El miércoles se sancionó el nuevo Código en la Cámara de Diputados a casi un año de su tratamiento en Senadores. El hecho provocó tanto la celebración como el repudio de distintas organizaciones del activismo LGBTI.
Tomás Máscolo @PibeTiger
Pablo Herón @PhabloHeron
Sábado 4 de octubre de 2014
El debate puso en el centro de la escena la relación entre el kirchnerismo y la Iglesia, así como la nueva noción de vida que complica la lucha por el derecho al aborto. El artículo 19 permite la injerencia del clero no sólo en el Congreso, sino también en nuestros cuerpos, ya que impide que se legalice el aborto libre seguro y gratuito.
En Argentina, a tres años de la sanción de la Ley de Identidad de Género (LIG) y a cuatro del matrimonio igualitario, queda mucho por hacer. Estamos en un momento donde la violencia de género es tapa en todos los diarios del país: una mujer muere asesinada cada 30 horas.
Se estigmatiza y se violenta la disidencia sexual, como el caso de Damián Marsero de La Pampa o el de Ariel Olivera en Capital Federal. La igualdad que pretende la ley, si bien es una conquista que logró el colectivo LGTBI, todavía no es una igualdad real en la vida cotidiana de miles de jóvenes. Todavía no hay una inserción laboral real para las personas trans, ni tampoco se implementa la parte sanitaria de la LIG, consecuencia de esto es que la población trans tiene un promedio de vida de 35 años.
La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) declaró: “El nuevo Código Civil es una excelente noticia en el camino a más igualdad, más libertad y más democracia”. Por otro lado, afirmaron que más allá de la injerencia de la Iglesia Católica, el cuerpo legal “rompe con paradigmas tradicionales y excluyentes para receptar e instalar los derechos humanos y la diversidad”. En el mismo comunicado, Pedro Paradiso Sottile, Secretario de la CHA dijo: “Un acto de justicia, de reparación y de absoluta necesidad para la realidad en que vivimos las diversas familias y la ciudadanía en nuestro país, especialmente los grupos que han sido vulnerados en sus derechos históricamente”.
Por su parte, la FALGBT y ATTTA, rechazaron los recortes introducidos por presiones de la jerarquía católica sobre el bloque oficialista, la eliminación de la gestación por sustitución, la polémica definición de los embriones como personas, el sostenimiento de los privilegios de la Iglesia y las trabas a las técnicas de reproducción asistida.
El repudio llegó a las redes sociales, y a través de Facebook, la reconocida activista María Luisa Peralta dijo: “En el nuevo código civil, el acceso al agua potable no es un derecho humano. Gravísimo. Sobre todo cuando el agua es uno de los bienes más codiciados por particulares y por otros Estados. Me lleva también a preguntarme de qué sirve seguir hablando de Unasur o el discurso oficial sobre ‘la patria grande’ cuando no hay congruencia entre los países miembros en temas tan importantes”. Luego agregó que en el nuevo Código “ninguna persona puede tener más de DOS (2) vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. Entonces, en un ejemplo entre las muchas situaciones posibles, si una pareja de gays y una pareja de lesbianas tienen unx hijx a partir de gametas de uno de los gays y una de las lesbianas, sólo esas dos personas tendrán reconocimiento legal como madre y padre, quedando las otras dos en la inexistencia legal”.
En diálogo con la redacción de La Izquierda Diario, Gustavo Pecoraro declaró: "Se aprobó el nuevo Código Civil sin modificar el artículo 19 que reconoce que la existencia de la persona humana comienza con la concepción (se eliminó la fecundación post mórtem y la maternidad subrogada). O sea, se ha dado un carpetazo a la posibilidad de discutir en el Congreso el derecho de las mujeres a abortar de forma legal y en forma segura. Si bien hay ciertos aspectos buenos del nuevo código, que el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo no esté contemplado es una clara muestra de los acuerdos con el Vaticano del señor Bergoglio”.
Blas Radi, estudiante de Filosofía y Letras de la UBA, opinó: “De acuerdo a las reacciones provocadas por la reforma del Código Civil, pareciera que se trata de algo inesperado y sorprendente, como si no hubiera tenido diez meses de ‘tratamiento’ y, más todavía, como si no fuera absolutamente coherente con la línea política de la gestión oficialista. ‘Ahora es muy difícil pensar en legalizar el aborto’ ¿Ahora? ¿Es un chiste? ¿Y antes cómo era? ‘El artículo 19 fue acordado con el Vaticano’. Ajá, pero cuando estaba todo mal con el Papa el aborto tampoco era legal. Lamento que el poder de la crítica se desvanezca antes de hacer su trabajo. Me cago en el Vaticano, pero la reforma del Código Civil, o sea, la negociación de la pérdida de derechos por mecanismos inconstitucionales, le cabe al kirchnerismo además de (y antes que) al Papa. Llevan 10 años en el gobierno, así que ninguna novedad”.
La voz de la izquierda se manifestó también en el Congreso a través de Nicolás Del Caño, diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda (FIT), quien refirió: “El oficialismo pretende esconder detrás de algunos derechos que apoyamos, como la agilización del divorcio o la posibilidad de que parejas de un mismo sexo o personas sin pareja puedan adoptar, cientos de artículos en contra de los derechos de las mujeres, los pueblos originarios y los trabajadores, que vienen a reafirmar la legislación laboral de los ‘90”.
Tomás Máscolo
Militante del PTS y activista de la diversidad sexual. Editor de la sección Géneros y Sexualidades de La Izquierda Diario.