Alberto Cubero será juzgado el próximo 15 de septiembre por una denuncia de Vox, que busca su inhabilitación política, acusándolo de “delitos de odio” por un tuit.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Domingo 28 de agosto de 2022
Alberto Cubero, concejal de Zaragoza en Común (ZeC) y secretario político del Partido Comunista de España (PCE) en Aragón será juzgado el próximo 15 de septiembre por una denuncia de Vox. 4 años y 9 meses de prisión, además de 10.000 euros, es lo que pide el partido ultraderechista contra Cubero. La Fiscalía por su parte, solicita dos años y medio de prisión y de inhabilitación para el sufragio pasivo y 5.400 euros.
La intención de Vox es que los tribunales inhabiliten políticamente al concejal del PCE apelando al “delito de odio” por un tuit que decía: "a la ultraderecha hay que tratarla como en Vallecas, no se discute con ella, ni mucho menos se le tolera. Se les confronta en cada sitio, que siempre sea como en Vallecas". Escrito en el contexto de las elecciones madrileñas de mayo de 2021, con los barrios populares respondiendo en la calle a los intentos de Vox de dar sus mítines xenófobos y retrógrados en sus plazas.
La Audiencia de Zaragoza ya comunico en noviembre del pasado año que veía “indicios suficientes de un delito de odio” por unas declaraciones de Cubero similares, pero esta vez durante una comisión de Hacienda del consistorio municipal de la capital aragonesa.
La campaña de solidaridad #YoConCubero, impulsada por el PCE, está denunciando esta situación y pide máxima difusión, cuando además la querella incluye la consideración de que Cubero no sólo incita al odio, sino que hace apología del comunismo.
Alberto Cubero @cubero_alberto , concejal de Zaragoza en Común @zaragozaencomun y Secretario Político del Partido Comunista de España en Aragón @PCEAragon , será juzgado el próximo 15 de septiembre por ser antifascista.
⬇️Abrimos hilo⬇️
— #YoConCubero (@yoapoyoacubero) August 23, 2022
La extrema derecha utiliza una herramienta supuestamente establecida para defender a los colectivos oprimidos, como sería el delito de odio, para una persecución política y con la total complicidad del sistema judicial, en cuya cúspide está una casta reaccionaria. Lo que deja claro que no se puede esperar ninguna imparcialidad de una casta judicial heredada de la dictadura franquista, padre político de esta “democracia para ricos” y vinculada estrechamente con la ultraderecha.
Lo muestra el propio hecho de que el juez de la Audiencia de Zaragoza, Carlos Lasala, que como decíamos, ya vio indicios de delito en las declaraciones de Cubero, fue el mismo que condenó a cuatro años de prisión a los Seis jóvenes de Zaragoza por participar en una protesta contra Vox en 2019, dirigiendo todo un proceso judicial de clara represión política.
Ninguna confianza en esta democracia capitalista y su sistema judicial, el cual es parte de los engranajes que sostienen la desigualdad social y la represión política —como hemos visto con los Seis de Zaragoza y el movimiento antifascista—. Contra los ataques de la extrema de derecha y de este Régimen del 78 y sus instituciones represivas, toda nuestra solidaridad con Alberto Cubero.
Aun cuando el propio PCE de Cubero hace un flaco favor formando parte de un Gobierno con el PSOE, que deja vía libre al crecimiento de la extrema derecha. Los social-liberales son junto al PP el principal partido del Régimen, garantes del sistema judicial y de esta aristocracia de jueces acomodada a los gobiernos de turno y al servicio de los grandes poderes económicos. Una casta judicial siempre dispuesta a “interpretar” la legalidad para perseguir a sindicalistas, activistas y políticos de la izquierda.
Por eso mismo, hay que levantar un gran movimiento antirrepresivo en solidaridad con los represaliados, pero también defender un programa político que tenga por objetivo derribar leyes represivas como la Ley Mordaza, la de Extranjería o la de partidos, que siguen intactas bajo este Gobierno. Un programa que, además, cuestione la estructura judicial en su totalidad, con medidas como la formación de jurados populares y la elección directa de los jueces por voto popular, su revocabilidad y que no mantengan ninguna clase de privilegios.
