Editorial. Violencia policial: rabia derechista, cinismo peronista e impotencia “progresista”

A Patricia Bullrich le vino como anillo al dedo la condena al policía bonaerense Luis Chocobar para reinstalar la arenga reaccionaria con la excusa de combatir la “inseguridad ciudadana”. La exministra dijo que se trata de “un policía que hizo su trabajo: defender a una víctima de un asalto e intento de homicidio. Esta sentencia condena a toda la sociedad: ¿qué policía va a querer actuar sabiendo que terminará juzgado?”

La familia de Pablo Kukoc sigue reclamando algo de justicia frente a la brutalidad policial y la complicidad política y judicial. Los dos años de prisión en suspenso son un premio para Chocobar, pese a que apelará la sentencia porque quiere la absolución. Su abogado, Fernando Soto, aprovechó para sumarse a la queja de su exjefa política en el Ministerio de Seguridad.

“¿Fue o no fue gatillo fácil?”, se preguntan las empresas periodísticas. Si son afines a la derecha, dirán que Chocobar es una víctima. Si son antimacristas dirán que Chocobar no es el tipo de policía que necesita esta “democracia”.

Pero unos y otros olvidan, o no quieren recordar, que en las últimas décadas las fuerzas policiales y penitenciarias ganaron cada vez más poder territorial y de fuego en todo el país. También niegan que, producto de semejante empoderamiento, esas mismas fuerzas son agencias al servicio del crimen organizado y regentes de jugosos negocios ilegales. Menos aún dicen que son sus propios gobiernos los que planifican y garantizan ese empoderamiento, con su saldo de miles de pibes y pibas pobres asesinados por el Estado.

El cambio que no cambia

En la Cámara de Diputados ocurre algo curioso. El Frente de Todos, que banca a Sergio Berni, y Juntos por el Cambio, que tiene a Bullrich como referente, juegan a la corrección política alrededor del proyecto oficial contra la violencia institucional. La misma violencia que sus propias gestiones garantizan desde hace décadas.

El proyecto fue presentado el 21 de abril por el Frente de Todos, pero Alberto Fernández ya lo agitaba desde 2020, ante tanto asesinato a manos de policías y penitenciarios en el marco de la cuarentena estricta. El texto se debate en reuniones de las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad Interior. Ya hubo cinco encuentros, donde participaron especialistas, algunos organismos de derechos humanos y defensores de la mano dura, como las organizaciones Usina de Justicia (que integra precisamente el abogado Fernando Soto) y Red por la Libertad.

El abogado Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), analizó para La Izquierda Diario en detalle el articulado de la norma propuesta. En una nota que se recomienda leer con atención, el asesor de la banca del Frente de Izquierda Unidad concluye que el proyecto es un impotente intento de ponerle un límite al gatillo fácil con una ley que, en el mejor de los casos, propone medidas ya vigentes. Una “solución” con gusto a nada, menos después de haber empoderado a las policías e incluso legitimado a las Fuerzas Armadas para que salgan a la calle nuevamente.

Testigos del horror

Suponiendo que el proyecto realmente buscara algún tipo de mejora en la situación, el miércoles esa intención fue desterrada por las diputadas y los diputados tanto peronistas como macristas. Fue como si se hubieran puesto de acuerdo para darle una vuelta de tuerca al desprecio e indiferencia del Estado hacia las víctimas.

Al quinto encuentro de las comisiones fueron invitadas Cristina Castro (madre de Facundo Astudillo Castro), Patricia Isorni (madre de Franco Isorni) y María Soledad Laciar (madre de Blas Correas), quienes se conectaron desde las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero y Córdoba.

La reunión fue presidida por Paula Penacca (Frente de Todos), presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, y Hugo Yasky (Frente de Todos), presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Ambos pusieron un tope de cinco minutos para cada intervención (lo que llevó a Penacca a cortar, de forma desagradable, a la madre de Franco Isorni en medio del relato del crimen de su hijo).

