.

¿Qué propone el gobierno “progresista”? Medidas totalmente insuficientes. Ni se están movilizando los recursos públicos necesarios, ni tampoco interviniendo los recursos privados disponibles que deberían estar ya siendo puesto al servicio de atajar esta crisis.

Salvataje al sistema sanitario y no a las grandes empresas

El gobierno adelantó 1.800 millones a las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas el sábado, hoy el vicepresidente de políticas sociales ha prometido 210 millones más.

Pero se necesitaría multiplicar esta cifra cuatro para poder atender a la contratación de todos los trabajadores sanitarios en paro, que la última EPA cifraba en más de 80.000, incorporar a todos los estudiantes de últimos cursos de Medicina y Enfermería, reforzar todos los servicios de limpieza, atención telefónica de emergencias, medicalizar hoteles, construir hospitales de campaña y poder cubrir todas las bajas que ya empiezan a producirse por contagios entre el personal sanitario.

De la misma manera, que es urgente la intervención inmediata bajo control de sus trabajadores de toda la sanidad privada en todo el Estado, de toda la industria farmacéutica y de aquellas empresas dedicadas a la fabricación o distribución de material sanitario y equipos de protección individual.

Todos estos recursos deben pasar a manos del Estado inmediatamente y puestos bajo el control de comités formados por representantes de los trabajadores de la sanidad, junto con el asesoramiento de los mejores expertos y asociaciones de pacientes o defensa de la sanidad pública. Esta es la única garantía de que no se escatimarán recursos y que los profesionales podrán hacer su trabajo en las mejores condiciones de seguridad y sin llegar a la extenuación.

La clase trabajadora puede solucionar el caos social que generan los capitalistas

A la vez que hay que atender esta grave crisis sanitaria hay que atender también sus consecuencias económicas, la crisis social.

La negativa del Estado a implementar un plan de choque sanitario como el que hablaba, es suplida con la declaración del Estado de alarma, policía y ejército en la calle y llamar al confinamiento de la población. Mientras, se siguen sin tocar ni los beneficios ni los intereses de las grandes empresas, es decir de aquellos que acaparan los fondos y los recursos necesarios para resolver esta situación.

No tiene el más mínimo sentido que quienes tienen que cuidar a menores o dependientes o son parte de algún grupo de riesgo sigan desplazándose diariamente a sus centros de trabajo.

Para todos ellos hay que exigir el cobro del salario íntegro, licencias pagadas por las empresas y las mutuas, como sostienen varios sindicatos de la izquierda sindical.

No basta con ayudas o flexibilidad horaria, que supondrán una merma en los ingresos de estas familias. Mucho menos otras medidas como despidos, adelanto de vacaciones o ERTEs. Esta última fórmula es la que propusieron la patronal y la burocracia sindical, y el gobierno legisló este martes para su aplicación generalizada, e implica que te vas a casa solo con el 70% del salario, abonado por el Estado, mientras el empresario no paga nada. Ni siquiera las cotizaciones sociales que son fundamentales para que no quiebre el sistema público de pensiones.

Tampoco tiene sentido seguir trabajando en actividades que solo están enfocadas al lucro empresarial. Y por eso al comienzo de esta semana en muchas fábricas los trabajadores pararon ¿por qué correr riesgo de contagio y de que la epidemia se siga extendiendo para hacerle mercedes a la Mercedes? ¿o para hacerle lavadoras a Balay?

Pero lo que nadie está diciendo es que muchas de esas empresas podrían seguir funcionando, en condiciones seguras, y no para que se sigan enriqueciendo sus dueños, sino para que la clase trabajadora pueda ponerlas bajo su control y al servicio de atajar los grandes problemas sanitarios y sociales derivados de esta crisis.

Por eso hay que exigir la prohibición de los despidos, de los ERTEs y que todas las empresas estratégicas y aquellas que cierren sean puestas bajo el control de sus trabajadores. Que ellos decidan democráticamente quienes deben quedarse en casa por su salud y la de los suyos, que repartan la jornada para poder trabajar menos...

¿Y para hacer qué?

Por ejemplo ¿sabías que el gobierno británico ya ha pedido a Ford y otras multinacionales del automóvil que reconviertan sus plantas para fabricar respiradores? Hasta alguna pequeña empresa de plásticos lo ha empezado a hacer en el Estado español viendo la veta de negocio. ¿Tenemos que esperar que las mismas patronales que hasta el lunes no les importaba hacinar a miles de obreros en esas fábricas de coches o electrodomésticos para mantener su ganancia lo hagan?

No, hay que exigir la intervención y puesta bajo control de sus trabajadores de estas y tantas fábricas como tengan la capacidad de reconvertirse para la fabricación de respiradores, batas, guantes, mascarillas, reactivos químicos para las pruebas diagnósticas...

No solo el automóvil, sino también fábricas del textil, de plástico, industria química... Toda la economía productiva debe estar al servicio de atajar esta grave crisis sanitaria, y estar dirigida por comités de trabajadores que garanticen que las condiciones de trabajo y transporte garanticen el impacto mínimo en la curva de contagio.

Lo mismo con el resto de sectores esenciales como el transporte o los supermercados, que estos días siguen al pié del cañón, y si estuvieran bajo el control democrático de sus plantillas se garantizarían condiciones segura para el transporte, jornadas no extenuantes o nuevas contrataciones.

Incluso sectores como las grandes cadenas de hostelería, como Telepizza, Burguer King o VIPS, que están anunciando ERTES que suman a decenas de ERTEs. Es hora de que sean también intervenidas, junto a las grandes empresas de catering, para que desde sus cocinas y con toda su infraestructura se preparen comidas saludables y en envases seguros para los menores que se han quedado sin la beca comedor, familias vulnerables o mayores que viven solos.

Estas son medidas para que realmente la crisis no la paguemos los de siempre, que decía Iglesias en el anuncio de su llamado “escudo social”. Un plan que por ejemplo a los sin techo, les ofrece un kit diario de higiene repartido por el Ejército y que los trabajadores sociales les hagan un seguimiento.

¿Por qué no se interviene toda la industria hotelera que está paralizada y despidiendo a golpe de ERTE para que esas habitaciones puedan servir de hogar a los más de 45.000 personas sin hogar, o los menores migrantes que se hacinan en centros minúsculos o los internos de los CIEs que se están revelando?

¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias!

Por último, la factura ¿quien tiene que pagar el coste de la paralización de la vida económica nacional y en gran medida internacional?

El gobierno progresista y la UE ya lo han dejado claro: “pago yo” han dicho, bueno más bien nosotros, los mismos que pagamos la del 2008.

Sánchez anunció un paquete de 200.000 millones de euros. De esos 17.000 son de acción inmediata, y el resto en créditos de los cuales el Estado avalará 100.000 millones ¿Eso que quiere decir? Que los 100.000 millones primero que las empresas a las que se avalará no paguen, los pagaremos nosotros.

Es la misma operación que el famoso rescate bancario. Acusan a Rajoy de haberlo hecho efectivo. Pero la película empezó con Zapatero, que en 2008 abrió un aval de 100.000 millones de euros para las entidades bancarias. Cuando estas no pudieron pagar, las pérdidas las asumió el Estado, 60.000 millones, de los que la banca aún debe 42.000.

Se podría sacar de otro sitio el dinero claro, por ejemplo: