Militarización. Violencia y descomposición social en México, un problema de carácter estructural

Desde el inicio de la contienda electoral, en México se han registrado por lo menos 143 asesinatos de políticos y canditados y más de 200 agresiones a candidatos, según datos del gobierno federal. Mientras la violencia política recrudece en temporada electoral, el índice de asesinatos en todo el país se mantiene constante: 78.4 casos diarios en lo que va de 2021, cifra ligeramente menor a la de 2020 con 83.1 víctimas diarias y superior a la de 2019, con 74.2 asesinatos por día.

Pese al confinamiento por la pandemia y el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional propuesto por el presidente AMLO, la violencia y asesinatos siguen siendo un problema presente tanto en la sociedad mexicana como en las de Centroamérica, pues esta región comparte problemáticas sociales y económicas similares donde el común denominador es la subordinación de sus gobiernos al imperialismo estadounidense.

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Regresando al caso de México, si analizamos los homicidios en razón del género, edad, etnía, actividad laboral, social y/o política de las víctimas entre otros factores, resaltan fenómenos complejos como el feminicidio, el juvenicidio, crímenes de odio, los asesinatos de periodistas y luchadores ambientales, migrantes, etc. que dan cuenta de la grave crisis de derechos humanos y descomposición social que se vive en el país, antes y durante la 4T.

Entonces, es pertinente cuestionar: ¿De dónde viene la violencia y quienes son los responsables de la misma? ¿Cuándo se disparó la militarización y qué factores permitieron su expansión a nivel nacional?

El inicio del horror: la "guerra contra el narco"

A finales de 2006 y luego de la “transición democrática” del 2000, el ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa decretó el inició a uno de los periodos más sangrientos y violentos en la historia contemporánea de México: la “Guerra contra el Narcotráfico”. Entre 2006 y 2018, esta “guerra” cobró la vida de más de 300 mil personas, la desaparizión forzada de más de 82 mil más y miles en fosas clandestinas, el desplazamiento forzado de más de un millón de personas en todo el país, así como el aumento exponencial del feminicidio, juvenicidio, crímenes de odio, asesinatos de periodistas y defensores ambientales, masacres de migrantes como la de San Fernando en Tamaulipas y muchas más tragedias que, en su mayoría, continúan en la impunidad.

Durante décadas de “guerra” no se han desmantelado a los cárteles de la droga ni encarcelado a cómplices del gobierno y las fuerzas armadas; tampoco se abordó el de las adicciones y consumo de drogas como un problema de salud pública ni destinó más presupuesto a programas de prevención de las adicciones y la violencia. En lo que sí avanzaron los gobiernos del PRI y el PAN fue en la militarización planeada directamente desde Washington, como estrategia de seguridad desde el norte hasta el sur del país y en el amedrentamiento, represión y/o disolución de los movimientos sociales y de protesta que han surgido en los últimos años.

La Guerra contra el Narco y la militarización del país son un claro reflejo de la histórica subordinación política, diplomática y militar de los gobiernos de México hacia Estados Unidos. Tras 15 años de su inicio, ha permitido el control militar y político de las Zonas Económicas Especiales y los recursos estratégicos para el imperialismo norteaméricano en territorio mexicano, así como fungir como Border Patrol en las fronteras norte y sur de México, conteniendo y alejando las oleadas de migrantes centroamericanos hacia EEUU. La Guerra contra el Narco fue el marco para la imposición de un salto en la subordinación imperialsita mediante las Reformas Estructurales impulsadas por los partidos del pacto por México (PRI, PAN, y PRD) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sobre la subordinación de México hacia EEUU, el sociólogo marxista Pablo Oprinari lo explica aquí de la siguiente manera:

La subordinación a los EE. UU. se ve en la injerencia que la agencia antidroga (DEA) y la CIA tienen, dictando la política del gobierno federal, y utilizando las formas de extradición para encarcelar o realizar pactos con los narcos (mediante los mecanismos de testigos protegidos), y estableciendo relaciones con los capos de acuerdo a sus intereses. Asimismo, se manifiesta en la Iniciativa Mérida, en la participación en maniobras militares conjuntas con EE. UU. y en el accionar cotidiano de las Fuerzas Armadas, que responden a los dictados de Washington y son monitoreados constantemente por la embajada yanqui.

Fortalecimiento de la militarización en la 4T

Una de las promesas de campaña de AMLO en 2018 fue justamente el fin de la Guerra contra el Narco y el regreso de los militares a sus cuarteles. A más de dos años del triunfo de Morena y la “Cuarta Transformación”, hoy las fuerzas armadas tienen un poder político superior al que tuvieron en los gobiernos del PRI y el PAN, con ingerencia no solo en las tareas de seguridad sino también en el control de los puertos, aeropuertos, carreteras, fronteras, ciencia y teconolgía, así como en el resguardo de las vacunas y los hospitales durante la pandemia.

A pesar de que el presidente López Obrador declaró el “fin de la Guerra contra el Narco”, en los hechos ésta continúa mediante la misma política de seguridad basada en la militarización y el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio, misma que a dos años de su fundación tiene ya más de 400 quejas por violaciones a los derechos humanos y ha sido señalada por reprimir y asesinar, tanto a migrantes como a pobladores en defensa del agua y territorio.

Bajo la 4T, el gasto militar alcanzó un máximo histórico con 140 millones de pesos en 2020, lo cual representa un aumento del 14% en los últimos cinco años, mientras que el presupuesto destinado a temas de seguridad superó los 588 mil millones de pesos. Según el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el presupuesto destinado para seguridad es siete veces mayor que el destinado a salud y seis veces más que el presupuesto educativo.

Estos datos contrastan con la afirmación presidencial de “abrazos, no balazos”, y son prueba de los rasgos cada vez más autoritarios del gobierno de López Obrador, que refrenda su subordinación a los mandatos de la Casa Blanca, mientras sostiene una retórica “antineoliberal y del pueblo”, que le otorga apoyo popular y márgenes de maniobra claramente distintos a los de Calderón y Peña Nieto.

Es precisamente el pueblo pobre, migrante y trabajador de México y los países centroamericanos el que continúa poniendo la sangre y los muertos en una “guerra” que ha demostrado su fracaso y nos ha llevado a un ciclo terrible de violencia y barbarie, y que no se detuvo con el confinamiento y la emergencia sanitaria por la pandemia. Una realidad diferente y libre de barbarie para las nuevas generaciones, así como la recomposicón del tejido social, necesariamente tendrá que venir de la ruptura con las políticas sometidas al imperialismo y de la unidad y solidaridad internacionalista entre los pueblos oprimidos y explotados de todo el continente, desde Canadá hasta Argentina.

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