Te puede interesar Entrevista a Cristina Castro: “No tengo dudas de que vamos a meter tras las rejas a los asesinos de Facu”

Cristina Castro recordó que “ya existen las leyes, como la de víctimas, pero no se cumplen. No saben el daño y el sufrimiento que ocasionan al no cumplir esa ley, al no ponerse en el lugar del otro. La cosa va mucho más allá de una ley. Hay un continuo amedrentamiento, los jueces y fiscales están para investigar, pero en lugar de eso hostigan”.

Respecto a casos como el de su hijo, Castro dijo que “directamente no se tiene en cuenta a los desaparecidos, los familiares tenemos que lidiar con la muerte y también con jueces y políticos. No hay leyes para controlar al ministro de Seguridad, ni para evitar que los policías sigan torturando. No hay comisiones independientes que puedan investigar. Derechos Humanos de Nación no sirve, no ayudan en nada”.

Luego tomó la palabra Patricia Isorni, madre de Franco Isorni. Un caso que La Izquierda Diario, al igual que el de Facundo, sigue de cerca. “En Santiago del Estero vivimos una situación crítica en cuanto a la actuación del Poder Judicial. Son numerosos los casos de homicidios y son muchas las familias que sufren”, dijo. Y agregó que fue “la unión y la lucha lo que ha logrado, por ejemplo, que se reabra el caso de mi hijo”.

Te puede interesar Entrevista a Patricia Isorni: “Ya comprobamos que a Franco lo torturó y mató la Policía santiagueña”

Patricia recordó que debieron “marchar innumerables veces por las calles de Santiago del Estero para poder ser escuchados y lograr la autorización para una reautopsia”, que lleva cincuenta días autorizada pero sin fecha. “En Santiago los medios responden al poder político, nada que vaya en contra de lo que ellos deciden sale en los medios (...) Cuando se acusa a la Policía, a funcionarios judiciales o a personal del Gobierno, no hay justicia, se cierran las causas”. Por eso pide la intervención federal del Poder Judicial santiagueño.

Desde Córdoba habló María Soledad Laciar, madre de Blas Correas. Otro caso seguido en profundidad por este diario. Dijo que “pareciera que la Policía no formara parte del poder político, que no se sabe quién los nombra. El Gobernador de Córdoba y su ministro de Seguridad han hecho caso omiso a reiterados pedidos que les hicimos para que nos atiendan”.

Agregó que al papá de Blas y su hermano “se les cagaron de risa en la cara” en la Legislatura, “entre esas personas estaba la señora De la Sota. Les pido que hagan algo, necesito que se haga visible lo que pasa en Córdoba. Es un desastre”.

Te puede interesar Una policía contó cómo intentaron encubrir el asesinato de Blas Correas en Córdoba

Bochorno en la sala

Tras esas exposiciones intervinieron otros invitados, como el Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor, la Defensora General de la Nación Stella Maris Martínez y la funcionaria de la Secretaría de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa porteño Emelina Alonso. En todos los casos, hubo manifestaciones favorables al proyecto oficial. Después hablaron diputadas y diputados de las comisiones.

Parece ser un tema muy sensible para peronistas y cambiemitas. Las “pasiones” fueron en ascenso y terminaron a los gritos en un mar de acusaciones cruzadas. Los más enconados fueron Hugo Yasky y Fernando Iglesias. El diputado Leonardo Grosso quiso contemporizar buscando acercar posiciones entre los bandos.

La única voz independiente fue la de Nicolás del Caño, quien saludó a las madres, reafirmó el compromiso del Frente de Izquierda con sus luchas y reivindicó que se organicen y movilicen.

Cuando Cristina, Patricia y Soledad volvieron a hablar, cuestionaron el bochorno. Castro dijo que es muy triste “ver estos arranques de violencia y que no puedan dejar de lado un segundo la bandera política. Somos familias que perdimos a nuestros seres queridos”.

