A la crisis sanitaria que asiste el mundo se le suma la pandemia económica que descargan sobre nuestras espaldas los grandes y pequeños capitalistas.

Luciano Molina Delegado en Acindar Villa Constitución, integrante del Movimiento de Agrupaciones Clasistas
Domingo 26 de abril de 2020 10:20
En la zona industrial de Villa Constitución, población metalúrgica por excelencia, estas últimas semanas se vinieron dando una serie de conflictos en empresas contratistas y talleres. Estos conflictos están ligados a los problemas sanitarios y, principalmente, económicos, que trae aparejada la pandemia. Como venimos reflejando desde las páginas de La Izquierda Diario, son cientos de denuncias de incumplimiento por parte de los empresarios de las medidas de higiene y seguridad, como así también, y principalmente, de las obligaciones de pagar salarios como estipula el DNU dictado por el poder ejecutivo.
No es nuevo que los empresarios quiere hacer de la crisis una oportunidad; patronales multinacionales del cordón industrial como Techint, Acindar, GM o las cerealeras, vienen imponiendo rebajas salariales, despidos y una profunda reforma laboral.
Gran parte de estas medidas son avaladas y homologadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, aunque el ministro Moroni haya dicho que no se autorizará la pérdida salarial. A dichos planteos las patronales hacen caso omiso: ya son más de 300 mil los trabajadores afectados por las consecuencias de la crisis social.
Además, es evidente que la salud de los trabajadores no es la prioridad de los patrones: ni en Siderar –que no paró de producir durante la pandemia– ni en Acindar –que comienza a reactivar la producción la próxima semana– se toman las medidas sanitarias correspondientes ni se realizan testeos masivos, para saber en dónde está el virus y poder combatirlo.
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Patronales subsidiadas
En Villa, San Nicolás y la región, al igual que en el resto del país, vemos cómo grandes patronales que han ganado fortunas están suspendiendo, despidiendo y rebajando salarios a los trabajadores, como es el caso de Acindar y Siderar. Estas empresas, además de facturar cifras desorbitantes, se han beneficiado con montones de subsidios y ayudas estatales.
Pero estas empresas grandes no son las únicas que recibieron apoyo económico. También hubo una batería de medidas gubernamentales para las PYMES, que han recibido beneficios, incluidos créditos a tasa cero.
Todas estas medidas de contención que el gobierno decretó para las patronales no se condicen con los magros $10.000 que otorga, con mucho retraso, a las familias que por vivir de trabajo informal, vieron reducidos sus ingresos a nada por no poder salir.
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La crisis para los trabajadores de PYMES
En Villa Constitución y la zona, empresas como EMET, Tec Nac, GISI, SERV-MET y otras, vienen sin abonar la totalidad de los salarios. No se trata de pequeños comercios de barrio que no puedan afrontar la demora de un cheque de la empresa madre. Ante la menor crisis, estas empresas depositan apenas una porción de los sueldos de sus trabajadores, o mandan a todos o a una parte del plantel a sus casas, a esperar con total incertidumbre sin saber si van a cobrar, o si van a conservar el trabajo. Las medidas económicas que se toman, entonces, ¿son para sostener el empleo o para mantener el margen de ganancia de las patronales? Ahora los patrones dicen que están en crisis y no pueden pagar los salarios, pero ¿por qué no abren sus libros y muestran sus números y para qué usaron las ayudas del Estado?
Si la empresa cierra, debe ser ocupada por sus trabajadores y puesta a funcionar bajo gestión obrera. Además, en plena pandemia, la producción podría ponerse al servicio de la crisis sanitaria, para fabricar insumos e incluso construir hospitales.
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¿Quién paga la crisis?
Los empresarios, grandes y medianos, tienen algo en común: nos dicen que de la crisis tenemos que salir entre todos, pero al final los únicos que pagamos somos los trabajadores.
¿Y si las grandes patronales que tanto se han beneficiado ahora pagan un impuesto extraordinario para enfrentar la pandemia? No sólo serviría para tomar medidas sanitarias a la altura de las circunstancias, sino incluso para poder pagar un salario de emergencia para las familias que no tienen sustento por la cuarentena, que en nuestra ciudad son miles. Se trata de medidas concretas y aplicables para que a esta crisis la paguen los empresarios y no los trabajadores y sus familias.
En las últimas semanas, en las páginas de La Izquierda Diario hemos publicado lo que no publican en ningún otro medio: cientos de denuncias de trabajadores que están en situación de incertidumbre, que no han cobrado sus sueldos o que han sido despedidos o suspendidos, porque la empresa les dice que no puede afrontar la crisis. Sumá tu denuncia.
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