A solo horas después de la celebración de las “Glorias del Ejército” se expresa cómo el aparato represivo del Estado ha actuado impunemente en los sucesivos gobiernos de la derecha y Nueva Mayoría.
Sebastián Avilés Profesor. Militante de Partido de Trabajadores Revolucionarios PTR y de la Agrupación de Trabajadores de la Educación "Nuestra Clase"
Jueves 20 de septiembre de 2018
Hace algunos días se hizo público el informe del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en el cual se especifica que en el periodo entre el 2010 y 2017 se dieron 802 casos de violencia policial.
A solo horas después de la celebración de las “Glorias del Ejército” se expresa cómo el aparato represivo del Estado ha actuado impunemente en los sucesivos gobiernos de la derecha y Nueva Mayoría. Es importante recordar que durante la movilización estudiantil del 2011 las Fuerzas Especiales de Carabineros reprimieron brutalmente a miles de estudiantes, que tuvo su punto de inflexión con el asesinato de Manuel Gutiérrez. Pero también en el Gobierno de la Nueva Mayoría no fue distinto, en la movilización de los subcontratistas de la minera El Salvador, fue asesinado el trabajador Nelson Quichillao.
De los casos constatados hasta el 2015 por el informe, 392 fueron investigados por la justicia ordinaria y 137 se tomaron a través de la justicia militar, misma instancia disciplinaria que mantuvo y mantiene en la impunidad a los violadores de Derechos Humanos.
La ONU manifestó su preocupación por los numerosos episodios de brutalidad policial y uso excesivo de las fuerzas de seguridad contra manifestantes y “abusos policiales a miembros del pueblo mapuche en el marco de allanamientos”, paradójicamente la misma institución que se horroriza formalmente por los casos en Chile, ha justificado y obviado la intervención militar a Medio Oriente y el ataque israelí en la Franja de Gaza.
Hoy más que nunca resulta necesario enfrentar la violencia policial y a quienes dejan en la impunidad los actos de abuso de poder. Debemos plantear una salida alternativa a la militarización de las poblaciones, el fin al terrorismo de Estado en el Wallmapu y combatir la represión al movimiento de trabajadores y estudiantes.
