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Red Internacional
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Catalunya. Y ahora... a por los exiliados

El Juez Llarena reactiva la euro-órden contra Puigdemont. Da por hecho que la sentencia demuestra su culpabilidad, con independencia de lo que pudiera salir en un juicio oral. Una muestra más de que el fallo de culpabilidad estaba escrito antes del juicio.

Lunes 14 de octubre de 2019

Inmediatamente después de conocerse la infame sentencia del Juicio del Procés, el juez del Supremo Pablo Llarena ha reactivado la orden europea e internacional de detención y entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Esto implica solicitar nuevamente su búsqueda, entrega e ingreso en prisión.

El auto argumenta que las condenas contra los encausados no evadidos propicia el riesgo de que a partir de ahora los exiliados traten de marchar a países que no formen parte de la Unión Europea donde las euro-órdenes no tienen alcance. Recordemos que en estos casi dos años de persecución diferentes jueces alemanes, belgas, suizos y británicos han rechazado las distintas ordenes de entrega o extradición.

Según expone el juez, la sentencia contra Oriol Junqueras sería ya una confirmación de que Puigdemont es culpable de los delitos que se le atribuyen, más allá de lo que resulte en su día del juicio oral. Una argumentación que prueba todavía más que el fallo de culpabilidad estaba ya dictado de antemano, no solo para Puigdemont sino para todos los acusados.

Mientras se daba a conocer la reactivación de la euro-órden, las calles de diferentes ciudades catalanas se llenaban nuevamente de gente. Cortes de carretera simultáneos y una masiva marcha a pie hacia el Aeropuerto constituyen la primera respuesta a esta sentencia infame. Los próximos días serán claves para poner en pie una respuesta a la altura de este fallo infame.

En Catalunya hay convocadas marchas por carretera desde el miércoles y una huelga general el viernes 18. Es clave que esto sea parte de un plan de lucha que sea tomado desde abajo, por medio de asambleas contra la represión en todos los centros de trabajo y estudio, barrios y pueblos.

En el resto del Estado es urgente poner en marcha movilizaciones en solidaridad. La sentencia es un golpe contra los derechos democráticos en todo el Estado, y acatarla, como defienden todos los partidos del régimen incluido Podemos, es aceptar que esta será la norma a partir de ahora.