La Fiscalía General de la República cercó al coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez ya que, al menos, tres de sus ex funcionarios se investigan por presuntos desvíos millonarios del erario para campañas electorales cuando éste era gobernador de Coahuila.
Jueves 23 de junio de 2022
La lista la encabeza Ismael Eugenio Ramos Flores, ex Secretario de Finanzas en Coahuila durante el sexenio (2011-2017) de Moreira Valdez. Éste, fue acusado formalmente por la FGR, la madrugada del 22 de junio ante un juez federal, por el delito de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades por presuntamente participar en el desvío de 475 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), mientras el segundo de los Moreira era gobernador.
La investigación acusa a Ismael Ramos de suscribir 18 contratos públicos por un monto de 475 millones de pesos para la prestación de servicios de asesorías y cursos, asignados por licitación restringida a una red de empresas que compitieron entre ellas. Dichos contratos, señala el auto de la vinculación a proceso, se hizo de manera indebida e irregular.
En consecuencia, se le retiró su pasaporte y visa americana para que no saliera del país –al menos legalmente-, también se le pidió no abandonar Saltillo, su ciudad de residencia, y tendrá que acudir a firmar cada quince días a la Unidad de Medidas Cautelares. Entre tanto, el juez federal valoró que existían elementos iniciales suficientes para vincular al imputado a proceso y otorgó a la FGR 3 meses más de investigación.
Además, y aunque aún sin imputación, son investigados por el mismo caso Antonio Zerón Puga, ex director general de la Secretaría de Finanzas, así como Nazario Salvador Iga, ex director de Adquisiciones, ambos funcionarios durante el sexenio del hoy diputado federal. También aparece en la carpeta el ex subsecretario de Egresos y Administración, Édgar Julián Montoya, quien falleció en el 2018.
“Operación Safiro” salpica a Coahuila
La investigación, encabezada por la Fiscalía Anticorrupción de la FGR a partir de una denuncia de la Secretaría de la Función Pública (SFP), está directamente relacionada con la “Operación Safiro”, caso por el que el ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, fue detenido en Estados Unidos.
Recordemos que, el caso “Safiro” se trató del desvío de cientos de millones de pesos del erario en el 2016, hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Dicho desfalco consistió en redirigir recursos procedentes del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, manejado por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hacia el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, con el fin de financiar las campañas electorales estatales e intermedias de este partido vía empresas fantasma, mientras Enrique Peña Nieto era presidente de México (2012-2018).
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En ese momento, Luis Videgaray era el titular de la Secretaría de Hacienda; Manlio Fabio Beltrones era presidente del PRI y Gambola Lozano dirigía la (UPCP). Este último era el orquestador principal de “Safiro”, según lo declarado por testigos colaboradores a la Fiscalía de Chihuahua. En el 2020, Gamboa Lozano fue sospechosamente asesinado.
Ahora, “Operación Safiro” salpica a Coahuila y a Rubén Moreira, en el marco de la reciente extradición de Cesar Duarte a México. Según medios nacionales, como Secretario de Finanzas de Rubén Moreira, Ramos Flores viajó a la Ciudad de México para visitar la oficina de Isaac Gamboa y firmar un convenio por 275 millones de pesos el mismo día que se firmó la “Operación Safiro”.
Por otro lado, no hay que olvidar que el moreirismo es uno de los grupos de poder más corruptos, turbios y represivos del priísmo, manteniéndose impunes durante los últimos tres sexenios, controlando Coahuila con puño de hierro.
¿Revancha por votar en contra de la Reforma Energética?
El proceso contra el ex tesorero de Moreira se abre en un contexto político tan incendiado, que no hace sino incrementar la desestabilización del PRI, a menos de un año para las campañas electorales de cambio de gobernador en los dos bastiones que le quedan al Revolucionario Institucional: Coahuila y el Estado de México.
Planeado o no por Palacio Nacional, este es un fuerte dardo contra el grupo de Rubén Moreira, luego de que éste no cooperara con el partido del presidente en la votación de la Reforma Energética. Hay que recordar que, en más de una ocasión, el parlamentario coahuilense votó en conjunto con MORENA iniciativas que el presidente mandaba al congreso, en contraposición incluso de su propia dirección partidaria. Sin embargo, en el tema energético, Moreira se ajustó a la línea de los partidos de la alianza derechista “VA POR MÉXICO”.
Luego de la derrota de MORENA en dicha pelea legislativa, el presidente se limitó a advertir que los diputados de la oposición quedarían exhibidos ante la población y perderían en las urnas, No obstante, más de uno sospechaba que tales declaraciones contenían “mensajes subliminales” contra los dirigentes opositores no alineados.
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El primer golpe vino con la reciente derrota del PRI en Hidalgo, uno de sus bastiones históricos. El gobernador priísta saliente se alineó con la Cuarta Transformación (4T), y la candidata del PRI y esposa de Moreira, Alma Carolina Viggiano Austria, fue derrotada, perdiendo para el tricolor una importante fuente de recursos públicos.
Con la vinculación a proceso contra Ismael Ramos, así como la investigación contra dos más de sus ex funcionarios, el exgobernador coahuilense queda cercado por la 4T, pues no se descarta que el verdadero blanco en este proceso sea Rubén Moreira.
De ser así, la 4T tendrá el terreno a su favor para las elecciones estatales del 2023, en el marco de consolidar el avance de MORENA a nivel nacional, pues se sabe que Coahuila es un terreno fuerte para el PRI, donde la familia y grupo de Moreira domina como su feudo.
Además, a la 4T le sirve el caso de Ismael Ramos como advertencia, tanto contra dirigentes del PRI a nivel nacional como para los cuadros intermedios de ese partido en Coahuila, pues al PRI le sobran personajes corruptos como Ramos, y si vuelven a oponerse a reformas constitucionales que el presidente proponga, pueden sufrir de esta justicia discrecional que parece manejar el actual gobierno.
