Mientras se decreta la cuarentena para algunos sectores de riesgo y se aplica un asueto para los estatales provinciales, las medidas anunciadas por el Gobierno no garantizan nada a amplios sectores de la juventud precarizada.
Martes 17 de marzo de 2020 14:13
Alberto Fernández anunció la suspensión de las clases hasta el 31 de marzo (aunque “las escuelas no van a estar cerradas”), el cierre de fronteras y licencias para personas mayores de 65 años. Un día después, el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, junto a la Secretaría de Gestión y Empleo Público comunicaron que los llamados “grupos de riesgo” (embarazadas, empleados con enfermedades crónicas y mayores de 60 años) tendrían licencia para no ir a trabajar, aunque sólo “sugieren” a empleadores privados que adopten estas mismas medidas.
Estos anuncios que se fueron sucediendo, aún no dejan claro el plan del Estado para resistir a esta pandemia: si van a reforzar la desguazada salud pública, a garantizar camas, respiradores y materiales sanitarios, test masivos gratuitos para quienes transcurran las zonas de riesgo y demás necesidades para evitar muertes.
Hay otro silencio, sin embargo, en relación a las medidas para los sectores de la juventud precarizada.
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En Argentina, actualmente cuatro de cada diez trabajadores se encuentran en situación de informalidad. En Córdoba esta realidad adquiere valores que superan el 60% en la franja de la juventud. Tal como plantea Alfredo Flury en el diario “Comercio y Justicia”, existen ya 770 mil trabajadores golpeados por el freno económico producido por la pandemia del Coronavirus, entre los cuales hay 400 mil asalariados “en negro” que tienen en riesgo sus ingresos. La crisis sanitaria crece al ritmo de la incertidumbre y la bronca de los jóvenes precarizados.
Hoy @alfredoflury estima en el diario @cyjpuntoinfo que son 770 mil trabajadores a la intemperie por el #Coronavirus . Como señalamos desde el Frente de izquierda, todo derecho, más allá de su condición precaria, tiene derecho a percibir su salario íntegramente. pic.twitter.com/dsqELMtPbp
— Laura Vilches (@VilchesLaura) March 16, 2020
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Las y los jóvenes andan diciendo
“Esta situación que se está viviendo con el tema del coronavirus vuelve a afectar una vez más a las trabajadoras y trabajadores precarizados como yo, que laburo en un bar en el barrio Güemes, donde me pagan por hora y por día. Hace tres meses que trabajo en esa situación, en la que nunca sé cuánto voy a cobrar, ya que estoy a disposición de que cada día me digan cuántas horas voy a trabajar. Sólo sé que me pagan $70 la hora. Y ayer nos notificaron a mí y a mis compañeras y compañeros que no van a abrir el bar hasta nuevo aviso, dejándonos así a la deriva. La verdad es que no sé qué voy a hacer. Por eso, me parece una muy buena propuesta la de suspender los despidos también para les que trabajamos en negro, sería de gran ayuda, como también el hecho de que si hay necesidad de tomarnos licencia sea cobrando todo lo que nos corresponda, porque todo esto no es responsabilidad nuestra”, dice Vero, estudiante y trabajadora precarizada.
Un trabajador de una fábrica textil y de calzados nos cuenta: “En el laburo hoy se notaba un clima tenso: el presidente de la "cooperativa" había hecho correr la voz de que en los siguientes días se iba a laburar por sección y se iban a turnar los días. Esto no trajo nada más que amargura para los laburantes. Obvio que todos quisiéramos cumplir con la cuarentena y quedarnos en nuestras casas, pero la modalidad de laburo que se asemeja a la de jornalero nos hace mierda. Un día que no se labura es un día que no se cobra, y eso ya es mucho para los míseros $80 que pagan por hora, sobre todo teniendo en cuenta que un barbijo cuesta hasta $150 en algunas farmacias y los tenemos que comprar nosotros. Hoy se me acercó un compañero que entró tres semanas después que yo. Un pibe de 28 años que laburaba en una metalúrgica hasta hace unos meses y que habían despedido después de trabajar ahí por 7 años por un ajuste de personal. Me dijo: “a mí lo que me da miedo no es el virus en sí, sino todo el quilombo que se viene. Acá se hacen los giles y los que vamos a cagar somos los nuevos, nos van a mandar a nuestras casas, pero el morfi y el alcohol en gel te los debo”. La situación nos pega en la cara a nosotros”.
