Panorama. Violencia de género: radiografía del ajuste en el primer año de gobierno de Milei

El gobierno niega la existencia de la violencia de género. No son sólo declaraciones, como las que escuchamos este año en boca de funcionarios diversos. Como parte de ese negacionismo, asistimos al desmantelamiento de programas de asistencia a las víctimas de este flagelo, a la reducción de personal y a los recortes presupuestarios para sueldos, dispositivos e insumos orientados a asistir a niñas, adolescentes, mujeres y diversidades víctimas de la violencia machista. En un contexto de ajuste más general, que se traduce en un aumento exponencial de la pobreza, esa violencia sostenida y promovida desde el propio Estado golpea particularmente a las que menos tienen.

Detrás de los números

Desde el 1° de enero al 30 de noviembre de 2024 hubo 273 víctimas de femicidio: 243 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 3 lesbicidios, 7 trans-travesticidios y 20 femicidios vinculados de varones y niños. De los 307 hijes que quedaron sin madre, el 52% son menores de edad. En la mayoría de los casos, el agresor fue la pareja o ex pareja (un 5% fueron agentes y ex agentes de fuerzas de seguridad). El lugar más inseguro sigue siendo la casa o la vivienda compartida con el agresor, y la provincia de Buenos Aires sigue siendo la que más casos registra, seguida por Santa Fe, Córdoba y Chaco.

Son datos del Observatorio “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro, y reflejan un aumento de los casos conocidos respecto al año anterior. Detrás de los números, se encuentra también el ajuste a muchos de los programas conquistados por el movimiento de mujeres, las diversidades, las familias, que salieron a las calles por Ni Una Menos en todos estos años.

Según fuentes oficiales, de 23 programas de atención a víctimas de violencia de género que desarrollaba el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, quedaron funcionando 12. Sin embargo, ni siquiera esos programas están garantizados, debido al escaso personal, la falta de presupuesto, la ausencia de autoridades designadas o las precarias condiciones en que dejó esos programas la gestión anterior.

De acuerdo al Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género, que registra los hechos atendidos en instituciones del Estado nacional, provincial, y municipal, la cantidad de víctimas asistidas en organismos públicos pasó de 43 mil en el segundo trimestre de 2023 a 4.550 en el mismo período de 2024: casi un 90 por ciento menos de víctimas atendidas en el año que culmina.

En el caso de la diversidad sexual, la caída fue mayor: se pasó de 3.820 personas atendidas en el segundo trimestre de 2023 a 156 en el mismo período de 2024, un 96 por ciento menos que en 2023. Entre las integrantes de comunidades y pueblos indígenas la caída fue similar: de 793 víctimas que recibieron algún tipo de asistencia de abril a junio de 2023 se pasó a 32 en el segundo trimestre de este año.

Estos datos contrastan con los que aporta el Registro de Femicidios de la Corte Suprema: 8 de cada 10 mujeres víctimas de femicidio nunca habían denunciado los hechos de violencia que sufrían.

En particular, las organizaciones de mujeres y diversidades y ONGs dedicadas al seguimiento de estos programas destacan que:

• El Programa para el apoyo urgente y la asistencia integral, que reciben las familias que tuvieron una víctima de femicidio, que brinda atención psicológica, patrocinio jurídico gratuito, plata para el funeral de la víctima, pasó de escasos 70 apoyos en 2023 a tan solo 13 apoyos en 2024, que en realidad se aprobaron el año anterior y se cobraron en enero del corriente (es decir que en 2024 no se aprobaron nuevos apoyos).

• Datos del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)), indican además que programas como el de Protección y Rescate de víctimas de violencia y trata registraron caídas del 72,11% y 90% respectivamente.

• También cayó el número de mujeres y diversidades incorporadas al ya limitado Programa Acompañar, que sufrió un recorte mayor al año previo: del acompañamiento y aporte por 6 meses de un salario mínimo, vital y móvil para la víctima de violencia que lo solicite, se pasó a 3 meses y se sumó como requisito la denuncia policial o judicial para acceder al programa. Una investigación de ELA señala además que de las 20 mil altas que estaban programadas para el primer trimestre de 2024, sólo se realizaron 434. Un 98,72% menos de personas asistidas que en 2023. En el Presupuesto 2025, que sigue cajoneado, directamente se eliminan las partidas presupuestarias para este programa.

• De acuerdo al informe “¿Libradas a su suerte?”, las llamadas a la Línea 144, que brinda atención, contención y asesoramiento gratuito a víctimas de violencia, cayeron un 11% en el segundo trimestre de este año: de 8.482 comunicaciones atendidas en enero, febrero y marzo se pasó a 7.550 en los meses de abril, mayo y junio.

• Hubo además, una caída significativa de la capacidad operativa de esta Línea de gestión nacional. Según señalaron desde esta ONG en una audiencia pública que se realizó en el Congreso en octubre pasado, al 30 de septiembre de 2024 la cantidad de trabajadoras había caído un 45% respecto a junio de 2024. El informe señala que incluso hay casos donde la reducción “supera al 60 por ciento de la nómina original”. Mientras que el servicio de videollamada para la atención a personas hipoacúsicas se eliminó, “hay turnos con sólo 2 personas atendiendo los llamados de todo el país”. El congelado Presupuesto 2025 directamente no asignaba a esta Línea presupuesto específico.

