El miércoles recién pasado, fue aprobada, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, con votos de la Alianza y la Nueva Mayoría (el DC Gabriel Silber y el PPD Daniel Farcas), la indicación de la denominada "Ley Corta de Seguridad Ciudadana" que permitiría los controles de identidad preventivos, sin especificar bajo que circunstancias y condiciones se podría dar. Esto reaviva el debate sobre la criminalización de la protesta social.
Cristian Vilches Antofagasta, Chile
Lunes 11 de mayo de 2015
El control de identidad, en los tiempos del tirano, fue la llamada “detención por sospecha”. Recién en 1998, al dictarse la Ley 19.567, es derogada esta figura por “ser incompatible con un Estado de Derecho”. Luego el 2002 por solicitud de Carabineros, se establece el “control de identidad”. Tiempo más tarde, el año 2013, el Ministerio de Justicia propone cambios en materia de persecución criminal, considerando dentro de esto, la reposición de la detención por sospecha. En ese entonces el diputado RN Alberto Espina, apoya la moción, argumentando que es necesaria dada la creciente “actividad terrorista” en territorio mapuche. No debería sorprendernos que la añeja derecha pinochetista hoy insista en promover esto, a través de la diputada UDI, Claudia Nogueira. Justo cuando el régimen se tambalea, reavivan medidas que van por amedrentar y colocarle una camisa de fuerza a cualquier intento de movilización.
Esta propuesta, además de ser arbitraria, dejando en libre albedrio a las fuerzas policiales, abre la puerta para perpetuar la discriminación. Y es que justamente, esto será un arma contra los estudiantes y la juventud pobre o marginal. Contra ellos Carabineros actuará con la prepotencia de siempre. ¿Pero acaso no lo ha hecho desde hace décadas? Si, de manera ilegal. Hoy tendrá las herramientas jurídicas que avalaran su actuar.
Nuevamente es la derecha, la misma que llora a los mártires de la institución encargada de la represión, la misma que increpa al INDH por develar el rol represivo que tiene la policía contra los estudiantes, la misma que defienden a Novoa, el gran gestador de la farsa Penta. Son los mismos que abogan por la vida, pero cuando la vida toma cara de precarización entonces ya no la defienden ni les importa. Es más ojalá pudieran meterla bajo la alfombra.
¿Qué pasa entonces con los abusos de poder? ¿Qué pasa entonces con los montajes que hemos visto estos últimos años?
La reciclada iniciativa señala un controversial “control de identidad preventivo”. Como si fuera poco con lo ya señalado, “en ciertos lugares y en ciertas circunstancias, cuando las personas se encuentren en cercanías de lugares sensibles como hospitales u otros bienes públicos”.
Al leer esto se viene a la mente: ¿qué sucede entonces si participamos de una manifestación pacífica, funa o marcha cuya concentración sea cerca de alguno de estos o recintos?, o ¿qué sucedería si un grupo de trabajadores y trabajadoras realiza una concentración afuera de su lugar de trabajo?.
Una de las respuestas, que aparece rápidamente, es la imagen del 4 de agosto del 2011. Cuando en pleno auge del movimiento estudiantil, Carabineros cumpliendo su rol, reprime a los estudiantes que se encontraban en el lugar de la convocatoria. Muchos de ellos sentados, conversando, saliendo del metro, revisando mochilas. Ilegal hasta el día de hoy, impune hasta al día de hoy.
Lo que no sorprende pero si llama la atención es que esta indicación a la “Ley corta de Seguridad Ciudadana” se haya aprobado con votos de la ex concertación, ahora llamada Nueva Mayoría, de la cual la Diputada Karol Cariola, es parte integrante. Si bien se muestra crítica ante esta iniciativa, todo su conglomerado ha defendido en más de una oportunidad el nefasto actuar de la represión policial.
La indicación también señala que “…si la persona no se identifica, podrá ser detenida por un máximo de ocho horas y ser liberada después o pasada a la fiscalía, dadas las circunstancias…”. Siguen en nuestra mente muchas imágenes del pasado de dictadura, y también del presente más reciente.