Un joven que trabaja en un boliche agrega: “Si le sumás el coronavirus a la precarización laboral, terminás detonado. Según el protocolo decretado por el Gobierno, la finalidad es accionar y prevenir la transmisión del virus COVID-19. Pero, ¿qué hay más allá? ¿Qué dice el Estado sobre la juventud que trabaja para subsistir? ¿Nos quedamos sin trabajo y sin salario? Frente a estas incertidumbres me pregunto cómo actuar, qué hacer en estas circunstancias. Soy un pibe más del montón, otro que se hace las preguntas del millón. Tengo 23 años, trabajo en las barras en eventos de fiestas electrónicas donde la paga es muy baja y ni hablar de las condiciones precarias en las que se trabaja. Debido a la expansión del virus se han suspendido todos los eventos que estaban en la agenda. Ya no voy a poder cobrar esos míseros pesos que me sirven básicamente para solventar algunos de mis gastos. Pero, ¿qué hacen el Estado y las patronales? ¿Cuánto valen realmente nuestras vidas para ellos? No les interesa en lo más mínimo nuestro estado de salud, mucho menos si estás preocupado por si mañana tenés trabajo o no. Somos sujetos descartables. Estamos cansados, no podemos seguir tolerando estos escenarios en los que nos quieren obligar a permanecer. Es hora de que les pongamos un freno a estas condiciones con las que vivimos todos los días”.
Emanuel, trabajador del Banco Santander Río cuenta que, a pesar de la utilización de alcohol en gel y guantes, no se siente seguro en su espacio laboral. Constantemente está contando dinero del exterior, que le tiñe las manos y contamina el aire con polvillo. Este dinero se guarda en cajas de metal que se encuentran en bajas temperaturas, un lugar especial para la supervivencia del virus. A pesar de conocer los materiales y espacios con los que sus empleados trabajan, la empresa no toma los recaudos necesarios. Emanuel no solo teme por su salud, si no también porque cuando llega a casa tiene que cuidar de sus hijas pequeñas.
Agustina, trabajadora de call center de la empresa Bancor, nos cuenta sobre las escasas precauciones que se tomaron en relación a la pandemia: “Para empezar, el espacio y el tiempo laboral es el mismo, siendo que hay 40 personas en un box al lado del otro solo en un turno. Esto sin mencionar las herramientas de trabajo que no son higienizadas correctamente y son usadas por todos, como por ejemplo el teclado, el mouse y lo más importante: el micrófono, que es un instrumento común para todo el call center”.
Una trabajadora de una de las salas cuna de la localidad de La calera comenta: “A raíz de la cuarentena, los alumnos no asisten al jardín por prevención, y la pregunta de las madres es: ¿qué pasa con la comida que se les brindaba a los niños? No hay respuesta por parte de la intendencia que deja sin almuerzo ni merienda, y sólo genera incertidumbre. En cuanto a las maestras, deben asistir como todos los días, con un alcohol en gel para todas que les fue dado el mes pasado, sosteniendo esta situación y con un sueldo de apenas 5.800 pesos que en muchas ocasiones tienen que destinar para la merienda de la salita o para materiales de aprendizaje”.
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Dentro de los anuncios que hizo el Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria de estos días, no se habló en ningún momento de afectar de algún modo la producción. Miles de trabajadores quedan condenados a tomarse el colectivo e ir a trabajar expuestos al riesgo de contagio. Tampoco se habló de planificar la producción para ponerla al servicio de paliar la crisis sanitaria, produciendo todo lo necesario para que no colapse el sistema de salud. El Gobierno no menciona palabra sobre las y los que dependemos del día a día para comer, ayudar en nuestras casas para llegar a fin de mes o para los que estudiamos y vivimos de nuestro trabajo. Siempre está primero, aún en tiempos de pandemia, la irracional ganancia de las empresas y las patronales.
Este sistema capitalista, que nos oprime y explota, está presenciando una crisis que pone de manifiesto las consecuencias políticas de años de ajustes neoliberales, la desinversión en la salud pública y, junto con ello, la posibilidad de dar una respuesta a la altura de esta pandemia. Partimos, entonces, de una estructura en la que los jóvenes somos desechables y sentimos el riesgo de que nos despidan y de no llegar a pagar el alquiler y los impuestos.
Ante esta situación, ¡no podemos quedar sin ingresos dependiendo de lo que los empresarios o quienes nos emplean quieran hacer! Es necesario establecer subsidios para todas y todos los trabajadores, que puedan financiarse con impuestos progresivos a las grandes fortunas, a los bancos que hicieron ganancias multimillonarias o a los grandes capitalistas.
A la vez, hay que garantizar licencias pagas al 100% de todas y todos los trabajadores que puedan tener síntomas o peligro de contagio. Así, mientras se evita la posibilidad del contagio en la calle o en lugares de trabajo, se garantiza el cuidado de las hijas, hijos y familiares. Todo esto de la mano de aumento de emergencia en el presupuesto del sistema sanitario, que garantice más insumos de todo tipo y más profesionales de la salud. ¡Nuestra salud y nuestras vidas valen mucho más que sus ganancias!
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