Opinión. ¿Y dónde están los ambientalistas?

Ante las crecientes evidencias de ecocidio causado por el avance de las obras del tramo 5 del Tren Maya en el estado de Quintana Roo y las muchas voces de científicxs, pobladorxs originarios y ambientalistas que se suman al repudio a los megaproyectos de la 4T, el presidente López Obrador, ha respondido con cuestionamientos dirigidos hacia quienes participan en la campaña de concientización #SélvameDelTren, denostándolos como "pseudoambientalistas".

A estos dichos se les suman los de algunas dependencias de gobierno, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que publicó un comunicado de prensa preguntando "¿dónde estaban estos pseudoambientalistas cuando comenzó la devastación del país?". Argumentando que la 4T está trabajando para solucionar los problemas ambientales heredados del PRI y el PAN.

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Sin mencionar que la misma Semarnat ha sido una de las principales afectadas por la política de Austeridad Republicana que en 2020 retiró hasta el 75% de sus fondos, al mismo tiempo que desfinanciaba otras dependencias vitales para la sustentabilidad de los ecosistemas mexicanos, como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), expertos en biodiversidad han recalcado que este discurso es preocupante y criminalizador ante una creciente ola de violencia contra defensores y defensoras del Territorio.

México es el segundo país más peligroso para defender la naturaleza, esto según la ONG Global Witness, tan solo en los últimos tres años al menos 58 ambientalistas han sido asesinados, además de un número cada vez más creciente de agresiones, como las amenazas, la criminalización, secuestro, tortura y violencia sexual, que tienen en común denominador la impunidad, ya que una gran parte nunca se denuncia, al mismo tiempo que más del 99% de los casos no se castiga a ningún culpable, esto según el reporte del 2020: Defending Tomorrow.

Estas conclusiones son similares para el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que desde el 2014 ha seguido un registro de los casos de agresiones a defensores del medio ambiente y el territorio, mostrando una escalada de violencia durante los últimos cinco años, siendo los tres últimos, desde que comenzó el sexenio de López Obrador, los más violentos hasta ahora.

Lo más grave, según la organización es que en la mayor parte de los casos de agresión es el Estado, en sus tres niveles de gobierno, el que está implicado y que, esta situación se agrava con el discurso criminalizador de la presidencia, sumado al impulso a megaproyectos, tales como el Tren Maya, el corredor interoceánico, la refinería Dos Bocas, el Proyecto Integral Morelos, entre muchos otros, a esto se le suma el decreto presidencial que le entrega la construcción de estos proyectos a la SEDENA, misma implicada en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

En el reporte 2021 del CEMDA se resalta que los llamados proyectos de desarrollo, “son parte de un sistema que genera violencia estructural, de un andamiaje jurídico que legitima la violencia para explotar a personas, pueblos y la naturaleza. A su vez, el 2021 fue el año más violento, registrando el pico de 25 asesinatos y 109 agresiones, siendo las comunidades indígenas las más violentadas, al mismo tiempo que se han multiplicado y se han priorizado, aún con la pandemia, estos megaproyectos.

Si bien, los problemas socioambientales no son originarios de la 4T, y en México hasta 2019, 90 ambientalistas habían sido asesinados (85, tan solo en el sexenio de Peña Nieto), y según datos de la propia Semarnat, existen al menos 500 conflictos por el medio ambiente en el país, producto del modelo extractivista impuesto durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari y continuado por los gobiernos del PRI y el PAN.

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Sin embargo, y pese a las promesas de campaña de López Obrador, este modelo de acumulación de ganancias no solo no se ha frenado, sino que sigue legitimado, abriendo los megaproyectos a las inversiones de capitales, nacionales y transnacionales, como el caso del Tren Maya, con inversiones Chinas, españolas, y de magnates que han estado coludidos en sexenios anteriores, como Grupo Carso, perteneciente a Carlos Slim y Grupo México, de Germán Larrea, siendo esta última la responsable de los peores desastres ambientales en el país, como la tragedia de los Ríos Sonora y Bacanuchi en 2014 y el derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés en 2019.

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Dicho lo anterior, resulta preocupante el discurso con el que el gobierno de la 4T pretende desviar los cuestionamientos hacia el ecocidio causado por el paso del Tren Maya, pues no solo es criminalizador, sino también es una manera de olvidar la memoria histórica de aquellos defensores y defensoras que han dado su vida por el medio ambiente y de demostrar que, al igual que en sexenios pasados, los ecosistemas y la biodiversidad del país tampoco son una prioridad.

En México los ambientalistas siempre han alzado la voz pero nunca han sido escuchados por gobiernos ni empresas, es por eso que, respondiendo el cuestionamiento de López Obrador y de la Semarnat, sobre ¿Dónde han estado los y las ambientalistas?, podemos parafrasear al rapero Residente: "aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos".

Sin embargo las luchas por el territorio y el medio ambiente no pueden, ni deben estar aisladas. Ante la crisis climática que estamos viviendo, hoy urge más que nunca que la clase trabajadora, junto con los pueblos originarios, campesinos y defensores, los primeros interesados en vivir bajo mejores condiciones y en preservar los recursos del planeta para generaciones futuras son los mismos, hagan suya la lucha contra los megaproyectos ecocidas, en miras a que la producción en todos los rubros sea planificada al servicio de las grandes mayorías y no para el enriquecimiento de un puñado de empresarios.

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