“Sin conflicto de interés”, concluye con descaro la Secretaría de la Función Pública sobre la “casa blanca” de Angélica Rivera, así intenta cerrar el tema la presidencia, pero a cambio abre nueva crisis de legitimidad.
Sábado 22 de agosto de 2015
Enrique Peña Nieto habría ordenado a Virgilio Andrade, Secretario de la Función Pública (SFP), indagar la existencia de “conflicto de interés” en la compra de tres inmuebles y la construcción de la “casa blanca”, propiedad de Angélica Rivera.
Este escándalo por la propiedad de 7 millones de dólares no cierra y luego de ocupar las primeras planas en medios nacionales e internacionales, que cuestionaron la corrupción latente de la pareja presidencial, ahora la conclusión oficial reabre una crisis de legitimidad para el actual gobierno.
A pesar de la incoherencia política y financiera sobre esta adquisición, Virgilio Andrade libera de responsabilidad criminal tanto a Rivera y Peña, como al Secretario de Hacienda Luis Videgaray, pues dice que no faltan a la ley con la compra de viviendas a Grupo Higa.
El propio mandatario ordenó hace siete meses a Andrade investigar el caso, que supuestamente requirió una investigación a diversas empresas y 111 funcionarios públicos y aparentemente no existe responsabilidad en la pareja, por el hecho de que el conflicto de interés existe “en términos de servidores públicos en activo”, cuando fue comprada la propiedad.
Así se asume dar por excluido de delito a Peña Nieto, pues para la SFP no intervino directamente en ninguna contratación o licitación que pueda involucrarlo. Y la propiedad que estuvo en “posesión” de Angélica Rivera, no le perteneció por la cancelación del contrato en diciembre pasado, luego del escándalo abierto por Cármen Aristegui.
Los involucrados comparten el poder
Las empresas involucradas en contratos con la presidencia son EOL Plus SA de CV, Constructora Tella SA de CV, Concretos y Obra Civil del Pacífico SA de CV, Publicidad y Artículos Creativos SA de CV, algunas conformadas por otras empresas que también han participado en convenios con el gobierno.
De conjunto estas empresas establecen relaciones cercanas al poder político con millones de dólares de por medio, una de ellas involucra a Juan Armando Hinojosa Cantú, quien financió la residencia cuestionada. Pero además establecen otro tipo de relaciones cotidianas financieras con la presidencia, como traslados aéreos nacionales e internacionales de funcionarios y miembros del gabinete. E involucran a expresidentes y sus hijos y otros funcionarios como directivos, inversionistas, contratistas, etc.
Este escándalo ha causado el asombro de analistas y periodistas, que cuestionan el cinismo del gobierno para intentar dar carpetazo al tema y que este tipo de eventos trasciendan sin consecuencias inmediatas contra los funcionarios involucrados, como sus renuncias.
El secretario Luis Videgaray, también sale libre de culpa, luego de ser señalado como cómplice en la compra de una propiedad en Malinalco.
Ahora los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), anunciaron que exigirán al secretario Andrade una comparecencia en el Congreso para que explique sus criterios para liberar de responsabilidad de Enrique Peña. Mientras Andrés Manuel López Obrador señalo que Virgilio Andrade “es un alcahuete”, por lo que se sabía “cual iba a ser el resultado”.
Sabemos que existe un cierre de filas para cerrar las crisis políticas abiertas por Ayotzinapa y todas las violaciones a los derechos humanos por parte del ejército, así como para avanzar en los planes contra los trabajadores. Por eso los principales partidos son impuestos o cómplices de la reforma magisterial, frente al ataque al sector salud, a Pemex y más.
Por esto, más allá de las declaraciones que puedan emitir, o que incluso se trate en el Congreso el tema, estos partidos e instituciones no pretenden ir hasta el final en castigar la corrupción en el escándalo de la “casa blanca”. Su prioridad es la aplicación de las reformas estructurales y recuperar la estabilidad política.
Todos los partidos del Congreso son parte del régimen político que permite que las trasnacionales y los empresarios nacionales se enriquezcan. La corrupción y el ostentoso enriquecimiento de expresidentes y sus familias no es algo nuevo, es una dinámica que forma parte del régimen político y el sistema económico capitalista.