Recordó que, más allá de las palabras, lo único que consiguió del Gobierno fue “un avión sanitario para llevar el cuerpo de Facundo a Pedro Luro, después absolutamente nada”. Y volvió a acusar de complicidad y encubrimiento al Ministerio de Seguridad y a la intendencia de Villarino.

Te puede interesar Sebastián Ventorino, víctima de la Bonaerense: “Lo que me hicieron no se lo deseo a nadie”

Patricia Isorni insistió en que en una veintena de casos de jóvenes asesinados en los últimos años hay una violencia institucional constante de los poderes judicial y ejecutivo. “La fiscal que sigue el caso de Franco me tiene bloqueada en el teléfono, sólo se comunica con mi abogado”, dijo indignada y dio detalles de la impunidad en el homicidio de su hijo.

Soledad Laciar fue muy directa. “Estuve a punto de irme, tengo una bebé de un mes y una nena de un año y cuatro meses que están esperando que les haga de comer, tengo un marido que dejó de trabajar para cuidarlas; lo que pasó es una falta de respeto a nosotras, no tienen idea del dolor que pasamos. Sentí que nuestra presencia importa poco”.

La justificación progresista

De las propias definiciones dadas en la reunión por Paula Penacca y Hugo Yasky surgen los límites de una propuesta política que, una y otra vez, insiste con la necesidad de hacer “menos malo” el accionar de las fuerzas represivas. Penacca dijo que “esta ley no va a ser la solución definitiva para erradicar la violencia institucional. Somos conscientes de eso, no es que nos conformamos con debatir y sancionar una ley. Pero estos instrumentos que nos da la democracia son centrales”.

Penacca dijo que se necesita una “transformación cultural” y que “no va a haber posibilidades de erradicar la violencia institucional si no hay un compromiso transversal a las diferentes fuerzas políticas y a los gobiernos”. Finalmente dijo que “se llega a este debate porque hay decisión política” de su Gobierno junto a “las madres que se organizan y salen a dar esta pelea”.

Yasky agregó que es “imperiosa la necesidad de discutir y sancionar esta ley” para “intentar construir un instrumento que nos permita tener una herramienta más para la sociedad civil para enfrentar este tipo de situaciones”. Aunque aclaró que “serán años (espero cortos) de tener que luchar para que estos cambios se puedan dar”. Lo dice como si el peronismo que integra no hubiera gobernado 24 de los 38 años desde 1983 para acá.

Yasky agregó que “la violencia institucional tiene que ver profundamente con la desigualdad, con el desprecio de la vida de los sectores dominantes hacia aquellos que, consideran, deben ser los sectores disciplinados”. Curiosamente, culpó del autoritarismo a los dueños del poder económico y del poder financiero, ese poder con el que su Gobierno se sienta todo el tiempo a discutir, negociar y diseñar políticas.

Te puede interesar Tehuel de la Torre: repudiables declaraciones de Sergio Berni

Penacca y Yasky forman parte del Gobierno que sostiene férreamente nada menos que a Sergio Berni al frente de la fuerza represiva más numerosa y una de las más criminales del país, la Bonaerense. La vida de los pibes y las pibas que caen bajo las balas y las torturas de la maldita policía provincial no se recupera con buenas intenciones. Menos con leyes que sólo repiten clichés políticamente correctos sin ningún efecto en la realidad.

El proyecto oficial refrita la Resolución 210 del año 2011, dictada por la entonces ministra de seguridad Nilda Garré, que establecía “criterios mínimos” para la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas. Ni ese gobierno ni ninguno de los que le siguieron (peronistas o no) evitaron que esa resolución fuera sistemáticamente violada e ignorada.

¿No será que, en definitiva, la preocupación por la “violencia institucional” es el gran cliché que utilizan quienes conducen las instituciones para salvar sus ropas sin tocar ni uno solo de los pilares que garantizan que esas fuerzas represivas roben, secuestren, torturen, desaparezcan y maten a los hijos de la clase trabajadora?