El ajuste implementado por el gobierno en otros programas también empeora esta situación.

• El Plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente no intencional (creado durante la gestión macrista), ya registraba en los planes oficiales para 2025 una reducción del 27% real respecto al presupuesto vigente de 2024 y del 78% en comparación con 2023. Estos planes fueron congelados por el cajoneo del debate presupuestario, pero deben leerse como un anticipo. Según contó a Tiempo Argentino Lucila Galkin, directora de género de Amnistía Internacional Argentina, el Plan ENIA “sufrió un recorte del 68%", pese a que en 4 años había logrado bajar en un 49% la fecundidad adolescente. Junto con esto, “numerosas provincias informaron faltante de métodos anticonceptivos”.

• En lo que va del año tampoco se entregaron insumos a las provincias para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Conforme a información suministrada por el Ministerio de Salud de la Nación, esto se debe a la falta de stock y a demoras desmedidas en los procesos de licitación para la compra de Misoprostol y Mifepristona, claves para garantizar el acceso al aborto seguro y en condiciones de calidad.

• Otro informe, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), señala que la Educación Sexual Integral, que según la Ley 26.150 establece que los y las estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, no se contemplan en el Plan de Presupuesto 2025. Habrá que ver qué sucede con el plan cajoneado, pero es todo un anticipo de intenciones para seguir materializando su negacionismo de género.

De momento, hay que señalar que aún con los límites que tiene, por habilitar la injerencia de ideología religiosa, la ESI, tan cuestionada por la gestión actual, ha demostrado ser una herramienta fundamental para combatir estereotipos de género, para proponer otras formas de masculinidad, para cuestionar las distintas expresiones de violencia de género, y también para prevenir y detectar el abuso sexual infantil, cuya denuncia el gobierno también busca desalentar con proyectos como el de la senadora Carolina Losada, que obtuvo recientemente un dictamen favorable.

Contrariamente al discurso oficial, un informe elaborado por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra que las clases de educación sexual integral permitieron que entre el 70 y 80% de niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años que pasaron por la Sala de Entrevistas Especializadas del organismo comprendieran que habían sufrido abuso sexual.

Las fuerzas de la calle

En noviembre pasado, ante un reclamo de ELA, ACIJ y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno argentino que de respuestas “por la situación de las políticas sociales y alimentarias, y por los recortes y vaciamientos de los programas de género y de memoria, verdad y justicia”.

El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, que fue funcionario durante la dictadura militar, contestó que los recortes en las políticas de género tuvieron como objetivo “recuperar la economía” y “poner en equilibrio las cuentas”. Dijo además que “si la economía mejora, también mejorará la vida de las mujeres”.

Sus declaraciones contrastan con las condiciones en las que viven millones de mujeres, niñas y diversidades en el país, limitadas en su autonomía por una crisis que se profundiza y recae fundamentalmente sobre sus espaldas, dificultando aún más que quienes son víctimas de la violencia machista puedan salir de esa situación. También por los discursos de odio que niegan este flagelo, que provienen de grupos antiderechos como de funcionarios y funcionarias del propio Estado, que alientan expresiones tan nefastas como la del triple lesbicidio de Barracas.

Según un informe de Amnistía Internacional, sólo en los primeros 100 días de gestión del gobierno de Milei 2 de cada 3 son mujeres se encontraban entre las personas de menores ingresos. La mayoría de ellas criaba a sus hijos e hijas solas.

Es claro que esta situación se sostiene con múltiples apoyos. Por caso, este año, en el Congreso Nacional, todos los partidos y alianzas, a excepción del Frente de Izquierda, convalidaron la privatización de empresas estatales, negociaron reformas laborales, mantuvieron la más férrea unidad en que las deudas se honran, por más ilegítimas y fraudulentas que sean. Como señala aquí Andrea D’Atri, pronta a asumir como legisladora porteña, “si libres y desendeudadas nos queremos, hay que empezar por romper con el Fondo Monetario. Porque ninguna medida mínima de regulación del mercado, ni de redistribución de la riqueza social, ni de la generación de políticas públicas puede profundizarse, ampliarse y ni siquiera mantenerse, sin subvertir un orden regido por la subordinación al FMI”.

Desde luego, esto también explica porqué las trabajadoras de la salud, las jubiladas, las estudiantes universitarias, las trabajadoras desocupadas y precarias, han sido durante el año cara visible de innumerables luchas y procesos de resistencia, que muy a pesar del rol de las direcciones sindicales y de centros de estudiantes mostraron que hay fuerzas para enfrentar el ajuste y los ataques del gobierno de Milei. Ante esa radiografía, se vuelve más necesario todavía unir todas esas luchas desde abajo, coordinar y golpear con un solo puño.