La resolución, firmada por el jefe de Gabinete Marcos Peña, resulta un grave avance contra las libertades democráticas y sienta un mal precedente sobre el uso de datos por parte del gobierno.
Juan Manuel Astiazarán @juanmastiazaran
Martes 26 de julio de 2016
Durante el día de ayer fue publicada en el Boletín Oficial una resolución de la Jefatura de Gabinete que permite la utilización de los datos personales de todas las personas que se encuentren inscriptas en el registro de la Anses. La normativa establece que la base de datos debe ser “remitida periódicamente” a la Secretaría de Comunicación con el objetivo de "mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual e instantáneo". El convenio marco de cooperación estará en vigencia durante los próximos 2 años y especifica que la información especifica estará compuesta por DNI, CUIT/CUIL, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios.
En sus fundamentos, la resolución señala que "la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros debe mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual e instantáneo".
Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago
Tras conocerse la medida, las críticas en las redes sociales y en la oposición se dispararon y apuntaron contra la utilización de la información personal y la posibilidad de que los datos sean utilizados para propaganda oficial y las campañas políticas del gobierno.
En el año 2013, funcionarios del PRO habían rechazado la incorporación de datos personales al nuevo DNI que impulsaba el Ministerio del Interior y Transporte, conducido en ese momento por Florencio Randazzo. Una de las principales voces que en ese momento se alzaron en contra fue la de Laura Alonso, actual titular de la Oficina Anticorrupción.
Una vez más el macrismo demuestra su “apertura” y “flexibilidad” para cambiar de opinión ahora en el gobierno, como ya lo había demostrado cuando decidió mantener en secreto el acuerdo entre YPF y Chevrón.
Un grave avance contra las libertades democráticas
Las diputadas Graciela Camaño (Frente Renovador), Victoria Donda (Libres del Sur) y Alicia Ciciliani (PS) fueron algunas de las voces que criticaron la medida y señalaron la vulneración de los datos personales por parte del Gobierno.
Por su parte, el dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y excandidato a presidente por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, cuestionó la medida como “un avance contra las libertades democráticas” y evaluó que el Gobierno podría darle "un uso electoral" y lanzar "campañas contra políticos y distintas personalidades".
En ese sentido, Del Caño afirmó que “es inmiscuirse en los asuntos personales de cada uno por parte del Estado” y que el Gobierno aspira a un mayor control a partir de apropiarse de esos datos personales.
