La reforma del Código Penal que pretende derogar la sedición y a la vez ampliar el delito de desórdenes públicos presentada por el gobierno del PSOE y Unidas Podemos y el apoyo del gobierno de ERC deja numerosas críticas por parte de entidades independentistas, sindicatos y organizaciones políticas.
Miércoles 16 de noviembre de 2022
La Assemblea Nacional Catalana ya ha hecho pública la convocatoria de una manifestación que se celebrará el próximo 6 de diciembre ante el acuerdo al que han llegado el gobierno central y ERC para introducir el delito de desórdenes públicos agravados y que finalizará a las puertas del Palau de la Generalitat.
En un comunicado la ANC denuncia que la reforma es "un redactado genérico donde tiene cabida el castigo penal contra cualquier movilización y que dependerá de la interpretación de la judicatura" y que esta "llevaría a la prisión a las decenas de miles de personas que permitieron y protegieron el referéndum sobre la independencia en edificios y escuelas públicas o las que ejercieron el derecho de la manifestación pacífica o que cortaron carreteras y vías públicas ante la represión del Estado”.
En el mismo sentido Verónica Landa, portavoz de Pan y Rosas y redactora de Esquerra Diari, se muestra contundente al decir que "el nuevo tipo de desórdenes públicos agravados puede acabar siendo una nueva y más ofensiva herramienta en manos de la judicatura y la fiscalía. Los mismos que actúan a la vanguardia de la ofensiva reaccionaria contra los miles de encausados que hay en Cataluña desde octubre de 2017".
Por su parte, el Secretariado Permanente de la CGT de Cataluña hace un aviso también de lo que hará la judicatura española en clave reaccionaria al preguntase "¿cuántos fiscales y jueces conservadores usarán ’intimidación’ en cualquier acción colectiva?". Además, desde el sindicato consideran "abominable la nueva represión de la protesta que se está organizando por este "gobierno de izquierdas" y exige "la retirada de las modificaciones en los artículos 557 del Código Penal y la derogación de la Ley Mordaza".
El portavoz de la organización juvenil Contracorrent, Pablo Castilla, también incide en la cuestión de que sea "el gobierno más progresista de la historia" con el PSOE y Unidas Podemos el que no solo lleve adelante esta reforma, sino que "se niega también a derogar la Ley Mordaza". Y continúa diciendo que "la juventud siempre somos los primeros en probar la represión por nuestra inconformidad, pero también por el descontento de la situación de crisis permanente que vivimos. La represión post sentencia o durante las protestas contra el encarcelamiento de Hasél son ejemplos de sobra. Ante este nuevo ataque nos tenemos que organizarnos para defender nuestros derechos y libertades democráticas".
En una línea parecida, el abogado de Alerta Solidaria Eduardo Cáliz, argumenta también que la reforma del Código Penal atentará contra colectivos como la juventud u otros vulnerables al decir que “la modificación es un ataque al derecho a la protesta y afectará cualquier colectivo que vea la necesidad de usar la movilización como una herramienta para hacer frente al poder”.
Por otro lado, el también abogado Benet Salelles afirma en una entrevista que la ampliación del delito de desórdenes públicos incorpora el concepto de intimidación lo que "abre un abanico muy amplio a la arbitrariedad y a incriminar conductas del derecho a la protesta".
Pero no solo desde Catalunya están saliendo voces críticas, también se han expresado diferentes voces críticas contra la reforma del Código Penal y el endurecimiento del delito de desórdenes públicos en el resto del Estado. Es el caso de la periodista de CTXT Nuria Alabao al denunciar a través de las redes sociales que "mientras se elimina la sedición, nos cuelan una versión agravada del delito de desorden público que se aplicará fundamentalmente para la represión de la protesta. Y mientras, las mordazas siguen intactas".
Lucía Nistal, portavoz de la Corriente de Trabajadores y Trabajadoras en Madrid, se manifiesta en el mismo sentido al defender que "durante todos estos años la represión contra el pueblo catalán no ha cesado, pero no solo en Catalunya. Todos los que nos solidarizamos y denunciamos la situación desde otros puntos del Estado también estamos bajo la amenaza de ser represaliados. Toda reforma del aparato represivo y criminalitzador del Estado solo puede servir para reprimir más y mejor al conjunto de los que luchamos para cambiar la orden establecido".
También el portavoz de Anticapitalistas Raúl Camargo, denuncia que "es inaceptable que la desaparición del delito de sedición sea a cambio de elevar las penas por desórdenes públicos" en su variante agravada, al entender que se estaría incurriendo en un endurecimiento de la Ley Mordaza.
En una rueda de prensa, el diputado de la CUP en el Parlament de Catalunya, Xavier Pellicer, ha declarado que "se tiene que tumbar la reforma del delito de desórdenes públicos agravados puesto que supone una maniobra que endurece un delito que afecta el 99% de los casos de represaliados, y que solo beneficiaría a una minoría".
De nuevo en Catalunya, Òmnium Cultural, fueron los primeros en salir a denunciar la reforma. Xavier Antich, el presidente de la entidad catalana, afirma que "si bien el delito de sedición es algo "totalmente antidemocrático y anacrónico con la única finalidad de reprimir las protestas y la disidencia política, la supresión y el endurecimiento del delito de desórdenes no da respuesta a todos los represaliados por haber ejercido sus derechos fundamentales" y concluye que "esto solo se puede superar por la vía de las "respuestas colectivas" y con la lucha por "la amnistía y autodeterminación".
Por otra parte Santiago Lupe, también portavoz de la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras en Catalunya, denuncia que "a pesar de que el delito de sedición desaparece, queda intacto el de rebelión y que la aplicación de este tipo penal hacia movimientos que desafíen el Régimen del 78 será mucho más probable". Además, Lupe sentencia que la reforma evidencia que estamos ante un acuerdo entre quienes gobiernan en Moncloa y el Palau para consolidar la restauración de la normalidad autonómica que persiguen tanto en Madrid como el govern de Pere Aragonès.
Una cuestión que puede quedar más patente si después de este acuerdo vemos también como ERC apoya en los presupuestos del PSOE y Unidas Podemos y a la inversa". Por último, el dirigente de la CRT, destaca también que "la solución para poner fin a la represión contra la disidencia política es la amnistía para los miles de encausados, junto con la derogación de la Ley Mordaza y el resto de legislación contra los derechos y libertades democráticas".
